Impulsar un modelo de desarrollo productivo descentralizado y competitivo, con el Estado como habilitador de la inversión inteligente y promotor de alianzas público-privadas-comunitarias. Se busca una transformación productiva desde las regiones para duplicar la productividad y el ingreso de las familias en 20 años, con un enfoque en vocaciones regionales, bioeconomía, y sectores de alta demanda como servicios, tecnología, biotecnología, turismo y sostenibilidad ambiental.

Implementar una política fiscal responsable y creíble. Se propone un plan estable y predecible a 4 años con una regla fiscal y de crecimiento económico. Las reglas de impuestos serán predecibles y atadas a resultados macroeconómicos. La tasa de tributación empresarial de renta bajará 2 puntos por cada punto adicional de crecimiento del PIB y cuando la tasa de inversión privada supere el 20% del PIB. Se buscarán recortes de gasto burocrático y eficiencias.

Impulsar la empleabilidad, especialmente de mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años, con formación y reconversión laboral hacia sectores de alta demanda. Se crearán incentivos al empleo y apoyo a micronegocios, fortaleciendo clústeres y cadenas productivas, con incentivos y cuotas de contratación para poblaciones vulnerables y una estrategia para transformar micronegocios de autoempleo en empresas formales. Se garantizará acceso preferente a compras públicas y mercados para MYPIMES, pago a 30 días, menores costos y subsidios al empleo con salario mínimo para poblaciones con mayor desempleo.

Adoptar un enfoque de seguridad que combine firmeza contra el crimen organizado y la delincuencia común, con un énfasis en la justicia, las oportunidades y la libertad. Se busca el control territorial con legitimidad, la protección de la vida y el bolsillo de la gente, y la garantía de derechos fundamentales. Se critica la "Paz Total" y el incumplimiento del Acuerdo de Paz, y se enfatiza que la seguridad no es de izquierda o derecha, sino de decencia y dignidad.

Fortalecer el pie de fuerza de las Fuerzas Militares y de Policía, así como sus capacidades operativas, de inteligencia, disuasivas y de combate, con adecuada tecnología, formación y entrenamiento. Se busca profesionalizar la Fuerza Pública, garantizar su bienestar y asegurar seguridad y justicia legítimas para toda la población. Esto incluye la protección de la biodiversidad y la soberanía nacional.

Consolidar el Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana para coordinar los tres niveles de justicia (contra mafias, ordinaria, restaurativa) y reforzar su presencia regional. Fortalecer el Ministerio de Defensa y Soberanía Nacional. Transformar la Procuraduría para que sus recursos se destinen a fortalecer la Fiscalía Antimafia, la Fiscalía General en los territorios y el Sistema Nacional de Defensoría Pública.

Abordar el deterioro de las finanzas públicas, causado por el crecimiento descontrolado del gasto y la alta deuda pública, que reduce la capacidad de invertir en seguridad y desarrollo. Se propone gobernar con seriedad, recaudar lo justo, no endeudar irresponsablemente e invertir mejor con transparencia y resultados.

Un Estado soberano con liderazgo global y en las Américas, para ejercer plenamente la autoridad, proteger a la población y actuar con autonomía estratégica. Fortalecer la cooperación internacional con aliados y organismos multilaterales (OTAN, OTCA) para enfrentar amenazas transnacionales, proteger la biodiversidad, ecosistemas estratégicos y la soberanía nacional. Acompañar esfuerzos para restablecer la democracia en Venezuela.

Cuidar el proceso de paz implica cumplir los acuerdos y honrar a las víctimas. Se distingue el conflicto político-armado de las organizaciones criminales transnacionales, rechazando mesas de paz con estas últimas, ya que solo producen su crecimiento y fortalecimiento. Se busca garantizar la seguridad y justicia para las comunidades en las regiones.

Combatir firmemente el crimen organizado transnacional, narcotráfico y minería ilegal. Crear una Fiscalía Antimafia con justicia implacable y mínimas garantías para criminales de mafias, máximas sanciones y aislamiento indefinido. Desmantelar sus estructuras, incautar bienes y reinvertirlos en las regiones. Sancionar drásticamente la reincidencia y el uso de armas en delitos comunes. Proteger comunidades del reclutamiento forzado.

Implementar un tercer nivel de justicia restaurativa para conflictos sociales y faltas a la convivencia, coordinado con alcaldías y equipos de seguridad social. Promover la creación de policías locales y sistemas de convivencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Buscar la tranquilidad ciudadana con presencia territorial y el cumplimiento de la ley.

Proteger la vida y asegurar un futuro viable para Colombia, garantizando justicia, oportunidades y libertad. Defender a la gente dándoles las 5 cosas esenciales para una vida digna: salud, educación, trabajo, vivienda y protección social, además de seguridad y justicia. Esto implica garantizar bienes públicos que igualen oportunidades y permitan el progreso individual y familiar.

Restablecer el control territorial con legitimidad, reduciendo la impunidad y mejorando la seguridad ciudadana. La inversión nacional regionalizada de seguridad se estructurará y ejecutará de común acuerdo con la ciudadanía, alcaldes y gobernadores. Fortalecer la presencia institucional en zonas críticas y proteger a familias y organizaciones sociales. Defender las fronteras transformando periferias de abandono en polos de desarrollo económico e institucional.

Fortalecer las rutas de justicia y protección oportunas para las mujeres y sus familias. Ampliar la línea 155, crear sistemas integrados de información, atención y protección, expandir comisarías, jueces de familia y casas refugio. Garantizar justicia efectiva de prevención de violencias basadas en género y feminicidios.

Fortalecer rutas de justicia y protección para familias, expandiendo comisarías y jueces de familia, y creando casas refugio. El Sistema Nacional de Cuidado y Protección Social protegerá a las familias desde la primera infancia hasta la vejez.

Garantizar un sistema robusto de cuidado y protección social desde la infancia hasta la vejez. Asegurar el cuidado institucionalizado público-privado-comunitario para niños en su primera infancia y jóvenes más allá de la jornada escolar, relevando la sobrecarga de cuidado no remunerado en mujeres. Universalizar el preescolar de tres grados y proteger integralmente a NNA.

Ofrecer oportunidades para jóvenes a través de la transformación del SENA y la creación de una Agencia Nacional de Educación Posmedia, Trabajo y Emprendimiento. Un programa de 'un millón de becas' para educación y trabajo para jóvenes y adultos. Proteger a las comunidades del reclutamiento forzado y el control de grupos armados en regiones como el Pacífico y Sur occidente.

Promover la reforma del régimen internacional de drogas, apoyando la desclasificación del cannabis y la hoja de coca. Fortalecer la cooperación internacional para la persecución del crimen organizado y el lavado de activos transnacional, especialmente en lo relacionado con el tráfico de cocaína y sustancias similares, y otras rentas criminales. Desarticular redes de financiación del narcotráfico.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana coordinará los tres niveles de justicia. Se fomentará la creación de asociaciones municipales, áreas y regiones metropolitanas para coordinar decisiones, acciones e inversiones. El Departamento de Planeación Regional (DPR) coordinará la inversión nacional regionalizada con los entes territoriales. Se promoverá la participación ciudadana en la priorización de proyectos a través de presupuestos participativos regionales.

Reformar la justicia en tres niveles: 1) justicia implacable contra mafias organizada (corrupción, narcotráfico) liderada por una Fiscalía Antimafia con mínimas garantías y máximos controles. 2) justicia ordinaria para delincuencia común, liderada por un reestructurado Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana, sancionando drásticamente la reincidencia y uso de armas. 3) justicia restaurativa para conflictos sociales y convivencia, coordinada con alcaldías y servicios sociales.

Acabar con la corrupción eliminando espacios de intermediación opaca, fondos sin control y contratación a la medida de mafias políticas. La contratación pública será transparente, competitiva y vigilada, con sanciones ejemplares y recuperación efectiva de recursos. Fortalecer investigación y judicialización de redes corruptas. Crear una Fiscalía Antimafia. Retomar el control de las cárceles para evitar delitos desde dentro, con cero corrupción y desarrollo de industria penitenciaria.

Crear un tercer nivel de justicia restaurativa para conflictos sociales y faltas a la convivencia. Este nivel estará muy coordinado con las Alcaldías, sus equipos de seguridad y convivencia y servicios sociales, buscando segundas oportunidades. La meta es reducir la litigiosidad mediante resolución pacífica y comunitaria de conflictos.

Reforzar la presencia y operación eficaz del Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana en todas las regiones, en coordinación con las alcaldías. Promover la creación de policías locales y sistemas de convivencia en ciudades principales. Asegurar que la justicia, la seguridad y el desarrollo lleguen a las regiones, combatiendo el centralismo.

Consolidar el Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana para coordinar los tres niveles de justicia, enlazando la justicia contra mafias, la ordinaria y la restaurativa con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Rama Judicial. Fortalecer la Fiscalía General en los territorios y el Sistema Nacional de Defensoría Pública mediante la transformación de la Procuraduría. Esto busca una respuesta efectiva y un acceso equitativo a la justicia.

Garantizar el acceso equitativo y digno a los derechos fundamentales, incluyendo la salud. Se busca cerrar brechas históricas y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. El sistema de salud operará con planes de beneficios explícitos por zona (urbana, centro poblado y rural), priorizando zonas rurales y poblaciones excluidas, para garantizar un acceso universal.

Implementar un Sistema Mixto e Integral de Salud que articule servicios de salud con servicios de cuidado, salud mental y preventiva, acompañando a las personas en todo su ciclo vital. Superar la fragmentación actual y transformar al ciudadano de paciente a persona con derechos. El sistema será mixto, con gestoras y prestadoras, límites a la integración vertical, regencia y auditoría pública rigurosa y transparente. Un nuevo estudio actuarial definirá planes de beneficios explícitos, priorizando salud mental, discapacidad y envejecimiento.

Universalizar el preescolar de tres grados. Diseñar un plan especial para la educación rural con pertinencia intercultural. Poner en marcha un programa nacional de acceso a la educación posmedia con un millón de becas de educación y trabajo, similar a los programas de la Alcaldía de Bogotá. Fortalecer el SENA para responder a las necesidades regionales y unificar el sistema posmedia en una Agencia Nacional.

Impulsar una renovación curricular participativa que integre competencias del siglo XXI. Fortalecer el rol docente con pedagogías innovadoras e incorporar la educación socioemocional. Ampliar la jornada con enfoque integral y modalidades flexibles. La educación debe dejar de reproducir desigualdades y convertirse en el motor de la movilidad social.

Mejorar la infraestructura de las sedes educativas oficiales para garantizar condiciones equitativas y de calidad. Esto es parte de la canasta educativa integral propuesta. Las inversiones regionales buscarán garantizar cobertura universal y de calidad en servicios públicos y educación desde primera infancia hasta posmedia.

Se necesita una política energética y minera que sea palanca para saldar la deuda histórica con las regiones, transformando la riqueza del subsuelo en energía estable, barata y limpia. Retomar la exploración de hidrocarburos y realizar pilotos de fracking con evidencia científica y licenciamiento ambiental riguroso para asegurar precios bajos y evitar desabastecimiento de gas natural. Esto es crucial para un desarrollo económico e industrial del siglo XXI.

La región Caribe se consolidará como epicentro de la transición energética, concentrando el portafolio nacional de energía solar y eólica. Se diversificará la matriz con fuentes renovables, usando gas natural como combustible de transición. Se agilizarán trámites ambientales y de consulta previa para proyectos críticos. Se buscará atraer inversiones para la fabricación local de componentes de energías limpias como paneles solares y turbinas eólicas.

Implementar un modelo de inversión directa en la infraestructura eléctrica para resolver el alto costo de las tarifas. Destinar las regalías regionales para financiar la reposición y modernización de postes, transformadores y cableado obsoleto, evitando que estos costos recaigan en los usuarios finales. Esto busca proteger la economía de los hogares y mejorar la competitividad de las empresas. La construcción de redes eléctricas en regiones productoras se hará mediante acuerdos con comunidades.

Gestionar el agua como bien común y derecho humano, garantizando acceso universal a agua potable y saneamiento. Priorizar zonas rurales, dispersas y comunidades étnicas. Incentivar el reúso y ahorro de agua, creando un mercado regulado para dinamizar economías circulares. Las CAR definirán caudales para abastecimiento humano y prioridades productivas macro-regionales. Las tarifas se ajustarán para premiar la eficiencia sin sacrificar la equidad. Se abordará la crisis de gestión de residuos sólidos.

Implementar una política integral de vivienda para 600 mil soluciones habitacionales (250 mil subsidios para compra, 200 mil beneficiarios de arrendamiento social, 150 mil mejoramientos). Se creará un Banco Nacional de Suelos para gestión pública y estratégica de suelo. Se actualizará el catastro multipropósito y los Planes de Ordenamiento. Se desarrollarán instrumentos financieros alternativos para acceso a vivienda, como subsidios mixtos, coberturas de tasa de interés y microfinanzas.

Se fomentará la creación de asociaciones municipales, áreas y regiones metropolitanas para coordinar decisiones e inversiones. El Departamento de Planeación Regional (DPR) se conformará para ciudades con y sin esquemas metropolitanos y agrupará a municipios por subregiones funcionales. Se busca conectar efectivamente ciudades intermedias como nodos estratégicos de desarrollo vinculando lo rural con lo urbano.

Defender ecosistemas estratégicos, ejerciendo liderazgo regional y global para proteger la Amazonía, el Pacífico biogeográfico, mares, reserva Seaflower y otros ecosistemas estratégicos. Promover la bioeconomía, la economía forestal y la pesca responsable. Transformar la ganadería extensiva a sistemas silvopastoriles sostenibles. Reformar urgentemente el ordenamiento ambiental y los instrumentos de licenciamiento, enfocándose en agua, ecosistemas y participación comunitaria. Proteger la Amazonía y Parques Naturales para reducir la deforestación y los cultivos ilícitos.

Implementar un mercado robusto de bonos de carbono a nivel global y esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) para financiar la sostenibilidad regional. Establecer un mecanismo de justicia climática interregional donde regiones como la Andina retribuyan económicamente a comunidades indígenas por la protección de servicios ecosistémicos de la selva amazónica. Se aumentarán los recursos para la defensa de los Parques Nacionales Naturales estratégicos, implementando planes de restauración ecológica para áreas degradadas y una revisión de las Zonas de Reserva Forestal para uso sostenible y protección efectiva.

El Estado garantizará la inversión mediante la seguridad jurídica de la tierra, implementando un plan masivo de formalización predial y la actualización del catastro multipropósito para facilitar el acceso a crédito y programas estatales. Los campesinos y dueños de la tierra participarán como socios directos en proyectos de desarrollo agroindustrial, sin vulnerar sus derechos.

La región de los Llanos y la Orinoquía será el epicentro del desarrollo agroindustrial y la seguridad alimentaria, con énfasis en la diversidad de cultivos (soya, maíz, arroz, cacao, piscicultura) y productos de bioeconomía. Se promoverá la transformación de la ganadería expansiva a sistemas silvopastoriles sostenibles. Se garantizará asistencia técnica, crédito barato y precio de compra para cosechas. Fortalecer cadenas agroalimentarias de valor agregado y potencial exportador en el Piedemonte Amazónico.

Transformar la planificación y ejecución de infraestructura de transporte con una visión multimodal, resiliente y productiva. Reducir costos logísticos, hacer más eficientes traslados y conectar territorios. Fortalecer la participación comunitaria y del sector privado. Mejorar el modelo de concesiones portuarias. Rehabilitar vías secundarias y terciarias, atando su mantenimiento a concesiones de grandes autopistas nacionales. Se dará continuidad a grandes proyectos carreteros y férreos, incluyendo el Metro de Bogotá y Regiotram.

Fomentar la investigación científica para la bioeconomía y el ecoturismo responsable, especialmente en la Amazonía. Las regalías regionales se destinarán a proyectos de infraestructura y modernización. La inversión pública se orientará a habilitar y conectar a los productores, articulando diversas fuentes de financiación.

Incentivar el talento regional y transformar la educación para el trabajo, reestructurando el SENA para responder a las necesidades productivas de cada región. Formar el talento necesario con calidad, pertinencia y equidad. Un sistema de educación posmedia con un millón de becas para cada región. Invertir en formación técnica específica para jóvenes en áreas como tecnología, bioeconomía y servicios ambientales, gastronómicos y turísticos, especialmente en el Pacífico y Suroccidente.

Garantizar el acceso a internet y una competencia efectiva en telecomunicaciones. Impulsar un gobierno digital interoperable con trámites automatizados y pagos integrados. Apoyar la infraestructura digital para la productividad y el desarrollo económico regional.

Crear un Portal Único Empresarial para simplificar procesos y reducir burocracia. Desarrollar un ecosistema GovTech para digitalizar trámites y automatizar pagos, facilitando un entorno de negocios ágil y transparente. La región Central y Santanderes se proyecta como motor de la economía del conocimiento y la tecnología, incluyendo la logística avanzada.

Fomentar la atracción de empresas ancla globales que transfieran tecnología a pymes locales. Fortalecer clústeres regionales de tecnología e impulsar el desarrollo industrial y tecnológico de las fuerzas militares con tecnología adecuada. Combatir ciberataques como parte de las amenazas transnacionales.

Garantizar el acceso universal y de calidad a los servicios públicos, incluyendo la infraestructura digital para toda la población. Cerrar brechas de conectividad. El gobierno digital buscará facilitar trámites y el acceso a la información para todos los ciudadanos.

Impulsar un sistema de finanzas y datos abiertos y transferencias gratuitas con Bre-B. El sistema de información en salud será unificado, público, interoperable y transparente, centrado en el paciente, permitiendo gobernar con evidencia y medir la salud con indicadores de equidad territorial y diversidad cultural.

Crear paquetes diferenciados de apoyo para hogares en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerables. Diseñar y poner en marcha un censo nacional de ingresos, vivienda y población que reemplace la estratificación y permita la formalización de predios y viviendas. Mejorar la asignación de subsidios y apoyos estatales. El objetivo es erradicar el hambre y la pobreza extrema, y dar autonomía económica a las personas en situación de vulnerabilidad.

Crear paquetes diferenciados de apoyo para hogares en pobreza extrema, moderada y vulnerables, incluyendo becas educativas y entrenamiento laboral con subsidios para el empleo. Los subsidios del sistema de protección social y cuidado buscarán erradicar el hambre, la pobreza extrema y generar autonomía económica y movilidad social, en lugar de generar dependencia política.

Crear un nuevo pacto social de cuidado e inclusión que asegure movilidad social real, equidad territorial y dignidad. Integrar políticas de empleo, protección social y cuidado con enfoque territorial y de género, reconociendo la diversidad cultural. El cuidado será un derecho social garantizado institucionalmente, no a través de la sobrecarga no remunerada de las mujeres. Fortalecer rutas de justicia y protección para mujeres y sus familias, ampliando la línea 155, comisarías, jueces de familia y casas refugio para prevenir VBG y feminicidios.

Asegurar un sistema robusto de cuidado y protección social de la infancia a la vejez que incluya a personas en condición de discapacidad. El nuevo estudio actuarial para el sistema de salud incorporará la discapacidad como prioridad de atención, garantizando planes de beneficios explícitos.

Crear y operar un Sistema Nacional de Cuidado y Protección Social a nivel municipal, con corresponsabilidad público-privada-comunitaria, para garantizar el cuidado institucionalizado de los niños en su primera infancia y personas mayores. Universalizar el preescolar de tres grados y proteger integralmente a NNA y familias, desde la infancia hasta la vejez, con equidad territorial, de género y poblacional en todas las regiones.

Ordenar el Gobierno para que cumpla y funcione sin corrupción. Descentralizar el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para que se transforme en el Departamento de Planeación Regional (DPR), con esquemas diferenciados para ciudades metropolitanas, ciudades sin esquema metropolitano y el resto de municipios, fortaleciendo la capacidad técnica de los municipios. Fomentar la creación de asociaciones municipales y regiones metropolitanas. Reducir el gasto burocrático y buscar eficiencias.

Consolidar una política exterior orientada a la cooperación efectiva para la defensa de la democracia, la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la autonomía estratégica. Ejercer liderazgo político y estratégico en las Américas para defender la democracia, el territorio y la soberanía nacional. Impulsar una diplomacia política y económica activa para abrir mercados, atraer inversión extranjera y fortalecer intercambios culturales, educativos y científicos.

Cuidar el proceso de paz cumpliendo los acuerdos y honrando a las víctimas. Se reconoce que el conflicto político armado terminó con la desmovilización de las FARC. Se diferenciará claramente las organizaciones criminales transnacionales de los grupos políticos, rechazando mesas de paz con las primeras, ya que solo promueven su crecimiento. Se priorizará el sometimiento del crimen organizado y la lucha contra sus rentas ilícitas.

Restablecer el control territorial y la seguridad en todas las regiones, priorizando la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Se enfocará la inversión nacional regionalizada en servicios públicos, educación, salud, cuidado, vivienda y carreteras. Se protegerá a líderes y productores que impulsan el desarrollo legal. Se promoverá la creación de policías locales y sistemas de convivencia en las ciudades para mejorar la convivencia y reducir la delincuencia común.

Fomentar la participación y decisión ciudadana mediante presupuestos participativos regionales, donde la gente votará y decidirá la priorización de proyectos de inversión. Se promoverá la participación de comunidades en el desarrollo económico local, permitiendo que organizaciones comunitarias propongan, formulen y ejecuten proyectos de inversión pública, privada y comunitaria. Se establecerán alianzas público-privadas-comunitarias para grandes proyectos de desarrollo regional.