El modelo económico busca un Estado facilitador del desarrollo, no un obstáculo, promoviendo la productividad, el emprendimiento y la competitividad regional. Se enfoca en la inversión pública y privada con reglas claras y cero corrupción, asegurando que la inversión llegue a los territorios y genere ingresos estables. Se busca una economía que valore las vocaciones productivas regionales, fortalezca el tejido empresarial local y garantice energía barata y servicios públicos eficientes para todos, con un crecimiento económico sostenible basado en la equidad territorial y el aumento de la productividad.

Se propone una política fiscal responsable y creíble, priorizando la seriedad en el gobierno: pagar a tiempo, recaudar lo justo y evitar el endeudamiento irresponsable. Se busca construir credibilidad con un plan estable y predecible para cuatro años que reactive la economía, guiando las decisiones con una regla fiscal y de crecimiento económico. Se plantea que el gasto público no crezca más que los ingresos, con recortes en el gasto burocrático y búsquedas de eficiencia. Se crearán reglas predecibles para los impuestos, ligando la tasa de tributación empresarial de renta a los resultados macroeconómicos, con reducciones si el PIB y la inversión privada crecen, para estimular el crecimiento económico y, consecuentemente, reducir la necesidad de altos impuestos.

Se busca impulsar la empleabilidad, focalizándose en mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años, ofreciendo formación para el trabajo y reconversión laboral hacia sectores de alta demanda regional como el cuidado institucionalizado, servicios, tecnología, biotecnología, turismo y sostenibilidad ambiental. Se crearán incentivos y apoyo para micronegocios, fortaleciendo clústeres y cadenas productivas con alto potencial en productividad y exportación. Se implementarán cuotas de contratación para poblaciones vulnerables y una estrategia integral para formalizar el empleo, transformando micronegocios de autoempleo en empresas con empleos formales que se integren a cadenas productivas nacionales y de exportación.

La estrategia se centra en 'poner la casa en orden' para restablecer la seguridad y la gobernabilidad territorial, diferenciando la lucha contra el crimen organizado transnacional (mafias, narcotráfico, disidencias) de la delincuencia común. Se rechaza la 'Paz Total' con organizaciones criminales, argumentando que solo genera su crecimiento. Se propone una 'mano fuerte' del Estado y la fuerza pública contra los criminales, no contra las comunidades, garantizando la seguridad y justicia legítimas en todo el territorio. Se busca cumplir los acuerdos de paz con las FARC, honrar a las víctimas y fortalecer la fuerza pública, reconociendo que el conflicto político armado ha terminado y lo que persiste son redes criminales que disputan rentas ilícitas.

Se propone fortalecer el Ministerio de Defensa y Soberanía Nacional, ampliando el pie de fuerza de las Fuerzas Militares y de Policía. Esto incluye mejorar sus capacidades operativas, de inteligencia, disuasivas y de combate con tecnología avanzada, formación y entrenamiento de alto nivel. Además, se impulsará el desarrollo industrial y tecnológico de las fuerzas militares y la cooperación internacional con organismos multilaterales como la OTAN y la OTCA. El objetivo es perseguir y someter al crimen organizado transnacional, incluyendo narcotráfico, minería ilegal, ciberataques y tráfico de armas, garantizando la protección de la biodiversidad y la soberanía nacional con una visión de seguridad integral.

Se propone una reforma judicial en tres niveles para diferenciar el tratamiento de mafias, delincuencia común y conflictos sociales. El primer nivel, 'Justicia contra las mafias', será implacable con mínimas garantías y máximos controles para el crimen organizado, liderado por una nueva Fiscalía Antimafia. El segundo, 'Justicia ordinaria', para la delincuencia común, será coordinado por un reestructurado Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana, con sanciones drásticas para la reincidencia y uso de armas. El tercer nivel, 'Justicia restaurativa', se enfocará en conflictos sociales y faltas a la convivencia, coordinado con alcaldías para segundas oportunidades. Se consolidará el Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana y se transformará la Procuraduría para fortalecer la Fiscalía Antimafia y la Defensoría Pública.

Se implementarán medidas para acabar con la corrupción eliminando espacios de intermediación opaca, fondos sin control y la contratación pública hecha a la medida de mafias políticas. La contratación pública será transparente, competitiva y vigilada, con sanciones ejemplares para corruptos y recuperación efectiva de recursos. Se fortalecerán las capacidades de investigación y judicialización de redes corruptas, y los corruptos serán procesados por la Fiscalía Antimafia. Además, se busca tener un gobierno que no robe para ganar ni para gobernar, garantizando que cada peso público se traduzca en seguridad, oportunidades y bienestar, con decisiones financiables, priorizadas y vigiladas por la ciudadanía.

Se busca garantizar acceso equitativo y digno a la salud como uno de los cinco elementos esenciales para una vida digna, junto con seguridad, justicia, educación, trabajo y vivienda. A pesar de los logros en cobertura de aseguramiento casi universal, se reconoce la persistencia de brechas, especialmente en zonas rurales y poblaciones excluidas. El objetivo es transformar éticamente el sistema de salud para asegurar la equidad territorial, con un nuevo pacto social de cuidado e inclusión que promueva la movilidad social y la dignidad en todas las etapas de la vida, centrado en la prevención, con un enfoque integral y culturalmente diverso.

Se propone un 'Sistema Mixto e Integral de Salud' que articule los servicios de salud con los de cuidado, salud mental y preventiva, acompañando a las personas en todo su ciclo vital. Este sistema superará la fragmentación actual, transformando el enfoque del paciente en tratamientos a un enfoque de personas y familias con derechos a servicios integrales de salud y cuidado desde la niñez hasta la vejez. Será un sistema mixto con gestoras y prestadoras, pero con límites y controles a la integración vertical y una regencia y auditoría pública rigurosa y transparente. Se establecerán precios unificados y planes de beneficios explícitos, con mecanismos de pago contra auditoría tecnológica.

Aunque no se detalla un plan específico de infraestructura hospitalaria, las propuestas se orientan a fortalecer la capacidad institucional y a mejorar el acceso a servicios esenciales, incluyendo infraestructura de salud pública, especialmente en territorios históricamente excluidos. Esto se enmarca dentro de un 'Sistema Mixto e Integral de Salud' que busca garantizar una atención de calidad y equitativa en todas las regiones, implicando la necesidad de una infraestructura funcional y accesible. La atención primaria y el enfoque preventivo sugerirían una red más robusta de centros de salud a nivel local y rural. Se menciona explícitamente la priorización de infraestructura esencial para la salud pública en el Caribe.

Se priorizará la educación para lograr equidad y movilidad social, enfocándose en la universalización del preescolar de tres grados y el fortalecimiento del sistema Posmedia. Se transformará el SENA para adaptarlo a las necesidades regionales y se creará una Agencia Nacional de Educación Posmedia que unifique el sistema de educación, trabajo y emprendimiento. Un pilar central será el programa 'Todos a la U', que ofrecerá un millón de becas de educación y trabajo a nivel nacional, similar al modelo implementado en Bogotá, adaptado a las particularidades de cada región. También se diseñará un plan especial para la educación rural con pertinencia intercultural y se mejorará la infraestructura de las sedes oficiales.

Se impulsará una renovación curricular participativa que integre competencias del siglo XXI, buscando que la educación deje de reproducir desigualdades. Se fortalecerá el rol docente con pedagogías innovadoras y se incorporará la educación socioemocional. Se ampliará la jornada escolar con un enfoque integral y modalidades flexibles para mejorar la calidad y el bienestar. Además, se avanzará hacia una descentralización efectiva con incentivos ligados a la calidad, y se unificará la educación posmedia en un sistema que garantice calidad, empleo o emprendimiento formal, contribuyendo a mejorar los ingresos, el patrimonio familiar y la productividad del país.

Dentro de la meta de garantizar equidad en las condiciones y trayectorias educativas, se propone mejorar la infraestructura de las sedes educativas oficiales. Esta mejora busca complementar la universalización del preescolar de tres grados y asegurar que las condiciones físicas de los centros educativos sean adecuadas para impartir una educación de calidad en todas las regiones, especialmente en las zonas rurales. La infraestructura es vista como un componente clave para el desarrollo de una canasta educativa integral y la implementación de planes educativos pertinentes.

Se propone una política energética y minera estratégica que actúe como palanca para el desarrollo regional, transformando la riqueza del subsuelo en energía estable, barata y limpia. Es fundamental retomar la exploración de hidrocarburos y realizar pilotos de fracking con evidencia científica y licenciamiento ambiental riguroso. Esto busca asegurar precios bajos de la energía y evitar el desabastecimiento de recursos clave como el gas natural, esencial para la economía de los hogares y la industria del siglo XXI, que requiere energía abundante y confiable. El modelo busca una diversificación de la matriz energética integrando fuentes renovables y gas como combustible de transición.

La región Caribe se posicionará como el epicentro de la transición energética y la reindustrialización del país, aprovechando su potencial en energía solar y eólica (especialmente en La Guajira). La estrategia productiva se centra en diversificar la matriz energética mediante la introducción de proyectos de fuentes renovables. Se fomentará la relocalización de industrias, creando un clúster Caribe de transición energética para atraer inversiones en la fabricación local de componentes como paneles solares y turbinas eólicas. El gas natural se utilizará como combustible de transición estratégica para asegurar el respaldo térmico y la confiabilidad del sistema ante eventuales sequías.

Para abordar el alto costo de las tarifas eléctricas, se implementará un modelo de inversión directa en la infraestructura energética. Las regalías regionales se destinarán a financiar la reposición y modernización de postes, transformadores y cableado obsoleto, asegurando que estos costos de infraestructura y mantenimiento no recaigan en las tarifas de los usuarios finales. Esta medida busca proteger la economía de los hogares, mejorar la competitividad de las empresas, eliminar apagones y garantizar un suministro de energía abundante y barata para el desarrollo regional. La estrategia de transición energética en el Caribe también implica la entrada de proyectos de fuentes renovables, lo que demanda infraestructura asociada para su generación y transmisión.

El programa aborda la crítica situación del agua y saneamiento básico en Colombia, donde zonas rurales carecen de acceso a agua potable y saneamiento, perpetuando exclusión y problemas de salud. Se propone gestionar el agua como un bien común y un derecho humano, garantizando el acceso universal a agua potable y saneamiento. Se priorizará el uso del agua en actividades de alto impacto, premiando el ahorro y la reutilización, y se construirá un modelo de gestión hídrica que fortalezca la equidad y seguridad hídrica con un enfoque intercultural. Se cerrarán brechas de acceso priorizando zonas rurales, dispersas y comunidades étnicas mediante inversiones regionalizadas, soluciones diferenciales y fortalecimiento de capacidades locales.

Se busca garantizar un techo digno como patrimonio familiar y resolver el déficit habitacional urbano y rural con 600 mil soluciones habitacionales. La política integral de vivienda incluirá 250,000 subsidios para compra de vivienda nueva o usada, 200,000 beneficiarios de un programa nacional de arrendamiento social (como vía a la vivienda propia), y 150,000 mejoramientos de vivienda para el déficit cualitativo en hogares vulnerables. Se desarrollarán instrumentos financieros alternativos como subsidios mixtos, coberturas de tasa de interés, arriendo con opción de compra y microfinanzas, adaptados a hogares de bajos y medios ingresos.

El programa busca una política integral de hábitat que supere el déficit estructural, habilite suelo bien localizado y fortalezca la planeación regional. Se garantizará el acceso a vivienda, ciudad y servicios públicos, sin depender solo del mercado. Se creará un Banco Nacional de Suelos para gestionar suelo público y estratégico, facilitando acceso para proyectos de vivienda, infraestructura y equipamientos sociales. Se promoverá la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) con acompañamiento técnico y financiero, impulsando la planeación metropolitana y regional para fortalecer la asociatividad y la actualización del catastro multipropósito para mejorar la gestión del suelo y la planificación del desarrollo. El Estado asumirá un rol activo en la garantía del derecho a la vivienda digna con ciudad en todos los territorios del país.

Se ejercerá liderazgo regional y global para proteger ecosistemas estratégicos como la Amazonía, el Pacífico biogeográfico, los mares colombianos (incluida la reserva Seaflower). Se busca la sostenibilidad ambiental en los modelos productivos regionales, poniendo fin a la fragmentación normativa y de competencias en la gestión ambiental. Se reducirá la presión sobre ecosistemas estratégicos mediante la protección de la Amazonía, los parques naturales y todas las reservas naturales. Se impulsará la investigación científica para la bioeconomía y el ecoturismo responsable en resguardos y malocas indígenas, sin comprometer la selva. Se aumentarán recursos para Parques Nacionales Naturales estratégicos, implementando planes de restauración ecológica para áreas degradadas y consolidando corredores biológicos entre los Andes y la Amazonía.

Se implementará un robusto mercado global de bonos de carbono y esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) para financiar la sostenibilidad de las regiones, especialmente aquellas con ecosistemas vitales. Se establecerá un mecanismo de justicia climática interregional, donde, por ejemplo, la región Andina retribuya económicamente a las comunidades indígenas de la Amazonía por la protección de los servicios ecosistémicos que benefician su suministro de agua. Se impulsará la investigación científica en bioeconomía y ecoturismo responsable para ofrecer alternativas económicas sostenibles que reduzcan la deforestación y los cultivos ilícitos, sin comprometer la integridad ambiental de la selva.

El Estado garantizará la inversión a través de la seguridad jurídica de la tierra, implementando un plan masivo de formalización predial y actualizando el catastro multipropósito para facilitar el acceso a crédito y programas estatales. Se fomentarán modelos asociativos fiduciarios para escalar la inversión sin vulnerar los derechos campesinos, quienes serán socios directos en los proyectos de desarrollo agroindustrial. Se busca que la tierra productiva se diversifique en cultivos como soya, maíz, arroz, cacao, piscicultura y productos de bioeconomía, priorizando la transformación de la ganadería extensiva a sistemas silvopastoriles sostenibles, integrando productividad y conservación. Esto asegurará la participación de los campesinos y dueños de la tierra en la creación de valor.

La región de los Llanos y la Orinoquía será el epicentro del desarrollo agroindustrial y la seguridad alimentaria de Colombia. Se impulsará la diversificación de cultivos como soya, maíz, arroz, cacao y piscicultura, y se aprovecharán productos de la bioeconomía como el cacay y el moriche, protegiendo la riqueza hídrica. El modelo rechazará el monocultivo, priorizando sistemas silvopastoriles sostenibles para la ganadería y la conservación de ecosistemas estratégicos. Se implementará asistencia técnica, crédito barato y precios de compra garantizados para las cosechas, asegurando la participación de campesinos como socios en la creación de valor. La soberanía alimentaria es vista como un componente del cuidado y defensa de ecosistemas estratégicos.

Se transformará la planificación y ejecución de la infraestructura de transporte hacia una visión multimodal, resiliente y productiva. Se fortalecerá la participación comunitaria y del sector privado en la gestión de infraestructura. Se mejorará el modelo de concesiones portuarias, incluyendo dragado y acceso terrestre, integrando zonas industriales. Se implementará un programa nacional de vías terciarias y secundarias, atado a concesiones de grandes vías nacionales para asegurar mantenimiento y reducir costos de transporte rural. Se priorizará la culminación de vías estratégicas como la Vía de la Soberanía, la rehabilitación de corredores viales clave (ej. Vía al Llano, Cusiana), y proyectos como el túnel del Toyo, vías de Medellín a Urabá, y proyectos férreos (carga y pasajeros) y de transporte masivo (metro de Bogotá, Regiotram).

Se promoverá el desarrollo científico y tecnológico como parte de la defensa de ecosistemas estratégicos y la soberanía alimentaria. En particular, se impulsará la investigación científica para la bioeconomía y el fomento de un ecoturismo responsable en los resguardos y malocas indígenas, buscando potenciar su riqueza biológica y cultural. Aunque el programa no detalla mecanismos específicos de financiación (como regalías o créditos tributarios), estas propuestas implican una inversión en investigación y desarrollo para áreas prioritarias como la Amazonía y el Pacífico biogeográfico, buscando que el conocimiento científico contribuya directamente al desarrollo regional y la sostenibilidad.

Se incentivará el talento regional y se transformará la educación para el trabajo. El SENA será reestructurado para alinearse con las necesidades productivas de cada región y sus portafolios de proyectos, buscando formar el talento necesario con calidad, pertinencia y equidad. Se implementará un sistema de educación posmedia que incluirá un millón de becas pertinentes para cada región. Además, se busca que la educación sea un motor de movilidad social y formación ciudadana, desarrollando el potencial de cada persona para lograr autonomía económica.

Se apoyará la infraestructura digital para la productividad, garantizando el acceso a internet y una competencia efectiva en telecomunicaciones. Esto incluye la eliminación de la brecha digital y la expansión de la banda ancha. Además, se promoverá un sistema de finanzas y datos abiertos con transferencias gratuitas a través de Bre-B, buscando una mayor inclusión digital. La estrategia busca que el gobierno digital sea interoperable, con trámites automatizados y pagos integrados, lo que requiere una conectividad robusta y accesible para todos los ciudadanos y empresas.

Se impulsará un gobierno digital interoperable, con trámites automatizados, pagos integrados y la eliminación de cargas notariales innecesarias. Esto requiere una sólida infraestructura digital subyacente, incluyendo posiblemente data centers y fibra óptica. Se creará un Portal Único Empresarial para simplificar procesos y reducir la burocracia, lo que a su vez demanda una infraestructura tecnológica robusta. El programa también busca garantizar el acceso a internet y una competencia efectiva en telecomunicaciones, así como un sistema de finanzas y datos abiertos y transferencias gratuitas con Bre-B, lo que implica una modernización y expansión de la infraestructura TIC general del Estado.

Se reconoce la alta incidencia de pobreza y desigualdad en Colombia, que afecta desproporcionadamente a mujeres, jóvenes, territorios excluidos y familias trabajadoras. Para abordarla, se propone un nuevo pacto social de cuidado e inclusión que asegure movilidad social real, equidad territorial y dignidad. Se crearán paquetes diferenciados de apoyo para hogares en pobreza extrema, moderada y vulnerable. Un punto clave será el diseño y puesta en marcha de un censo nacional de ingresos, vivienda y población que reemplace la estratificación, permita la formalización de predios y viviendas, y mejore la asignación de subsidios estatales. El objetivo es erradicar el hambre y la pobreza extrema, dándole autonomía económica a las personas.

Se propone mejorar la asignación y coordinación de subsidios, creando paquetes diferenciados de apoyo para hogares en pobreza extrema, moderada y vulnerable. Los subsidios para hogares en pobreza moderada se articularán con becas educativas y entrenamiento laboral, junto con servicios de cuidado y otros subsidios de pobreza, buscando fortalecer la autonomía económica y la movilidad social. El objetivo principal de estas transferencias es erradicar el hambre y la pobreza extrema, y otorgar libertad económica y movilidad social, en lugar de generar dependencia política. Se permitirá el uso de recursos parafiscales para servicios del sistema nacional de salud, cuidado y protección social, regionalizando estos recursos para asegurar equidad.

Se reconoce que la desigualdad estructural ha golpeado desproporcionadamente a mujeres y jóvenes, y que las mujeres enfrentan barreras para su autonomía económica, empleo digno, derechos reproductivos y protección contra la violencia. Se requiere una política nacional integral de género que articule educación, empleo, cuidado y vida libre de violencias, con enfoque territorial y de derechos. El cuidado debe ser un derecho social garantizado institucionalmente, no una sobrecarga de trabajo no remunerado para las mujeres, y un motor de empleo digno. Se fortalecerán las rutas de justicia y protección para mujeres y sus familias, ampliando la línea 155, creando sistemas integrados de información y atención, expandiendo comisarías, jueces de familia y casas refugio, garantizando justicia oportuna contra violencias de género y feminicidios.

Se propone un Estado descentralizado, sin corrupción, capaz de cuidar a la gente y desarrollar las regiones. Esto implica descentralizar capacidades, fortalecer gobiernos locales y construir pactos regionales de productividad, seguridad y oportunidades. Se transformará el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el Departamento de Planeación Regional (DPR), con esquemas diferenciados para ciudades metropolitanas, no metropolitanas y el resto de municipios, agrupándolos por subregiones funcionales. Se fomentará la creación de asociaciones municipales, áreas y regiones metropolitanas para promover la asociatividad, coordinar decisiones e inversiones, y preservar la autonomía administrativa y fiscal local. Se aumentarán las capacidades técnicas de los municipios a través de los DPR para estructurar proyectos de inversión regional, eliminando centralismo y corrupción.

Se consolidará una política exterior orientada a la cooperación efectiva para la defensa de la democracia, la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la autonomía estratégica nacional. Se ejercerá liderazgo político y estratégico en las Américas para cuidar a los colombianos, defender la democracia, el territorio y la soberanía nacional, apoyando esfuerzos para restablecer la democracia en Venezuela. Se promoverá la reforma del régimen internacional de drogas, desclasificando el cannabis y la hoja de coca, y fortaleciendo la cooperación internacional contra el crimen organizado y el lavado de activos transnacionales. Además, se impulsará una diplomacia activa que abra mercados, atraiga inversión extranjera directa y fortalezca intercambios culturales, educativos, científicos y tecnológicos.