Superar el modelo económico neoliberal, improductivo y depredador de la naturaleza. Busca un modelo económico productivo, diversificado y socialmente incluyente, basado en un pacto productivo, social y fiscal, priorizando la recuperación de lo público. • Superar un modelo basado en especulación financiera, extractivismo y concentración de riqueza, para construir una economía productiva, diversificada, incluyente y al servicio de la vida. Se busca generar empleo digno, democratizar oportunidades, fortalecer la producción nacional y apoyar a mipymes y economías populares. • Enfrentar el modelo neoliberal que redujo la vida a mercancía, promoviendo una transformación profunda de las conciencias individuales y colectivas. Fomentar prácticas que fortalezcan la solidaridad, el reconocimiento del otro, el respeto por la diversidad y la valoración de saberes ancestrales y populares. • Fortalecer mecanismos de financiamiento para economías culturales populares y la economía campesina. Promover la economía social y popular a través del deporte. Criticar la privatización y mercantilización en el sector salud, buscando un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la soberanía y la paz. • Critica el modelo actual de salud que privilegia incentivos económicos y financieros sobre el derecho a la salud. Propone un "sistema mixto" donde el Estado recupere su rectoría y garantice el interés público. • Promover 'economías de vida' en regiones como la Amazonía y el Pacífico para sustituir el extractivismo. Impulsar una política de drogas soberana basada en la dignidad y la creación de nuevos circuitos económicos locales y regionales, a partir de la regulación y los usos industriales legales de sustancias. • El Estado asumirá plenamente su papel en la orientación y regulación de las economías territoriales (legales e ilegales) para garantizar el bienestar, la dignidad y el buen vivir de las comunidades. • Fomentar las economías propias de los pueblos indígenas (agroecológicas, bio

Propone un pacto fiscal que incluya un sistema tributario justo y efectivo, con un fortalecimiento progresivo de las finanzas públicas. • Perseguir a los grandes evasores de impuestos para asegurar que paguen lo que les corresponde. Crear mecanismos para identificar a personas jurídicas en la contratación y evitar el uso de empresas de papel o fachadas para el desangre de recursos públicos. • Fortalecer fuentes parafiscales para el sector cultural y optimizar incentivos tributarios con esquemas de corresponsabilidad empresarial para fortalecer pequeñas empresas y emprendimientos de base tecnológica. • Fortalecer la articulación entre entidades de inteligencia financiera, investigación criminal y control fiscal y tributario para desmantelar redes económicas criminales y privarlas de sus fuentes de financiación. • Impulsar reformas orientadas a la redistribución de la riqueza y al cierre efectivo de brechas sociales y económicas de género en todo el territorio nacional. • Promover un acuerdo nacional para revisar el estatuto tributario, eliminando exenciones sin justificación y aumentando la tributación efectiva sobre altas rentas y grandes patrimonios. Revisar el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales. Implementar un régimen de fiscalidad digital para plataformas. Fortalecer la DIAN para combatir evasión y elusión. Simplificar el proceso tributario para pymes y economías populares. Acelerar el catastro multipropósito para fortalecer el impuesto predial. • Fortalecer la capacidad fiscal de los territorios para promover su desarrollo, financiar programas sociales con enfoque de género y ampliar Colombia Mayor mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas y mayores ingresos estratégicos.

Establecer el empleo y la remuneración digna como una política de Estado central para construir prosperidad para todas y todos. • Generar empleo digno, democratizar oportunidades y fortalecer las capacidades productivas de las regiones. Consolidar un tejido empresarial sólido con apoyo a la mediana y pequeña empresa, economías populares e iniciativas productivas comunitarias. Avanzar hacia el trabajo digno y el salario vital. • Impulsar el sector cultural y artístico para generar empleo digno y dinamizar economías locales. Fomentar la formación para el trabajo y profesional integral, en articulación con el SENA, para fortalecer capacidades productivas e inclusión. Garantizar la dignidad, bienestar, protección y derechos laborales del Magisterio y su organización sindical. • Reconocer el sector cultural como generador de empleo digno e impulsar el Estatuto del Artista para garantizar seguridad social y condiciones laborales. Crear una Unidad Especial de Trabajo Digno en Cultura para enfrentar la informalidad. Implementar un Estatuto del Talento Humano del Deporte para formalización laboral y formación continua. • Dignificar el trabajo en salud, superando la tercerización, promoviendo empleo estable y bien remunerado, con derechos laborales y un Estatuto Único del Talento Humano. Ofrecer incentivos para personal de salud en zonas rurales. Establecer cuotas de inclusión laboral para personas con discapacidad, impulsando compras públicas inclusivas y teletrabajo. Reconocer y compensar económicamente el trabajo de cuidado, especialmente para cuidadoras y mujeres gestantes. • Garantizar un 'salario vital' a cinco mil líderes y lideresas sociales para dignificar su labor. Impulsar la transformación de cultivos como coca, marihuana y amapola en oportunidades de valor agregado desde la economía popular, con alternativas industriales, alimenticias y farmacéuticas. • Reforzar programas como 'Jóvenes en Paz' y el 'Servicio Social para la Paz' para generar oportunidades reales p

Adoptar un enfoque de seguridad humana integral como componente esencial del gobierno, abordando la violencia estructural y el fracaso de la lucha contra las drogas mediante la transformación y regulación de economías ilícitas. • Construir una política de seguridad humana integral centrada en la protección de la vida, el bienestar de las comunidades y la presencia efectiva del Estado en los territorios, abordando las causas estructurales de la violencia. • Fortalecer la educación para la paz como compromiso integral con la protección de infancias y juventudes, garantizando su permanencia en el sistema educativo y proyectos de vida dignos en territorios afectados por violencia, en coherencia con el Acuerdo Final de Paz de 2016. • Impulsar proyectos liderados por jóvenes en barrios periféricos como estrategia para la construcción de paz y transformación social. Promover la actividad física y el deporte como pilares de una estrategia integral de salud pública, convivencia y construcción de paz. • Impulsar políticas de seguridad humana y paz que enfaticen la transformación de territorios empobrecidos, la plena implementación del Acuerdo de Paz, diálogos de paz, reparación integral de víctimas, vigencia de DDHH, transformación de economías ilegalizadas y fortalecimiento de fuerzas militares y de policía para prevenir delitos específicos. • Poner en marcha el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, implementar la política de derechos humanos y empresas, y dinamizar la Comisión Intersectorial para la aplicación del DIH. Se garantizará el derecho a la protesta social, eliminando la estigmatización y el uso desproporcionado de la fuerza. Se transformará la política de prevención de violaciones a DDHH en una nacional unificada con enfoque territorial. • Impulsar un cambio de paradigma en la política de drogas, asumiendo el consumo como asunto de salud pública con enfoque de derechos humanos. Desarrollar una política de seguridad humana integral orientada a la transformac

Fortalecer las capacidades de las fuerzas militares y de policía para prevenir el reclutamiento, la extorsión, el secuestro y el homicidio. Mantener y ampliar las políticas de bienestar y calidad de vida para los integrantes de la fuerza pública. • Profundizar la política de bienestar y atención integral de la Fuerza Pública, mejorando sus condiciones de vida y dignificando su labor. Esto incluye nivelación salarial, fortalecimiento del subsistema de salud, educación superior para hijos de caídos/inválidos y un fondo de vivienda. Fortalecer sus capacidades logísticas, operativas y tecnológicas con soberanía. • Desarrollar estrategias de prevención frente a las violencias y vulneraciones que afectan a las comunidades afrodescendientes, incluyendo aquellas ejercidas por la fuerza pública, enfrentando la estigmatización y discriminación. • Redireccionar la compra de alimentos que hoy realizan programas como el ICBF, el Programa de Alimentación Escolar y las Fuerzas Militares, eliminando buena parte de la intermediación. • Transformar la Policía Nacional para un manejo de la conflictividad social y territorial acorde con los principios de Seguridad Humana y los estándares democráticos, protegiendo la vida y los derechos ciudadanos.

Fortalecer la articulación entre entidades de inteligencia financiera, investigación criminal y control fiscal y tributario para desmantelar redes económicas criminales. Mejorar el trabajo conjunto entre la Policía y las organizaciones sociales para recuperar el espacio público y promover la convivencia.

Impulsar un nuevo modelo nacional de capacidades e inversiones estratégicas para la vida, estableciendo estándares de sostenibilidad para las inversiones públicas en seguridad y justicia. Se garantizarán recursos para la operación, mantenimiento y actualización de proyectos.

Promover una política exterior de paz, autónoma y solidaria, con énfasis en el multilateralismo democrático y un cambio de paradigma en la política de drogas mediante la autonomía e integración. • Promover una política exterior soberana, latinoamericanista y comprometida con la paz global, la integración regional y la justicia climática, aunque no se detalla en el ámbito de la defensa específica. • Promover una política de drogas soberana que critique el enfoque militarizado de seguridad global, buscando nuevas regulaciones basadas en responsabilidad y evidencia. • Promover el debate internacional para superar el modelo prohibicionista de drogas e impulsar la Conferencia Internacional del Acuerdo de Paz. Fortalecer alianzas regionales, combatir el lavado de activos y la corrupción transnacional, y fortalecer la cooperación internacional en zonas fronterizas y portuarias.

Garantizar una paz integral mediante la implementación del Acuerdo de Paz, la transformación de territorios y el poder de la verdad de las víctimas como eje de la Revolución Ética y acción de gobierno. Se enfoca en garantizar la vigencia de los Derechos Humanos. • Consolidar una paz estable y duradera basada en el poder de la verdad de las víctimas y su reparación integral, la transformación de los territorios afectados por la violencia y la sustitución de economías ilegalizadas. • Garantizar una educación orientada a la paz, la verdad, la memoria y la no repetición, que fomente el pensamiento crítico y la resolución pacífica de conflictos. Fortalecer la educación para la paz para proteger infancias y juventudes, en coherencia con el Acuerdo Final de Paz de 2016. Consolidar una cultura de paz y memoria mediante procesos artísticos, culturales y de derechos humanos en territorios afectados por la violencia. • Fomentar proyectos culturales juveniles en barrios periféricos para la construcción de paz y transformación social. Promover la actividad física y el deporte como pilares de la construcción de paz y lenguajes comunes para la paz duradera. Implementar Centros de Deporte y Recreación CUBOS para la convivencia, prevención de violencias y reconstrucción del tejido social. • La paz y la seguridad humana serán un eje central de gobierno. Impulsar la plena implementación del Acuerdo de Paz, desarrollar diálogos de paz con tiempos y métodos claros, y asegurar la reparación integral de las víctimas. • Impulsar diálogos de paz eficaces orientados a resultados concretos y verificables, con una 'línea roja innegociable' de respeto a la población civil, niñez, liderazgos sociales y firmantes de paz. Se prohíbe el uso del diálogo para fortalecer militar o económicamente a las organizaciones armadas, exigiendo el cese de la violencia contra líderes. • Articular la política de drogas como eje fundamental en la construcción de paz, reconociendo el papel de las economías ilegales

No se detallan propuestas específicas para la gestión de riesgos y emergencias, aunque la crisis climática es un tema central que indirectamente podría incluir estos aspectos. • Implementar la Gestión Integral del Riesgo Escolar y la Educación en Emergencias, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema educativo frente a riesgos y garantizando entornos seguros y protectores. • Fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias, riesgos sanitarios y eventos de interés en salud pública, reduciendo las brechas sociales y territoriales. • Fortalecer la articulación interreligiosa con las instituciones del Estado para garantizar respuestas oportunas ante emergencias y la protección efectiva de la dignidad humana. • Superar la profunda desarticulación institucional en la gestión del riesgo de desastres, integrándola con las políticas de cambio climático y ambientales para una respuesta más integral, aunque sin especificar acciones directas sobre la gestión de riesgos. • Impulsar una transformación profunda de la institucionalidad de gestión del riesgo para responder a la crisis climática, logrando una convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, políticas de cambio climático y sistemas de gestión del riesgo. Fortalecer capacidades institucionales y territoriales en gestión climática.

Abordar el fracaso de la lucha contra las drogas mediante la transformación y regulación de las economías ilícitas. También luchar contra la 'captura mafiosa del Estado' y la 'macro corrupción'. • Lucha frontal contra la macrocorrupción y redes mafiosas, creando una Unidad Nacional de Investigación en la Fiscalía. Se busca tipificar la gran corrupción como delito de criminalidad organizada, perseguir a los jefes, rastrear lavado de activos y ofrecer incentivos por información valiosa. • Erradicar redes mafiosas en la contratación pública con un equipo especializado desde la Presidencia de la República y un cuerpo técnico nacional que monitoree a los funcionarios para garantizar transparencia. • Luchar contra el narcotráfico y las economías ilícitas, proponiendo su transformación. Fortalecer las capacidades de las fuerzas militares y de policía para prevenir el reclutamiento, la extorsión, el secuestro y el homicidio. • Intensificar acciones para desmantelar organizaciones criminales, estructuras paramilitares y redes que amenacen la vida de firmantes de paz, líderes sociales y defensores de DDHH. Concentrar la acción represiva del Estado contra el crimen organizado. • Avanzar hacia un nuevo tratamiento de las economías de la cocaína y los desafíos de las drogas sintéticas. Combatir el lavado de activos y la corrupción transnacional. Atacar las estructuras criminales en su principal fuente de poder: los recursos económicos, incluyendo el narcotráfico, extorsión, minería ilegal y contrabando. • Combatir la trata de personas como una de las expresiones de violencia que afectan desproporcionadamente a mujeres, niñes y adolescentes en todo el territorio nacional, en el marco de una política integral contra las violencias basadas en género. • Promover la sustitución integral y concertada de economías ilícitas mediante el fortalecimiento de economías propias y soberanía alimentaria para pueblos indígenas. Adoptar medidas estratégicas de protección y seguridad frente a estr

Se propone fortalecer la participación ciudadana, lo que podría incidir en la convivencia, pero sin propuestas específicas sobre resolución de conflictos o cultura ciudadana. • Fomentar una nueva sensibilidad democrática basada en la cooperación, el cuidado, la verdad y la justicia social, para debilitar el individualismo y fortalecer la solidaridad, reconstruyendo el tejido social y moral del país. • Fomentar la actividad física, recreación y deporte como pilares de convivencia. Desarrollar Centros de Deporte y Recreación CUBOS populares como espacios de convivencia, prevención de violencias y reconstrucción del tejido social. • Transformar las calles de barrios y ciudades en espacios de vida y convivencia, articulando una política de seguridad ciudadana con gobiernos locales, tecnología y el trabajo conjunto Policía-organizaciones sociales. Apoyar a entes territoriales en la gestión de conflictos y consolidar Inspecciones de Policía como espacios de resolución pacífica. • Consolidar a través de la educación una cultura de reconocimiento de la diversidad, libre de prejuicios. Fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar incorporando formación en Derechos Humanos, educación sexual integral y prevención de violencias de género. • Reconocer a las entidades religiosas como actores sociales y comunitarios con capacidad de aportar a la convivencia territorial. • Fortalecer la cohesión social y prevenir violencias mediante la ampliación de la oferta de equipamientos sociales, culturales, deportivos y recreativos que promuevan la convivencia ciudadana. • Promover una nueva conciencia ciudadana basada en la empatía y la convivencia armónica con las demás especies, mediante la educación climática, ambiental y de protección animal. • Fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida y el Centro de Observación para el Análisis y la Transformación Social del Ministerio del Interior, garantizando la participación en escenarios de conflictividad territorial y co

Implementar la seguridad humana integral como un componente esencial de la acción de gobierno, promoviendo la dignidad humana y la protección de personas y comunidades. • Implementar una política de seguridad humana integral centrada en la protección de la vida, el bienestar de las comunidades y la presencia efectiva del Estado en los territorios, abordando las causas estructurales de la violencia y la exclusión. • Avanzar en la construcción de una nueva sensibilidad frente a la vida y la dignidad humana a través de la educación, la cultura, las artes, el deporte, la ciencia y la tecnología, consolidando transformaciones sociales. • Promover la actividad física y el deporte para el bienestar físico, emocional y colectivo. Orientar la política de Inteligencia Artificial centrada en la dignidad humana, la igualdad y la justicia social. • Impulsar políticas de seguridad humana que enfaticen la transformación de territorios empobrecidos y victimizados por la violencia. Reconocer que el bienestar de la población depende del acceso a agua, alimentación, vivienda digna, educación, trabajo decente y un ambiente sano. • Adoptar un modelo de protección integral, colectivo y territorial para la defensa de los derechos humanos. Crear la 'Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida' y un Fondo para su sostenibilidad. Garantizar un salario vital a líderes y lideresas sociales como medida de protección y reconocimiento. • Desarrollar una política de seguridad humana integral orientada a la transformación territorial, la protección de la vida y la garantía efectiva de los derechos. Proteger a la población civil, líderes sociales y firmantes de paz, y poner la inteligencia del Estado al servicio de la vida, la paz y la naturaleza. • Consolidar una Política Exterior Feminista orientada a la defensa de la vida, la paz, la igualdad y la justicia global. Orientar la política de juventudes por el principio de la Seguridad Humana, enfrentando las causas estructurales de la violenci

Fomentar la democratización y transformación territorial como elementos clave. La justicia debe reconocer y transformar los territorios, y las reformas económicas y sociales deben construirse desde lo local. • Fortalecer la presencia efectiva del Estado en los territorios y transformar las regiones más afectadas por la violencia, vinculando la seguridad con el bienestar comunitario y la lucha contra las economías ilegales. • Fomentar Puntos Asociativos de Cultura como espacios de articulación territorial. Profundizar la territorialización del conocimiento y consolidar ecosistemas territoriales de CTeI. Desarrollar Centros de Deporte y Recreación CUBOS populares en zonas rurales y territorios excluidos. • Impulsar la 'Revolución de los Territorios' priorizando regiones empobrecidas y golpeadas por la violencia, con presencia real del Estado y resultados concretos. Poner en marcha los pactos territoriales existentes y crear nuevos, asegurando su gestión, seguimiento y participación comunitaria. • Avanzar en una política nacional unificada de prevención de violaciones a DDHH con enfoque territorial y planes participativos. Articular las políticas de seguridad, paz, justicia y prevención con un enfoque de transformación territorial para respuestas integrales y coordinadas del Estado. • Implementar una estrategia de seguridad territorial diferenciada, adaptada a las dinámicas de violencia de cada región. Fortalecer el control territorial mediante operaciones coordinadas de la Fuerza Pública y despliegue simultáneo de la oferta institucional. Fortalecer la planeación territorial con financiación de largo plazo y criterios técnicos. • Implementar una política integral de protección colectiva para autoridades tradicionales, guardias indígenas, lideresas, líderes y defensores de DDHH, basada en enfoques territoriales y comunitarios. Avanzar hacia una administración integral del territorio desde el reconocimiento de los gobiernos indígenas. Promover medidas de reparación cole

Abordar las causas estructurales de la violencia y la delincuencia para superar la violencia estructural, sin detallar mecanismos específicos de prevención del delito. • Impulsar iniciativas como el programa "Jóvenes en Paz" para construir trayectorias de vida dignas y en paz, articulando la formación para el trabajo y oportunidades de inclusión. • Desarrollar Centros de Deporte y Recreación CUBOS populares como espacios de prevención de violencias. Implementar el servicio social estudiantil en deporte y recreación comunitaria con enfoque de prevención de violencias. • Fortalecer las capacidades de las fuerzas militares y de policía para prevenir el reclutamiento, la extorsión, el secuestro y el homicidio. • Transformar estructuralmente la política de prevención de violaciones a los DDHH, superando la dispersión institucional. La prevención se dirigirá a las comunidades para transformar condiciones de riesgo, priorizando la protección de liderazgos sociales y defensores de DDHH, con planes territoriales participativos y respuestas efectivas a alertas tempranas. • Impulsar un enfoque de prevención y reducción de daños en la política de drogas. Prevenir, proteger y garantizar la no repetición de violaciones a DDHH, enfrentando sus causas estructurales. Detener asesinatos de líderes/firmantes de paz y erradicar el reclutamiento de NNA. Implementar una estrategia nacional de prevención inteligente basada en análisis de información y temprana identificación de riesgos. • Fortalecer programas de prevención del reclutamiento forzado, especialmente para las juventudes, y consolidar el Servicio Social para la Paz como una alternativa digna al servicio militar obligatorio, en el marco de un modelo que enfrente las causas estructurales de la violencia. • Desarrollar estrategias de prevención frente a las violencias y vulneraciones que afectan a comunidades afrodescendientes (incluyendo las ejercidas por la fuerza pública). Impulsar un cambio cultural que supere los prejuicios,

Impulsar una Revolución Ética por la dignidad de las mujeres y la superación del patriarcado, racismo y clasismo. • Luchar contra todas las formas de discriminación, incluyendo el patriarcado, que reproduce desigualdades como la sobrecarga del cuidado, la brecha salarial y las violencias contra las mujeres. Reconocer el papel estratégico de las mujeres. • Promover una educación anti-patriarcal para contribuir a una sociedad incluyente y con justicia social. Reconocer a las mujeres como protagonistas en la preservación del patrimonio cultural, fortaleciendo su participación en procesos de creación, investigación, gestión y salvaguardia. • Impulsar reformas que fortalezcan la equidad en la inversión cultural. Abordar las desigualdades de género en la política de actividad física, recreación y deporte. • Impulsar el cuidado de las mujeres y la prevención de VBG. Promover planes integrales de seguridad y convivencia con enfoque de género, para transformar territorios de miedo y vulnerabilidades físicas que afectan a las mujeres. Fortalecer capacidades institucionales para identificar factores de riesgo de VBG. • Fortalecer y ampliar el Programa Nacional Casas por la Dignidad de las Mujeres como red territorial de atención, protección y acompañamiento; consolidar la Estrategia Nacional contra el Feminicidio (ENAF 2026-2030) y fortalecer el sistema SALVIA para el seguimiento de VBG. Ampliar Casas Refugio y crear tribunales especializados para justicia efectiva. Garantizar implementación de leyes contra feminicidio (Ley 1761/2015), violencias y discriminación (Ley 1257), y acceso a justicia para víctimas de violencia sexual (Ley 1719). Impulsar transformación cultural y educativa para erradicar discriminación y violencia contra las mujeres, y fortalecer la educación sexual integral y prevención de VBG. • Implementar políticas para enfrentar las violencias sistemáticas basadas en prejuicios y discriminación contra personas LGBTIQ+, incluyendo la violencia sexual. Fortalecer

Modernizar integralmente las Comisarías de Familia, fortaleciendo su financiación, ampliando sus equipos profesionales y modernizando sus sistemas de información para convertirlas en infraestructura esencial para la protección de la vida y atención de conflictos familiares y violencia intrafamiliar. • Combatir la violencia intrafamiliar como una de las expresiones de violencia que afectan desproporcionadamente a mujeres, niñes y adolescentes. Fortalecer y ampliar programas de atención, protección y acompañamiento, como las Casas por la Dignidad de las Mujeres y Casas Refugio, y garantizar la justicia efectiva para las víctimas a través de tribunales especializados y la implementación de leyes existentes.

Lanzar una Revolución Ética para saldar la deuda histórica con la niñez y la adolescencia, buscando una protección integral. • Situar a la niñez en el centro de la acción pública para la justicia social y promover una formación ética desde la niñez que rechace la corrupción y fortalezca la participación ciudadana. • Ampliar coberturas en educación inicial con atención de calidad, pertinente e incluyente, promoviendo el desarrollo integral de niñas y niños. Fortalecer la articulación entre el sector educativo y el ICBF para la creación de Centros de Educación Inicial. Proteger infancias garantizando su permanencia en el sistema educativo y el desarrollo de proyectos de vida dignos. • Fomentar Puntos Asociativos de Cultura que integren a jóvenes. Impulsar proyectos culturales liderados por jóvenes. Garantizar la actividad física, recreación y deporte con especial énfasis en la niñez y la juventud. • Reducir la mortalidad infantil, materna y por desnutrición. Prevenir el reclutamiento. • Establecer el respeto a la niñez como una 'línea roja innegociable' en los diálogos de paz. Implementar estrategias de educación y comunicación para la prevención del uso de drogas, especialmente en la población menor de edad. • Reducir vulnerabilidades, escuchar y acompañar a niñas, niños y jóvenes en instituciones educativas. Erradicar el reclutamiento de NNA por grupos armados. Implementar prevención inteligente para anticipar amenazas contra NNA. • Fortalecer el sistema de protección integral para la niñez y adolescencia, garantizando entornos seguros y dignos. Enfrentar la explotación sexual, el trabajo infantil, el reclutamiento forzado y las violencias en el hogar, con especial atención a la niñez desplazada y víctima del conflicto. Avanzar hacia una justicia centrada en la restauración de derechos y consolidar una gobernanza corresponsable, con enfoque territorial y diferencial. Reducir la desnutrición crónica en menores de cinco años. Fortalecer los consejos de niños, niñas y

Promover una Revolución Ética con las juventudes, abordando sus problemáticas y fomentando su participación e inclusión social. • Situar a las juventudes en el centro de la acción pública, reconocer su papel estratégico en el desarrollo nacional y promover una formación ética que rechace la corrupción y fortalezca su participación ciudadana. • Impulsar propuestas educativas pertinentes y contextualizadas para juventudes, garantizando su continuidad hacia la educación superior. Fortalecer la educación para la paz para la protección de juventudes y el desarrollo de proyectos de vida dignos. Impulsar el programa "Jóvenes en Paz" para la construcción de trayectorias de vida dignas y en paz. • Impulsar el desarrollo de proyectos culturales liderados por jóvenes, especialmente en barrios periféricos, para la construcción de paz y transformación social. Promover programas de formación y creación en ámbitos tecnológicos para jóvenes y garantizar su despliegue en los territorios. • Abordar la ausencia de alternativas socioeconómicas para jóvenes rurales y urbanos como un factor que consolida sistemas ilícitos, sugiriendo la creación de oportunidades lícitas para romper estos ciclos. • Reducir vulnerabilidades, escuchar y acompañar a jóvenes en instituciones educativas. Fortalecer programas como 'Jóvenes en Paz' y 'Servicio Social para la Paz' para generar oportunidades reales para la juventud y contribuir a territorios seguros y en paz. • Abordar la exclusión, violencia, incertidumbre y deterioro de la salud mental que enfrenta la juventud. Dejar atrás doctrinas de estigmatización y represión. Fortalecer programas de prevención del reclutamiento forzado y consolidar el Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar obligatorio. Crear una red nacional de atención psicosocial con presencia en colegios, universidades y Casas de Juventud. Fortalecer la participación vinculante de las juventudes en decisiones públicas, impulsar escuelas territoriales de formació

Fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, incorporando formación en Derechos Humanos, educación sexual integral y prevención de violencias de género como pilares fundamentales para la transformación cultural. • Implementar medidas educativas para erradicar los prejuicios relacionados con las identidades y orientaciones sexuales en todos los niveles del sistema educativo, consolidando una cultura basada en el respeto, la libertad y la inclusión de la diversidad sexual y de género.

Cambiar el paradigma de la política de drogas, pasando del fracaso de la lucha actual a la transformación y regulación de las economías ilícitas. • Implementar la sustitución progresiva de las economías ilegalizadas que han alimentado el conflicto, abordando indirectamente los cultivos ilícitos y la problemática de las drogas desde una perspectiva territorial y de paz. • Reconocer las políticas fallidas frente al narcotráfico y las economías ilícitas y proponer su transformación desde una perspectiva de seguridad humana. • Profundizar un cambio de paradigma, avanzando hacia la regulación legal del cannabis y promoviendo nuevas regulaciones para la hoja de coca y amapola, con enfoque de salud pública, derechos humanos y desarrollo industrial/medicinal. Se busca la transformación de cultivos ilícitos en oportunidades lícitas y sostenibles, con agroecología y desarrollo rural. • Impulsar un cambio de paradigma, asumiendo el consumo como un asunto de salud pública desde un enfoque de DDHH, prevención y reducción de daños. Garantizar trato digno a personas expuestas a sustancias. Promover debate internacional para superar prohibicionismo y abordar economías de cocaína y desafíos de drogas sintéticas. • Reconocer y proteger los usos ancestrales, culturales y tradicionales de la hoja de coca y otras plantas de significado especial para los pueblos indígenas, garantizando el respeto por sus prácticas culturales. • En territorios con economías de uso ilícito, la seguridad no se reducirá a presencia armada, sino que se integrará la formalización de la tierra, activos productivos, asistencia técnica y mercados para una transición económica digna y sostenible. • Incluir en la agenda temática del Acuerdo Nacional un enfoque renovado frente al narcotráfico. • Impulsar un nuevo consenso nacional e internacional sobre políticas de drogas, transformando el paradigma global de prohibicionismo hacia enfoques centrados en la salud pública, el desarrollo rural, las economías populares y

Democratizar el poder, fortalecer la participación ciudadana y las organizaciones sociales y populares. El gobierno se compromete a gobernar con los movimientos sociales y consolidar la planeación participativa. • Crear un Sistema Nacional contra la Macro Corrupción y fortalecer las capacidades de investigación y control. Gobernar junto a la ciudadanía, movimientos sociales y étnicos, ampliando los mecanismos de participación directa en planeación, control social y toma de decisiones. • Instaurar un equipo especializado desde la Presidencia y un cuerpo técnico nacional para monitorear funcionarios y garantizar transparencia en evaluación de obras. Democratizar el Sistema General de Regalías, quitando control a estructuras clientelares y garantizando participación directa de comunidades en su gobernanza con auditorías ciudadanas rigurosas. • Impulsar la participación y gobernanza cultural, democratizando la toma de decisiones y fortaleciendo el Sistema Nacional de Cultura con representatividad ampliada. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Desarrollar el Sistema Nacional de Deporte, Recreación y Actividad Física con gobernanza democrática y herramientas de control social. • Fortalecer la gobernanza pública del sistema de salud recuperando la rectoría del Estado y acercando las decisiones a la ciudadanía mediante instancias como el Consejo Nacional de Salud Pública. Ampliar la participación ciudadana en la planificación y control del sistema. Fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud. • Impulsar una política de seguridad ciudadana articulada con alcaldías y gobernaciones. Consolidar mecanismos de coordinación con organismos nacionales e internacionales para desmantelar estructuras financieras y logísticas criminales. Fortalecer la articulación entre las entidades del sistema de justicia y seguridad mediante la interoperabilidad de la información. • Gobernar con las mujeres como principio rector, incorporando sus experiencias y pro

Garantizar el acceso a la justicia como un derecho universal, promover una justicia que reconozca y transforme los territorios, y fortalecer la justicia ordinaria para la restauración y la paz. • Implementar una transformación profunda de la justicia para garantizar el acceso efectivo a las mayorías, fortalecer la justicia territorial y orientar el modelo hacia la reparación, la paz, la protección de derechos humanos y la seguridad humana. • Para personas con discapacidad, implementar ajustes procedimentales y mediadores especializados en el sistema de justicia y revisar el enfoque territorial de la resolución 1197 de 2024 para procesos más justos y cercanos. • Fortalecer el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Luchar contra la impunidad en casos de violencia contra liderazgos sociales, autoridades étnicas y defensores de DDHH, garantizando justicia efectiva con seguimiento, indicadores y rendición de cuentas. Proteger testigos, víctimas y operadores de justicia para asegurar investigaciones eficaces y judicialización. • Fortalecer una justicia moderna, oportuna y territorial, cerrando la brecha entre el delito y la respuesta efectiva del Estado. Impulsar un modelo de justicia digital e interconectado para mayor rapidez y eficacia. Avanzar en la transformación del sistema penitenciario con enfoque de resocialización. • Crear tribunales especializados para garantizar justicia efectiva y oportuna a las víctimas de violencias basadas en género. • Garantizar la implementación efectiva de la Jurisdicción Especial Indígena, asegurando el ejercicio real de competencias en justicia desde los gobiernos propios. Impulsar una reforma constitucional que consagre explícitamente la condición de sujetos de derechos de las ciudadanías LGBTIQ+. • Fortalecer el acceso a la justicia laboral para los trabajadores, ampliando la capacidad y cobertura de la inspección laboral y creando una defensoría pública laboral. • Fortalecer la justicia agraria

Luchar contra la macro corrupción, empoderando a la ciudadanía en este combate. • Lucha frontal contra la macro-corrupción, creando un Sistema Nacional contra ella y una unidad de investigación en la Fiscalía. Fortalecer control, democratizar contratación (Ley 80 y JAC), devolver recursos robados, Ley de Austeridad Republicana, rebaja de salarios altos y perseguir grandes evasores. Tipificar la gran corrupción como delito grave sin beneficios. • Erradicar redes mafiosas en contratación pública, con un equipo especializado desde Presidencia para monitorear funcionarios. Prohibir la contratación directa con recursos de regalías. Garantizar auditorías ciudadanas rigurosas. Combatir la corrupción en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y en programas de alimentación y transporte escolar. Fortalecer control social en financiación educativa. • Crear mecanismos efectivos de inspección, vigilancia y control para el uso adecuado de los recursos culturales. Garantizar una gestión transparente de los programas de becas en CTeI. • Lucha firme contra la corrupción y el despilfarro de recursos en salud. Profundizar la transparencia mediante giro directo, validación de facturas, automatización de pagos y sanciones ejemplares. Blindar recursos públicos para discapacidad con plataforma de trazabilidad y veedurías ciudadanas. Cuidar recursos públicos y evitar la corrupción en pactos territoriales. • Erradicar toda forma de corrupción en la política de víctimas, combatiendo redes clientelares y mafias que trafican con derechos y recursos. Ser implacables contra quienes roben o manipulen estos recursos. Combatir la corrupción y la infiltración criminal en las instituciones con controles rigurosos y sanciones ejemplares. • Combatir la corrupción transnacional y como parte de las economías criminales. Fortalecer la articulación de inteligencia financiera, investigación criminal y control fiscal/tributario para identificar y desmantelar redes económicas que sustentan

Fortalecer la justicia ordinaria con un enfoque en la restauración y la paz, lo que implica la gestión y transformación de conflictos. • Transitar hacia la justicia restaurativa mediante la modificación y puesta en funcionamiento del Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción, canalizando bienes expropiados a redes criminales para resarcir los daños causados a comunidades vulneradas. • Fomentar la resolución pacífica de conflictos a través de la educación integral orientada a la paz, la verdad y la no repetición. • Orientar la ciencia, tecnología e innovación a la resolución de conflictos socioambientales. Promover espacios de convivencia y prevención de violencias a través del deporte. • Crear una comisión de armonización territorial e intercultural para garantizar el diálogo, prevenir y resolver conflictos. Implementar una política nacional de diálogo social como herramienta central para la gestión democrática de las conflictividades sociales, territoriales, ambientales y económicas, priorizando zonas de alta conflictividad. • Fortalecer los mecanismos de justicia alternativa, conciliación y resolución de conflictos. Consolidar las Inspecciones de Policía como espacios de resolución pacífica de conflictos y mediación comunitaria. Impulsar la justicia restaurativa en el modelo nacional de resocialización penitenciaria. • Consolidar la justicia agraria y rural para resolver democráticamente los conflictos sobre la tierra. • Utilizar el diálogo nacional como el camino más eficaz para acercar diferencias y construir consensos orientados a superar la desigualdad y desmantelar la corrupción, garantizando una paz incluyente. • Fortalecer mecanismos de justicia restaurativa y territorial. Promover la aplicación de la Ley de Utilidad Pública y medidas alternativas a la prisión, con justicia restaurativa para delitos menores. Impulsar una Ley Integral de Justicia Restaurativa aplicable en ámbitos penal, civil, familiar y comunitario, orientada a la reparación, reconci

Implementar una justicia que activamente reconozca y trabaje en la transformación de los territorios. • Fortalecer la justicia territorial como parte de una profunda transformación del sistema judicial, buscando garantizar el acceso efectivo a la justicia para las mayorías en todos los territorios. • Revisar el enfoque territorial incorporado en la resolución 1197 de 2024 para las personas con discapacidad, para asegurar procesos más justos, cercanos y respetuosos de la autonomía. • Impulsar la transferencia de poder real a las comunidades, fortaleciendo figuras como las Zonas de Reserva Campesina, los Consejos Comunitarios afrodescendientes y las Entidades Territoriales Indígenas y cabildos indígenas, lo que implica una mayor autonomía en la gestión de conflictos y derechos. • Fortalecer una justicia con enfoque territorial para acercar la justicia a las personas. Modernizar y articular las Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Casas de Justicia para que funcionen como infraestructura esencial de protección de la vida y atención de conflictos familiares y comunitarios. • Fortalecer la Jurisdicción Especial Indígena. Avanzar hacia una justicia centrada en la restauración de derechos con enfoque territorial y diferencial para niñez y adolescencia, y respetar la justicia propia de los pueblos étnicos. • Garantizar la implementación efectiva y articulada de la Jurisdicción Especial Indígena, asegurando el ejercicio real de competencias en justicia desde los gobiernos propios. Reconocer el derecho propio del pueblo Rrom. • Consolidar la justicia agraria y rural, fortaleciendo los Núcleos de Reforma Agraria y creando Distritos Agrarios que conecten redistribución, producción sostenible e infraestructura. • Impulsar la justicia territorial y ambiental como pilares de la política urbana y ambiental, buscando reducir desigualdades y garantizar el acceso equitativo a oportunidades y protección de los recursos naturales. • Diseñar e implementar una política naciona

Asegurar que el acceso a la justicia sea un derecho para todos y todas, y dignificar la función pública para que esté al servicio de la ciudadanía, implicando un sistema de justicia efectivo. • Crear un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción con una Unidad de Investigación especializada en la Fiscalía. Fortalecer la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para transformar bienes ilícitos recuperados en obras y servicios para la ciudadanía. • Articular de manera coherente las políticas de seguridad, paz, justicia y prevención, con un enfoque de transformación territorial, para permitir respuestas integrales, coordinadas y efectivas del Estado. • Fortalecer la articulación entre las entidades que integran el sistema de justicia y seguridad mediante la interoperabilidad de la información y el intercambio oportuno de datos entre las autoridades competentes, para mejorar la investigación criminal y agilizar procesos judiciales. • Fortalecer el gobierno propio de los pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros, consolidando sus autoridades y sistemas normativos como parte del orden institucional y garantizando formas efectivas de gobernanza. Reconocer las formas propias de organización social, gobierno y justicia del pueblo Rrom. • Consolidar un sistema judicial comprometido con la verdad y participación ciudadana. Modernizar el sistema de investigación y juzgamiento de aforados. Fortalecer la justicia ordinaria para investigar macrocriminalidad, DDHH, DIH y VBG. Crear el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Garantizar conectividad judicial digital en todo el territorio para modernizar acceso y eficiencia.

Priorizar la salud como un valor fundamental para la vida social y la acción gubernamental, buscando un enfoque que implicaría universalidad y amplia cobertura. • Defender la salud como un derecho fundamental y no como una mercancía, ampliando su acceso universal para todas las personas y revirtiendo la mercantilización de los servicios de salud. • Fortalecer la salud integral y las condiciones de seguridad del Magisterio, especialmente en territorios afectados por la violencia. • Garantizar el acceso universal, permanente y gratuito a la actividad física, la recreación, el deporte y la educación física, con una oferta pública suficiente y enfoque territorial, priorizando poblaciones históricamente excluidas. • Garantizar el acceso universal, oportuno y de calidad al derecho fundamental a la salud. Reducir barreras y desigualdades. Adoptar un plan de emergencia para el acceso efectivo y oportuno, incluyendo compra y distribución centralizada de medicamentos. Ampliar el acceso a servicios mediante una red nacional de transporte sanitario. • Visibilizar las condiciones de vida de las personas LGBTIQ+ para identificar brechas de acceso a la salud y orientar acciones efectivas contra la discriminación estructural. • Reformar los esquemas de cotización para que los trabajadores de la economía popular puedan acceder a salud. Mejorar la cobertura de salud para familias de clase popular y media, mujeres y comunidades que carecen de protección adecuada. • Incluir la provisión de servicios de salud como parte de un programa nacional de bienes y servicios rurales para transformar las condiciones de vida en el campo. • Asegurar que la vivienda digna esté conectada con oportunidades de salud, como parte de un entorno vital integral, aunque sin detallar acciones específicas de cobertura en salud.

Articular la salud como fundamento de la vida social y de la acción de gobierno, sugiriendo un modelo con fuerte intervención estatal y enfoque preventivo y social. • Revertir el modelo neoliberal que mercantilizó la salud, para establecerla como un derecho fundamental. Se busca una transformación ética que garantice este derecho por encima de lógicas de lucro. • Criticar el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud (Ley 100 de 1993) por su privatización y mercantilización. Integrar la actividad física y el deporte en las estrategias de salud pública para promover estilos de vida saludables y prevenir enfermedades. • Transformar el sistema hacia uno mixto con rectoría estatal que garantice el derecho fundamental a la salud. Establecer un modelo universal, preventivo, predictivo y resolutivo basado en Atención Primaria en Salud (APS) con enfoque intercultural y reconocimiento de saberes ancestrales. Eliminar esquemas de intermediación en el financiamiento. Fortalecer la participación social y comunitaria. • Garantizar salud física y emocional para las víctimas como parte de una reparación integral. Adoptar un enfoque de salud pública en la política de drogas, priorizando la reducción de riesgos y daños, y asegurando el derecho a la salud para usuarios y pacientes. • Abordar el consumo de drogas como un asunto de salud pública desde un enfoque de derechos humanos, prevención y reducción de daños. Blindar y robustecer técnicamente el Subsistema de Salud Militar y Policial. • Crear una red nacional de atención psicosocial para juventudes con presencia en colegios, universidades y Casas de Juventud, reconociendo la salud mental como derecho fundamental. Impulsar una política pública que articule la salud física, mental y emocional para NNA, incorporando la educación en salud sexual y reproductiva desde la escuela. • Garantizar la implementación efectiva del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural. Impulsar modelos de salud intercultural para pueblos af

Abordar la concentración de la oferta de salud en grandes ciudades para garantizar condiciones equitativas en todos los territorios. • Consolidar una red pública de salud con financiamiento estable, talento humano suficiente e infraestructura adecuada en todo el territorio. Fortalecer una red hospitalaria pública fuerte, moderna y presente en todo el país, orientada por criterios de rentabilidad social.

No se detallan propuestas específicas para el acceso o cobertura educativa, aunque se enmarca en la 'ampliación de derechos' y la centralidad del 'conocimiento'. • Defender la educación como un derecho fundamental, no una mercancía, y ampliar su acceso para que amplios sectores de la sociedad puedan gozar plenamente de este derecho, revirtiendo su privatización. • Garantizar el derecho a una educación pública integral desde la primera infancia hasta la educación superior. Ampliar coberturas en educación inicial. Ampliar la oferta en educación media (ruralidad y barrios populares). Ampliar y fortalecer la alfabetización y educación de jóvenes y adultos. Fortalecer la educación superior pública garantizando gratuidad, pertinencia y permanencia. Ampliar estrategias de acceso, permanencia y bienestar educativo, incluyendo multicampus universitarios. • Consolidar una estrategia de formación de alto nivel en CTeI, articulada con la industrialización y la transición energética. Impulsar programas de formación avanzada en Inteligencia Artificial. Articular el Estatuto del Talento Humano del Deporte con los sistemas de salud y educación, incluyendo formación continua. • Fortalecer el sistema educativo inclusivo para personas con discapacidad. Menciona la educación como un determinante social de la salud. • Garantizar el 100% de cobertura en educación superior para hijos del personal de la Fuerza Pública caído o con invalidez en servicio. Impulsar la educación y formación técnica como parte del modelo de resocialización penitenciaria. • Profundizar la matrícula cero, ampliar la presencia universitaria en regiones históricamente excluidas y fortalecer la educación técnica, tecnológica y científica. Impulsar multicampus universitarios en el campo y periferias urbanas, y consolidar programas de educación superior en los territorios. • Garantizar la implementación efectiva del Sistema Educativo Indígena Propio. Impulsar modelos de educación intercultural y consolidar universidade

Considerar el conocimiento y los saberes como eje central de la Revolución Ética, lo que implica un enfoque en la calidad educativa y curricular. • Promover educación integral, crítica, antirracista y anti-patriarcal. Garantizar calidad y pertinencia en educación inicial y formación integral. Implementar un currículo basado en proyectos pedagógicos que impulsen investigación, creatividad y aprendizaje significativo. Fortalecer el reconocimiento de sistemas de conocimiento propios y educación libre de discriminación. Promover formación artística y cultural. Impulsar un Sistema Nacional de Formación Docente territorial, intercultural y flexible. • Impulsar la profesionalización de etnoeducadores y consolidar universidades con enfoque diferencial. Consolidar una cultura de reconocimiento de la diversidad a través de la educación, incluyendo enfoques diferenciales en contenidos y fortaleciendo el Sistema Nacional de Convivencia Escolar con formación en DDHH, educación sexual integral y prevención de VBG. • Implementar medidas educativas para erradicar los prejuicios sobre identidades y orientaciones sexuales en el sistema educativo, consolidando una cultura de respeto, libertad e inclusión de la diversidad sexual y de género. • Fortalecer la formación para jóvenes rurales con apoyo del SENA, incluyendo investigación aplicada, economía solidaria y tecnologías digitales. • Fortalecer el SENA con currículos actualizados y mayor articulación con universidades para la formación tecnológica. Impulsar capacidades en inteligencia artificial, programación, desarrollo de software y bilingüismo. • Incorporar la educación climática, ambiental y de protección animal en escuelas, colegios y universidades, promoviendo una nueva conciencia ciudadana basada en la empatía y el respeto por todas las formas de vida.

Mejorar la infraestructura educativa con acceso a agua, saneamiento, energía, conectividad y dotación adecuada, priorizando zonas rurales y barrios populares. Construir y dotar 80 proyectos de infraestructura de educación superior. Promover proyectos sostenibles e innovadores que fortalezcan la regionalización de la educación pública. • Construir o mejorar escuelas como parte de los proyectos en los pactos territoriales. • Garantizar un Programa de Alimentación Escolar (PAE) con cobertura universal desde el primer día del calendario académico y continuidad durante los periodos no escolares, asegurando canastas alimentarias para niños en condiciones de vulnerabilidad.

Impulsar una transición energética justa y soberana. Transformar el modelo minero hacia la soberanía energética, priorizando una matriz orientada a la vida, la naturaleza y la crisis climática. • Transicionar de un modelo extractivista dependiente de la extracción y concentración de recursos a una economía diversificada, sostenible y generadora de valor agregado desde los territorios, impulsando la transición energética y la bioeconomía. • Orientar parte de las regalías a proveer energía eléctrica, incluyendo energías sostenibles como la solar, a municipios marginados. Articular la educación superior con la transición energética. • Orientar esfuerzos de CTeI al fortalecimiento de la economía campesina, el sector agropecuario y la transición energética. • Impulsar las energías limpias con enfoque territorial e intercultural, respetando las decisiones de los gobiernos propios y los planes de vida indígenas. • Superar el modelo extractivista, avanzando hacia una economía más diversificada y productiva, con un enfoque en la transición energética justa. • Priorizar la inversión pública en proyectos de gran escala en transición energética para conectar física y digitalmente los territorios. • Impulsar una matriz energética basada en fuentes renovables, reduciendo progresivamente la dependencia del petróleo y del carbón. Promover un nuevo ciclo de industrialización con eficiencia energética y fortalecer sectores estratégicos de energía. • Superar el modelo minero energético que debilitó la industria y expuso el país a la volatilidad internacional, para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo y soberanía energética. No privatizar Ecopetrol, consolidándola como una empresa multienergética de hidrocarburos y energías limpias. Democratizar la energía como derecho fundamental. • Definir una agenda temática para el Acuerdo Nacional que incluya las transformaciones territoriales y la transición energética.

Implementar una transición energética justa y soberana como parte de una Revolución Socioambiental. • Impulsar una transición energética justa y soberana como eje estructural del modelo de desarrollo, fomentando nuevas economías asociadas a esta transición y a la bioeconomía, y descarbonizando la economía. • Usar recursos de regalías para llevar energías sostenibles (como la solar) a municipios marginados. Articular la educación superior con la transición energética. • Orientar la ciencia, tecnología e innovación hacia la transición energética. Articular la formación de alto nivel en CTeI con la transición energética. • Impulsar las energías limpias con enfoque territorial e intercultural, respetando las decisiones de los gobiernos propios y los planes de vida indígenas. • Impulsar una transición ecológica justa que proteja la naturaleza y enfrente la crisis climática, garantizando un desarrollo sostenible. La transición energética es un sector priorizado en la política de reindustrialización. • Priorizar la inversión pública en proyectos de gran escala en transición energética. Impulsar una transición laboral y tecnológica justa que proteja a los trabajadores de los cambios derivados de la crisis climática, generando nuevas capacidades productivas y derechos laborales. • Impulsar un ambicioso programa de transición energética que promueva comunidades energéticas, generación distribuida, proyectos solares y eólicos, aprovechamiento de biomasa y nuevas tecnologías limpias para reducir costos y emisiones de GEI. La transición será productiva y democrática. • Impulsar una transición energética justa y productiva para superar la dependencia de combustibles fósiles, hacia una matriz más limpia y diversa. Acelerar el cambio con al menos 10 GW de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) como solar y eólica. Crear la Agencia Nacional de Energía para coordinar y acelerar la transición. • Incluir la transición energética como parte de las transformaciones fundam

Destinar el 80% de los fondos de regalías a resolver las necesidades más urgentes, incluyendo el acceso a energía eléctrica en municipios históricamente marginados. • Asegurar "energía eléctrica confiable" como parte del "triángulo dorado para la prosperidad" en la Revolución de los Territorios. • Incluir la conectividad energética como parte de la inversión para el desarrollo rural en territorios de cultivos ilícitos, junto con vías terciarias. • El Estado articulará la infraestructura energética con un direccionamiento estratégico de alto nivel para impulsar cadenas de valor específicas en la política industrial. • Incluir la provisión de energía eléctrica como parte de un gran programa nacional de bienes y servicios rurales para transformar las condiciones de vida en el campo. • Promover la generación distribuida y proyectos de energía solar y eólica, así como el aprovechamiento de biomasa, lo que implica desarrollo y adaptación de infraestructura energética para un modelo más descentralizado y sostenible. • Expandir la infraestructura energética y democratizar el acceso mediante la creación masiva de comunidades energéticas en barrios populares, resguardos indígenas y zonas rurales, permitiendo la producción propia de energía solar y eólica.

Defender el agua como pilar de un nuevo proyecto nacional. Utilizar los recursos recuperados de la corrupción para financiar obras esenciales como acueductos, mejorando la calidad de vida de las comunidades. • Destinar el 80% de los fondos de regalías a resolver las necesidades más urgentes, incluyendo el acceso a agua potable en municipios históricamente marginados. Mejorar la infraestructura educativa con acceso a agua y saneamiento. • Promover estándares sostenibles para eventos que incluyan gestión de agua. Impulsar una ciencia que contribuya al ordenamiento alrededor del agua. • Garantizar "acceso universal al agua potable y saneamiento básico" como parte fundamental del "triángulo dorado para la prosperidad" y como un determinante social de la salud. • Garantizar inversión en agua en los territorios como parte de las condiciones de dignidad y las soluciones duraderas para las víctimas. • Promover condiciones reales para la permanencia digna de las mujeres en el campo mediante acceso a servicios públicos, incluyendo el agua. Abordar la falta de acceso a servicios básicos como el agua para la niñez como parte de la superación de desigualdades estructurales. • Garantizar la ejecución coordinada de inversiones en agua potable para pueblos afrodescendientes. Ampliar los servicios públicos en barrios urbanos para afrodescendientes. Proteger el agua, la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos para pueblos indígenas. • Incluir la provisión de agua potable como parte de un programa nacional de bienes y servicios rurales. Impulsar sistemas agroecológicos que protejan el agua y prevengan su contaminación. • Reconocer el agua como derecho y bien común. Impulsar esquemas participativos de ordenamiento alrededor del agua, Consejos Territoriales del Agua, y acceso equitativo a riego, agua potable y saneamiento básico para comunidades rurales. • Garantizar el acceso universal al agua potable y saneamiento básico, especialmente en territorios excluidos. Eliminar progresiv

Transformar el hábitat y la vivienda para garantizar el derecho a vivir con dignidad. • Ampliar el acceso a la vivienda como parte de un nuevo pacto social que garantice derechos y bienestar para las mayorías, buscando superar las desigualdades históricas. • Mencionar la "vivienda digna" como un determinante social de la salud. • Garantizar inversión en vivienda en los territorios como parte de las condiciones de dignidad y las soluciones duraderas para las víctimas. • Crear un fondo de vivienda preferencial descentralizado para los integrantes de la Fuerza Pública. • Promover condiciones reales para la permanencia digna de las mujeres en el campo mediante acceso a vivienda, conectividad, servicios públicos e independencia económica. • Implementar una estrategia nacional de reparación histórica para el cierre de brechas raciales en vivienda para afrodescendientes. Desarrollar una política nacional de vivienda digna en contextos urbanos, orientada al mejoramiento integral de barrios, ampliación de servicios públicos, legalización de asentamientos y acceso a subsidios. Fortalecer el acceso a vivienda con enfoque diferencial para el pueblo Rrom. • Crear mecanismos para otorgar crédito en condiciones asequibles para vivienda, como parte de la reforma de la banca pública al servicio de la producción y el empleo. • Garantizar el derecho a la vivienda a través del pacto social. • Lanzar el 'Programa Nacional de Vivienda Digna, Adecuada y Asequible 2026-2030' para construir 360.000 viviendas nuevas, 200.000 soluciones de construcción en sitio propio, 720.000 mejoramientos, 80.000 soluciones de reuso y 120.000 cupos de arrendamiento social. Promoverá múltiples formas de acceso al hábitat más allá de la propiedad tradicional. • Incorporar las voces ciudadanas en la definición de políticas públicas y transformaciones necesarias, incluyendo asuntos fundamentales como la vivienda y la planificación urbana.

Impulsar una revolución urbana y de vivienda enfocada en la vida, la igualdad y la transformación territorial. Fomentar ciudades sostenibles para enfrentar la crisis climática y proteger la vida. • Priorizar la ampliación de la oferta educativa en la educación media y el mejoramiento de la infraestructura educativa en barrios populares urbanos. Promover el acceso a educación superior digna para jóvenes de barrios. • Impulsar proyectos culturales liderados por jóvenes en contextos urbanos, especialmente barrios periféricos, como estrategia de transformación social. • Recuperar el espacio público en barrios y ciudades, transformándolos en espacios de vida, encuentro y convivencia, a través de una política de seguridad ciudadana articulada con gobiernos locales y el trabajo conjunto Policía-organizaciones sociales. • Desarrollar una política nacional de vivienda digna en contextos urbanos, orientada al mejoramiento integral de barrios, la ampliación de servicios públicos y la legalización de asentamientos para comunidades afrodescendientes. • Ampliar programas sociales como Renta Joven y Kits Escolares a jóvenes y niños de las periferias urbanas. Realizar compras públicas directas de alimentos a comunidades de periferias urbanas. • Integrar espacios para economías pesqueras comunitarias en la transformación productiva de grandes puertos. Articular inversiones en infraestructura y embellecimiento de municipios estratégicos para el turismo. • Impulsar una 'Revolución Urbana' para crear ciudades justas, compactas, seguras y sostenibles. Democratizar el acceso al suelo urbano y garantizar vivienda digna. Implementar un 'Programa Nacional de Mejoramiento Integral de Barrios y Hábitat Popular' con participación comunitaria. Crear un Sistema Nacional de Suelo y Hábitat para gestionar el suelo en función del interés general. • Incorporar las voces ciudadanas en la definición de políticas públicas y transformaciones necesarias, incluyendo la planificación urbana, junto con segu

Liderar una Revolución Socioambiental que ponga en el centro la vida y la naturaleza, abordando la crisis climática y defendiendo los derechos de los animales, y que respete y proteja la vida de todas las especies. • Proponer una nueva relación con la naturaleza orientada al cuidado de la vida, la defensa del agua y la protección de la biodiversidad, superando el modelo extractivista que destruye ecosistemas y compromete la vida. • Promover una educación que contribuya a una sociedad con justicia social y ambiental, y fomente el cuidado de la naturaleza. Formar líderes comprometidos con la protección ambiental de sus territorios. • Proteger los patrimonios bioculturales, salvaguardando la diversidad y la relación con los ecosistemas. Integrar políticas culturales y ambientales, promoviendo la economía circular e infraestructura verde. Impulsar una ciencia comprometida con la justicia ambiental y la protección territorial, resguardando saberes ancestrales contra la biopiratería. • Mencionar un "ambiente sano" como un determinante social de la salud. • Promover 'economías de vida' para sustituir el extractivismo en la Amazonía y el Pacífico. Abordar los graves impactos ambientales del prohibicionismo y las políticas de erradicación. Impulsar prácticas agroecológicas y procesos de restauración ambiental en el desarrollo rural, en armonía con la naturaleza. • Utilizar tecnologías aeroespaciales y satelitales (a través del Centro de Operaciones Espaciales) para el monitoreo ambiental. Poner la inteligencia del Estado al servicio de la naturaleza, además de la vida y la paz. • Reconocer el papel de las mujeres campesinas, rurales, indígenas, afrodescendientes y pescadoras como cuidadoras históricas de la biodiversidad, del agua y de los territorios. Fortalecer el papel de los pueblos indígenas como autoridades ambientales y guardianes de la biodiversidad mediante la Política Ambiental de los Pueblos Indígenas y el Decreto 1275 de 2024, fortaleciendo su participación en la

Enfrentar la crisis climática a través de una Revolución Socioambiental y promoviendo ciudades sostenibles. Impulsar una bioeconomía como parte de esta revolución ambiental. • Incorporar una profunda dimensión ambiental para enfrentar la crisis climática, proteger los ecosistemas y avanzar hacia una transición energética justa y soberana, haciendo de la lucha contra el cambio climático un eje estructural del desarrollo. • Incorporar el enfoque de género en la acción climática como parte de una Política Exterior Feminista y de cooperación internacional. • Impulsar una transición ecológica justa que proteja la naturaleza, enfrente la crisis climática y garantice un desarrollo sostenible para las próximas generaciones. • Impulsar una transición laboral y tecnológica justa que proteja a los trabajadores frente a los cambios derivados de la crisis climática, garantizando que la modernización económica no profundice la exclusión. • Reconocer el aporte del campesinado a la resiliencia al cambio climático, impulsando la dimensión ambiental de su producción. • La Revolución Agraria será también una política de adaptación climática. • Construir ciudades sostenibles y resilientes al cambio climático. Impulsar una 'Revolución Ambiental' y 'transición ecológica con justicia social'. Reducir las emisiones de GEI mediante un programa de transición energética. Superar la desarticulación institucional en políticas de cambio climático y gestión del riesgo. Ordenar el territorio alrededor del agua. • Reestructurar el sistema de servicios públicos y la ley de servicios públicos para adaptarlos y fortalecerlos ante la crisis climática, incorporando mecanismos de adaptación y mitigación. Transformar la institucionalidad ambiental y de gestión del riesgo para una respuesta integral a la crisis climática y fortalecer la planeación climática. • Consolidar a Colombia como un actor comprometido con la justicia climática en el escenario global. Liderar una diplomacia ambiental basada en la jus

Impulsar una verdadera revolución agraria para convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria, fortaleciendo la economía campesina y garantizando la soberanía alimentaria para millones de personas. • Orientar esfuerzos de CTeI al fortalecimiento de la economía campesina y el sector agropecuario. Articular la formación de alto nivel en CTeI con la revolución agraria. • Articular la "Revolución de los Territorios" con la "Revolución Agraria" para garantizar tierra, producción, empleo digno y bienestar en el campo. Implementar el Plan Nacional de Salud Rural. • Fortalecer las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Articular el desarrollo de los 16 planes de la Reforma Rural Integral. Garantizar el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, el fortalecimiento de la asociatividad y mercados justos, en el marco de una 'Revolución Agraria' y el desarrollo rural sostenible. • Garantizar el acceso efectivo a tierra, titulación, asistencia técnica, formación e insumos productivos para las mujeres rurales y campesinas, en el marco de una 'Revolución Agraria'. • Reafirmar títulos, sanear y ampliar territorialmente los territorios indígenas, incluyendo la protección de pueblos fronterizos y en aislamiento. Acelerar la titulación colectiva, ampliación, saneamiento y protección jurídica de los territorios colectivos de las comunidades negras. • Profundizar la reforma agraria gestionando 1 millón de hectáreas adicionales y poniéndolas a producir con acompañamiento técnico, crédito, infraestructura y agroindustria campesina. Redistribuir tierras fértiles concentradas, restituir tierras despojadas y recuperar activos productivos estratégicos para la economía rural. • Acelerar la formalización del empleo con énfasis en trabajadores rurales. Acelerar el catastro multipropósito como instrumento de justicia territorial, fortaleciendo el impuesto predial. • Profundizar la reforma agraria y avanzar hacia una revolución agraria que democratice la tierra. Redistribuir tierras fér

Impulsar una Revolución Agraria para combatir el hambre y posicionar a Colombia como una potencia agroalimentaria, central para el desarrollo nacional. • Garantizar la soberanía alimentaria para millones de personas mediante una revolución agraria que fortalezca la economía campesina y la producción nacional. • Articular la educación superior con modelos productivos para aportar a la soberanía alimentaria, la economía campesina y el sector agropecuario. Priorizar una alimentación escolar comunitaria, de calidad y con enfoque de soberanía alimentaria. • Mencionar la "alimentación adecuada" como un determinante social de la salud. • Transformar la hoja de coca, marihuana y amapola en oportunidades con valor agregado, impulsando alternativas alimenticias y productivas. Impulsar una transformación productiva que permita a las comunidades vivir de la legalidad con dignidad, mediante economías rurales diversas y sostenibles. • Impulsar la producción agroecológica y la soberanía alimentaria desde una visión feminista y comunitaria del territorio. • Fortalecer la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. Impulsar la producción agroecológica, sistemas productivos tradicionales y sistemas alimentarios propios. • Crear la Alianza Nacional Alimentaria (ANA), una entidad público-privado-popular, para articular la producción campesina con el consumo nacional, eliminar intermediarios, asegurar precios justos, estimular la producción agroalimentaria, gestionar reservas estratégicas y abastecer programas sociales como el PAE. • Convertir a Colombia en potencia agroalimentaria y garantizar soberanía alimentaria, reduciendo el costo de la canasta básica. Fortalecer el Sistema Nacional de Abastecimiento Agroalimentario y de Revolución contra el Hambre. Reducir la importación de alimentos y reactivar cadenas productivas estratégicas. • Proteger ecosistemas agroalimentarios para la seguridad alimentaria. Impulsar sistemas diversificados de policultivos, transición agroecológica y p

Desarrollar infraestructura para la integración regional como parte de la 'Revolución Social y Económica' orientada a la diversificación productiva y el bienestar colectivo. • Destinar el 80% de los fondos de regalías a resolver las necesidades urgentes, incluyendo el acceso a vías terciarias en municipios históricamente marginados. Implementar sistemas de transporte escolar pertinentes a las realidades territoriales con controles anticorrupción. • Promover estándares sostenibles para eventos que incluyan gestión de movilidad. • Desarrollar una red sólida de vías terciarias ("vías para la paz") para conectar territorios excluidos, con la participación de comunidades y Juntas de Acción Comunal. Poner en funcionamiento el Instituto Nacional de Vías Regionales. Ampliar el acceso a servicios de salud mediante una red nacional de transporte sanitario. • Asegurar inversión en vías terciarias como parte del desarrollo rural en los territorios donde se cultivan sustancias ilícitas, garantizando condiciones reales para su viabilidad. • Impulsar la industrialización del puerto de Buenaventura. Cerrar las brechas de conectividad que limitan el desarrollo de los territorios indígenas. Garantizar la ejecución coordinada de inversiones en conectividad para pueblos afrodescendientes. • Realizar inversión a gran escala en infraestructura para conectar física y digitalmente los territorios con centros de producción y consumo. • Invertir en infraestructura para conectar las regiones. Impulsar un ambicioso Plan Nacional de Construcción de Vías Terciarias para veredas y territorios excluidos. • Actualizar la normativa de tránsito y transporte, reformando reglamentos de transporte terrestre y el Código Nacional de Tránsito para que el Estado recupere el control regulatorio. Promover la movilidad limpia y segura, disminuyendo costos parafiscales para conductores. • Implementar un programa integral para sustituir definitivamente los vehículos de tracción animal, garantizando alternativas

Articular la ciencia, tecnología e innovación con las revoluciones propuestas, aunque no se especifican los mecanismos de financiación. • Superar las restricciones estructurales de financiamiento de CTeI mediante la movilización de recursos internacionales y el fortalecimiento institucional. Reglamentar la reinversión de beneficios de propiedad intelectual financiada públicamente. Optimizar incentivos tributarios para pequeñas empresas y emprendimientos de base tecnológica. • Crear el Fondo Nacional de Innovación Digital para financiar soluciones tecnológicas propias con pertinencia social y territorial, y promover incentivos a empresas que produzcan tecnología en el país. • Impulsar proyectos estratégicos de innovación, restauración ecológica y emprendimientos verdes, fortaleciendo las capacidades del sector empresarial y las economías populares en bioeconomía, promoviendo la transferencia tecnológica.

Consolidar una estrategia de formación de alto nivel en CTeI, orientando maestrías, doctorados y posdoctorados hacia la transformación productiva. Garantizar la gestión transparente de programas de becas y promover el retorno social del conocimiento del talento calificado. Impulsar programas de formación avanzada en Inteligencia Artificial. • Impulsar una política nacional de cualificación del talento humano en salud para aumentar el número de profesionales, asegurar su distribución equitativa y fortalecer una formación pertinente (salud familiar, comunitaria e intercultural). • Avanzar hacia una economía basada en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Fortalecer la formación de talento como parte de la política industrial para aumentar la diversificación y productividad. • Alinear la formación del SENA con la política industrial para anticipar la demanda de talento en cadenas de valor estratégicas. Fortalecer mecanismos de formación y capacitación para que jóvenes se integren a dinámicas productivas, científicas y tecnológicas. Profesionalizar cuidadoras con formación del SENA. • Fortalecer la investigación aplicada y la formación con apoyo del SENA, junto con el uso de tecnologías, para abrir oportunidades a la juventud rural. • Crear el Programa Nacional de Empleabilidad Digital para democratizar el acceso a la formación tecnológica. Fortalecer el SENA y expandir centros PotencIA para impulsar capacidades en IA, programación y desarrollo de software. • Generar conocimiento a través de proyectos de bioeconomía y fortalecer los saberes ancestrales y comunitarios como parte fundamental de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de nuevos sectores productivos.

Fortalecer las capacidades nacionales en Inteligencia Artificial mediante el desarrollo de infraestructura de cómputo, datos y modelos propios, así como una nube pública interoperable y repositorios de datos con gobernanza segura. • Fortalecer la investigación, innovación y desarrollo tecnológico del sector defensa como pilares de soberanía nacional. Impulsar capacidades propias en construcción de buques (Cotecmar), tecnologías aeroespaciales/satelitales (Fuerza Aeroespacial, Centro de Operaciones Espaciales) e industria militar nacional (Indumil). • Articular a universidades e institutos de investigación dentro del Sistema Nacional de Bioeconomía para impulsar la innovación, la investigación y el desarrollo de cadenas de valor agregado en sectores estratégicos.

Establecer un acuerdo digital nacional para poner la tecnología al servicio de la gente y utilizar la economía digital como instrumento de justicia social, lo cual implica mejorar la conectividad y reducir la brecha digital. • Democratizar la conectividad digital para reducir desigualdades y ampliar derechos, como parte del impulso a nuevas economías y la 'Revolución Social y Económica'. • Destinar el 80% de los fondos de regalías a resolver las necesidades urgentes, incluyendo conectividad efectiva en municipios históricamente marginados. Mejorar la infraestructura educativa con acceso a conectividad. • Garantizar conectividad universal para cerrar las brechas históricas entre el campo y la ciudad, especialmente para las juventudes y la niñez. • Cerrar las brechas de conectividad que limitan el desarrollo de los territorios indígenas. Garantizar financiación para medios comunitarios y étnicos y ampliar el acceso al espectro radioeléctrico. Garantizar la ejecución coordinada de inversiones en conectividad para pueblos afrodescendientes. • El Estado articulará la infraestructura digital con un direccionamiento estratégico de alto nivel para impulsar cadenas de valor específicas en la política industrial. • Reducir la brecha digital y aumentar la cobertura de internet, especialmente en hogares rurales. Impulsar la inversión pública en conectividad digital, incluyendo una red nacional de Hubs Digitales Regionales y centros de datos nacionales. • Incluir la conectividad como parte de un programa nacional de bienes y servicios rurales para transformar las condiciones de vida en el campo. • Cerrar la brecha digital, especialmente en zonas rurales y dispersas, como un compromiso de justicia social. Desplegar una infraestructura de conectividad robusta y descentralizada, incluyendo fibra óptica, última milla, redes comunitarias e ISP regionales y puntos públicos gratuitos de acceso a Internet. • Proveer a las economías populares, comunitarias y cooperativas acceso a herrami

Utilizar la economía digital como un instrumento fundamental para la justicia social y para impulsar la transformación del país. • Reconocer el papel estratégico de la economía digital en la construcción de una nueva prosperidad democrática y convertir la tecnología en una herramienta para reducir desigualdades y ampliar derechos. • Impulsar la transformación digital de la justicia mediante la modernización de los sistemas de gestión judicial, la digitalización de expedientes y la incorporación de herramientas tecnológicas para reducir la congestión, optimizar tiempos y facilitar el acceso de los ciudadanos. • Fortalecer la participación de los pueblos étnicos en la definición de políticas de comunicación, innovación digital e inteligencia artificial. • Definir una hoja de ruta para que la tecnología sea un instrumento de justicia social y desarrollo a través de un Acuerdo Digital Nacional. Crear un marco regulatorio para la economía digital y de plataformas que garantice derechos laborales y protección social. Utilizar la digitalización para modernizar el recaudo y combatir la evasión. • Utilizar herramientas digitales como parte del soporte técnico y tecnológico para la producción agropecuaria, abriendo oportunidades para la juventud rural. • Impulsar la economía digital como motor de empleo y fortalecimiento de la economía popular. Consolidar un ecosistema integral con infraestructura, servicios/aplicaciones TIC y fortalecimiento de capacidades. Convertir a Colombia en un Hub Digital Regional para América Latina. Impulsar una política industrial digital para transformar a Colombia en productor de tecnología. • Potenciar la productividad de las economías populares y comunitarias mediante el acceso a herramientas digitales y el desarrollo de nuevas capacidades productivas, en el marco de una economía basada en el conocimiento y la biodiversidad.

Las propuestas se centran en la tecnología e innovación en general para el servicio de la gente y la justicia social, sin especificar tecnologías emergentes. • Fortalecer la capacidad tecnológica del gobierno mediante el uso de blockchain en la contratación pública y modelos avanzados de Inteligencia Artificial (IA) para la prevención y combate de la corrupción. • Implementar una Política Nacional de Inteligencia Artificial centrada en la dignidad humana, la igualdad y la justicia social. Fomentar programas de formación y creación en artes expandidas, artes visuales con uso de tecnologías y prácticas multimediales. • Utilizar Big Data e inteligencia artificial para garantizar calidad, eficiencia y manejo transparente de recursos en el sistema de salud. Apoyar un sistema único público de información en salud con tecnologías digitales e IA para mejorar la gestión, atención y prevenir el fraude. • Modernizar los sistemas de control portuario y aduanero impulsando el uso de tecnologías avanzadas para la detección de actividades ilícitas. Utilizar tecnologías aeroespaciales y satelitales para seguridad y monitoreo ambiental. Complementar capacidades institucionales con respuesta tecnológica en seguridad ciudadana. • Fortalecer la participación de los pueblos étnicos en la definición de las políticas de inteligencia artificial. • Impulsar la transferencia tecnológica y el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas para el país como parte de la política industrial ambiciosa. • Crear capacidades tecnológicas propias con la infraestructura pública necesaria para aprovechar las oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial. • Incorporar tecnologías avanzadas como la agricultura de precisión para mejorar la producción agropecuaria y ofrecer nuevas oportunidades a la juventud rural. • Profundizar la Política Nacional de Inteligencia Artificial para el desarrollo social y la soberanía tecnológica, impulsando capacidades en infraestructura, investigación, datos y talento di

Buscar un acuerdo digital nacional que ponga la tecnología al servicio de la gente y que utilice la economía digital como un instrumento de justicia social, promoviendo así la inclusión y el cierre de brechas digitales. • Democratizar el acceso al conocimiento y utilizar la tecnología como una herramienta para reducir desigualdades y ampliar derechos, fomentando una mayor inclusión digital para todos los colombianos. • Garantizar el despliegue de la Inteligencia Artificial en los territorios para cerrar brechas y democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo capacidades del Estado y consolidando un modelo de desarrollo basado en innovación y soberanía tecnológica. • Implementar estándares de accesibilidad digital (WCAG) para garantizar entornos inclusivos para personas con discapacidad. • Garantizar alfabetización digital para cerrar las brechas históricas entre el campo y la ciudad, especialmente para las juventudes y la niñez, para que tengan acceso efectivo a herramientas de autocuidado, autonomía y construcción de proyectos de vida. • Cerrar las brechas de conectividad que limitan el desarrollo de los territorios indígenas. • Impulsar un Programa Nacional de Empleabilidad Digital, con el SENA como eje, enfocado en formar en habilidades digitales (programación, transición energética) a trabajadores informales, campesinos, mujeres y jóvenes con enfoque territorial. Regular el trabajo en plataformas para la inclusión de mujeres, jóvenes y trabajadores rurales. • Cerrar la brecha digital como compromiso de justicia social e integración territorial. Promover la formación, innovación y apropiación tecnológica para comunidades, jóvenes y sectores excluidos a través de Hubs Digitales. Impulsar campañas masivas de alfabetización digital con enfoque territorial, étnico y de género, incluyendo programas rurales.

Fortalecer la interoperabilidad de datos públicos, la analítica de datos, big data, y crear un sistema de alertas tempranas que rastree el gasto público en tiempo real, todo ello para la lucha contra la corrupción. • Modernizar los sistemas de información de las Secretarías de Educación para una gestión descentralizada, transparente y orientada al cierre de brechas y la lucha contra la corrupción. • Desarrollar infraestructura de cómputo y datos, una nube pública interoperable y repositorios de datos con gobernanza segura como parte de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. • Implementar una plataforma pública de trazabilidad del gasto para discapacidad. Poner en marcha un sistema único público de información en salud, interoperable y en tiempo real. • Fortalecer la interoperabilidad de la información y el intercambio oportuno de datos entre las entidades responsables de la seguridad, justicia y protección de derechos. Impulsar una estrategia nacional de prevención inteligente basada en el análisis de información y la identificación temprana de riesgos. • Fortalecer la producción de información estadística con enfoque diferencial y participativo para visibilizar las condiciones de vida del pueblo Rrom y superar barreras de exclusión de sistemas de información pública. Fortalecer la incorporación del enfoque diferencial en los sistemas de información del Estado para personas LGBTIQ+. • Fortalecer la incorporación de variables de diversidad sexual y de género en los sistemas de información del Estado para garantizar políticas públicas basadas en datos reales y completos, visibilizando las condiciones de vida de las personas LGBTIQ+. • Retomar el control soberano sobre los datos y la información. Crear centros de datos nacionales que garanticen soberanía tecnológica y conectividad. • Fortalecer el procesamiento soberano de la información a través de una red nacional de Hubs Digitales. Garantizar la protección de datos y promover transparencia y trazabilidad e

Impulsar el avance en tecnologías aeroespaciales y satelitales de la Fuerza Aeroespacial a través del Centro de Operaciones Espaciales, con desarrollo y operación de activos propios orientados a la seguridad, el monitoreo ambiental y la autonomía tecnológica.

Acabar con la pobreza y la desigualdad, y superar la exclusión, como objetivos centrales del gobierno para construir prosperidad para todos y todas. • Situar la superación de la pobreza y la desigualdad en el centro de la acción pública, priorizando a los sectores más empobrecidos, pueblos étnicos, mujeres, juventudes y víctimas del conflicto para garantizar dignidad y justicia social. • Orientar el 80% de las regalías a resolver las necesidades más urgentes de la población en municipios históricamente marginados, priorizando agua potable, vías terciarias y energía eléctrica, para generar bienestar y justicia social. • Priorizar el acceso a la actividad física, recreación y deporte para poblaciones y territorios históricamente excluidos. • Priorizar la 'Renta Básica' para personas con discapacidad en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad, incluyendo víctimas del conflicto y pueblos étnicos. Enfocar la 'Revolución de los Territorios' en regiones más empobrecidas. • Abordar la inseguridad reconociéndola como expresión de profundas desigualdades sociales, exclusión y débil presencia institucional, impulsando una acción integral del Estado que combine seguridad, justicia, desarrollo y oportunidades para las comunidades. • Abordar las cargas de pobreza, violencia y exclusión que soportan las mujeres (incluyendo la feminización de la pobreza), la pobreza multidimensional juvenil y en la niñez, y la pobreza territorial que afecta a los pueblos étnicos. Esto se logrará mediante reformas para la redistribución de la riqueza, cierre de brechas y generación de oportunidades económicas justas. • Combatir la pobreza y exclusión que afectan a las personas LGBTIQ+ fortaleciendo el enfoque diferencial en los sistemas de información del Estado. Abordar la pobreza en comunidades afrodescendientes urbanas. • Impulsar una revolución económica y social para acabar con la pobreza y reducir la desigualdad. Profundizar un modelo económico que vincule el crecimiento con la reducci

Fortalecer la protección social como parte de un nuevo pacto social que garantice derechos y bienestar para las mayorías, aunque no especifica mecanismos de transferencias directas. • Fortalecer fondos poblacionales a través de la reforma del ICETEX, facilitando la condonación de deudas a quienes más lo necesitan y promoviendo esquemas de cofinanciación para el acceso a programas de posgrado. • Impulsar una renta básica para las personas con discapacidad, especialmente para aquellas en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado y personas pertenecientes a pueblos étnicos. • Fortalecer programas como Renta Joven, garantizando transferencias dignas para jóvenes que estudien, participen en procesos comunitarios o impulsen iniciativas de transformación territorial, priorizando juventudes rurales, indígenas, afrodescendientes y de barrios populares. • Ampliar y fortalecer Colombia Mayor, aumentando en un millón el número de beneficiarios y fortaleciendo el bono pensional. Fortalecer Renta Joven con transferencias mensuales para jóvenes. Ampliar Renta Ciudadana duplicando su cobertura (a 1.6 millones de familias) y articulándola con la economía popular. Implementar plenamente la renta para personas con discapacidad establecida en la Ley 2426 de 2025. • Ampliar y fortalecer Colombia Mayor para 4.2 millones de adultos mayores con bono pensional. Fortalecer Renta Joven con transferencias de 800 mil a 1 millón para miles de jóvenes. Duplicar cobertura de Renta Ciudadana a 1.6 millones de familias. Implementar renta para personas con discapacidad.

Impulsar una Revolución Ética por la dignidad de las mujeres y la superación del patriarcado. Reconocer el aporte económico de las mujeres como un acto de justicia y condición para el desarrollo del país. • Luchar contra el racismo, el clasismo y el patriarcado. Reconocer el papel estratégico de las mujeres en el desarrollo nacional, situándolas en el centro de la acción pública para garantizar la justicia social y reducir desigualdades. • Promover una educación anti-patriarcal para una sociedad incluyente. Reconocer y fortalecer la participación de las mujeres como protagonistas en la preservación del patrimonio cultural, apoyando iniciativas lideradas por ellas en los territorios. • Impulsar reformas que fortalezcan la equidad en la inversión cultural. Abordar las desigualdades de género en la política de actividad física, recreación y deporte. • Reconocer el trabajo de cuidado como esencial y establecer mecanismos de compensación económica para las personas cuidadoras y para las mujeres gestantes que no cotizan, visibilizando una actividad asumida desproporcionadamente por las mujeres. • Fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, desarrollando la 'ley de mujeres buscadoras'. Se hará un reconocimiento especial del impacto diferenciado de la violencia en pueblos étnicos, incluyendo a las mujeres. • Impulsar el cuidado de las mujeres y la prevención de VBG. Ampliar la cobertura de casas de acogida para mujeres en riesgo. Promover una política nacional de cuidado que reconozca, redistribuya y apoye las labores de cuidado. Fortalecer capacidades para identificar factores de riesgo de VBG y violencia intrafamiliar. Contribuir a la superación del patriarcado. • Desmontar estructuras patriarcales, clasistas, racistas y coloniales que perpetúan la desigualdad contra las mujeres. Gobernar con y para las mujeres, impulsando una democracia paritaria y una ética pública basada en el cuidado. Cerrar brechas económicas y sociales de género, redistribuir la riqueza. Conso

Impulsar una Revolución Ética para garantizar la dignidad, autonomía y accesibilidad para las personas con discapacidad. • Asegurar trayectorias educativas completas y dignas para poblaciones con especial protección, mediante modelos flexibles, acompañamiento integral y entornos que respondan a sus contextos, capacidades y proyectos de vida. • Impulsar un cambio de paradigma ético que reconozca la discapacidad como cuestión de igualdad y justicia social, pasando a un modelo social de derechos que garantice autonomía y participación. Blindar recursos públicos de corrupción con trazabilidad y veedurías. Desarrollar institucionalidad para accesibilidad física, digital y comunicacional (WCAG). Fortalecer educación inclusiva. Establecer cuotas de inclusión laboral y teletrabajo accesible. Implementar ajustes en el sistema de justicia. Impulsar renta básica. • Implementar plenamente la renta para personas con discapacidad (Ley 2426 de 2025), garantizando protección y acompañamiento a más de 400 mil niños, niñas y jóvenes hasta los 29 años. Asegurar mayores condiciones de dignidad, autonomía y bienestar, reconociendo su participación activa. • Implementar plenamente la renta para personas con discapacidad (Ley 2426 de 2025) para más de 400 mil niños, niñas y jóvenes hasta los 29 años, garantizando dignidad, autonomía y bienestar. Asegurar su participación activa en el diseño e implementación de políticas. • Garantizar la inclusión de personas con discapacidad en los mecanismos democráticos internos de partidos y movimientos políticos para la elección de directivas y candidaturas. • Promover una política permanente de fortalecimiento institucional que facilite el ingreso y la permanencia de personas con discapacidad en el servicio público.

Priorizar una Revolución Ética para saldar la deuda histórica con la niñez y la adolescencia, enfocándose en su protección integral y desarrollo. • Situar a la niñez en el corazón de la acción pública como base de una justicia social real y promover una formación ética desde la niñez para rechazar la corrupción y fortalecer la participación ciudadana. • Ampliar coberturas en educación inicial para el desarrollo integral de niñas y niños con participación de familias y comunidades. Fortalecer la articulación entre el sector educativo y el ICBF para crear Centros de Educación Inicial. Proteger infancias garantizando su permanencia en el sistema educativo y proyectos de vida dignos. • Fomentar el bienestar físico, emocional y colectivo en la niñez y la juventud a través de la actividad física, recreación y deporte. • Reducir la mortalidad infantil, materna y por desnutrición. • Establecer el respeto a la niñez como 'línea roja innegociable' en los diálogos de paz. Implementar estrategias de educación y comunicación para la prevención del uso de drogas, especialmente en la población menor de edad. • Reducir vulnerabilidades, escuchar y acompañar a niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas. Erradicar el reclutamiento de menores. Modernizar integralmente las Comisarías de Familia para la protección de la vida y atención de situaciones de violencia y vulneración de derechos, incluyendo la violencia intrafamiliar. • Fortalecer el sistema de protección integral para NNA, garantizando entornos seguros y dignos. Enfrentar la explotación sexual, trabajo infantil, reclutamiento forzado y violencias en el hogar, con atención a niñez desplazada y víctima del conflicto. Avanzar hacia justicia restaurativa y gobernanza corresponsable. Fortalecer 'Conectores de Vida' para bienestar integral (salud física, mental, emocional, educación sexual y reproductiva). Reducir desnutrición crónica en menores de cinco años. Garantizar un Programa de Alimentación Escolar (PAE) univer

Promover la democratización territorial y dignificar la función pública del Estado al servicio de la ciudadanía. Se propone una reforma política y electoral con una institucionalidad electoral independiente. • Democratizar profundamente el Estado y devolver el poder al pueblo. Transformar la Secretaría de Transparencia dotándola de autonomía técnica y presupuestal. Impulsar una reforma política y electoral profunda para combatir la corrupción y democratizar las instituciones. • Impulsar reformas estructurales en financiación territorial para la educación. Fortalecer las capacidades de gestión de las Secretarías de Educación, modernizar sistemas de información y promover una gestión descentralizada orientada al cierre de brechas y la lucha contra la corrupción. • Reestructurar el Sistema Nacional de Cultura para ampliar la representación de sectores y comunidades. Fortalecer las capacidades institucionales para el talento humano del deporte. Fortalecer institucionalmente el sector CTeI. • Recuperar la rectoría del Estado en el sistema de salud y fortalecer su gobernanza. Fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud. Poner en funcionamiento el Instituto Nacional de Vías Regionales. • Impulsar la transferencia de poder real a las comunidades, fortaleciendo Zonas de Reserva Campesina, Consejos Comunitarios afrodescendientes y Entidades Territoriales Indígenas. Avanzar en una nueva ley de competencias y una nueva ley de ordenamiento territorial para descentralizar decisiones y recursos. • Fortalecer las formas de gobierno propio de los pueblos étnicos y los espacios de concertación con el Estado. Cumplir estrictamente los acuerdos con cronogramas, responsables, metas claras y participación directa de las autoridades étnicas. Continuar el reconocimiento de Gobiernos y Sistemas de Conocimientos Propios de los pueblos indígenas y formalizar las Entidades Territoriales Indígenas mediante el Decreto Ley 488 de 2025. • Garantizar la implementación efectiva y articulada de

Desarrollar una política exterior de paz, autónoma, solidaria con los migrantes y basada en el multilateralismo democrático. Fomentar la soberanía regional, la justicia climática y la autonomía. • Promover una política exterior soberana, latinoamericanista y comprometida con la paz global, la integración regional y la justicia climática, buscando un Estado más democrático y legítimo en el ámbito internacional. • Fortalecer la internacionalización de las culturas colombianas, creando agregadurías culturales y promoviendo la cooperación sur-sur. Impulsar una política activa de diplomacia científica y tecnológica para posicionar a Colombia, facilitar transferencia de tecnología, acceder a fondos y fortalecer la formación de alto nivel. • Fortalecer la cooperación regional en la promoción de la soberanía sanitaria y protección de salvaguardas de salud pública. • Consolidar una política exterior soberana, basada en los derechos humanos, la paz, el respeto mutuo y la dignidad. Promover el debate internacional para superar el modelo prohibicionista de drogas y fortalecer alianzas regionales, así como la corresponsabilidad global. • Consolidar una Política Exterior Feminista orientada a la defensa de la vida, la paz, la igualdad y la justicia global. Colombia será una voz regional y mundial en la defensa de los derechos de las mujeres, incorporando el enfoque de género en la cooperación internacional, la acción climática, la política migratoria, la construcción de paz y la defensa de los derechos humanos. Utilizar embajadas y consulados como espacios de protección, articulación y oportunidades para mujeres colombianas en el exterior, especialmente migrantes, refugiadas y víctimas de violencias. • Proteger los pueblos fronterizos (indígenas). Fortalecer vínculos con la diáspora africana y aprovechar las posibilidades de conexión internacional con el Pacífico y el Caribe para el desarrollo de pueblos afrodescendientes. • Movilizar el ahorro público y privado para la inversión

Lograr una paz integral mediante la implementación del Acuerdo de Paz, la transformación de territorios y diálogos de paz eficaces. El poder de la verdad de las víctimas es central en la acción de gobierno. • Consolidar una paz estable y duradera basada en el poder de la verdad de las víctimas y su reparación integral, abordando la impunidad y reconstruyendo una empatía colectiva. La verdad será dura y dolorosa, pero necesaria para la reconciliación. • Impulsar la formación en ciudadanía, reconciliación y desarrollo socioemocional, junto con la incorporación activa de la memoria histórica a partir de los aportes de la Comisión de la Verdad y las voces de las víctimas, como base de la verdad y la no repetición. Consolidar una cultura de paz y memoria a través de procesos artísticos, culturales y de derechos humanos en territorios afectados por la violencia, reconociendo la creación y la memoria como caminos para la reconciliación y reparación. • Impulsar proyectos culturales liderados por jóvenes en barrios periféricos como estrategia para la construcción de paz y transformación social. Garantizar la actividad física, recreación y deporte como pilares de una estrategia integral de construcción de paz. Promover Centros de Deporte y Recreación CUBOS para la convivencia, prevención de violencias y reconstrucción del tejido social. • La paz y la seguridad humana serán ejes centrales de gobierno. Buscar la paz, implementar plenamente el Acuerdo de Paz, desarrollar diálogos de paz. Reparación integral de las víctimas, incluyendo la reparación integral en salud de las víctimas del conflicto armado. • Asumir la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, ampliando su tiempo de ejecución por cuatro años adicionales y utilizando el Plan Marco Actualizado como hoja de ruta. Enfrentar rezagos en participación política, derechos de las víctimas y capítulo étnico. Proteger a los firmantes del acuerdo, fortalecer el SIVJRNR, impulsar los TOAR, y apropiar el informe de la Co

Fomentar la democratización territorial y la transformación de los territorios como elementos clave para una paz integral y eficaz, construyendo las reformas económicas y sociales desde el nivel local. • Impulsar la transformación de los territorios más afectados por la violencia y la sustitución progresiva de las economías ilegalizadas que durante décadas alimentaron el conflicto, la exclusión y la degradación de la vida colectiva. • Fortalecer la educación para la paz y el desarrollo de proyectos de vida dignos en territorios afectados por la violencia y exclusión, incluyendo barrios populares. Consolidar una cultura de paz y memoria mediante procesos artísticos y culturales en dichos territorios. • Fomentar proyectos culturales y artísticos liderados por jóvenes en contextos urbanos y barrios periféricos para la construcción de paz y transformación social. Desarrollar Centros de Deporte y Recreación CUBOS populares en zonas rurales y municipios PDET como espacios de convivencia y prevención de violencias. • Impulsar la 'Revolución de los Territorios' como transformación pacífica que priorice regiones empobrecidas y golpeadas por la violencia, con presencia real del Estado. Implementar el modelo especial de salud pública del Acuerdo de Paz en territorios priorizados y el Plan Nacional de Salud Rural. • Impulsar la ejecución efectiva de los proyectos definidos en los PDET, priorizando estratégicamente y asegurando su implementación con recursos y coordinación sólida. Articular este esfuerzo con la Reforma Rural Integral para lograr una transformación estructural de los territorios más afectados por la guerra y la pobreza. • Articular la política de drogas con una visión integral de transformación territorial, convivencia y respeto de los derechos humanos. Fortalecer el control territorial en zonas afectadas por grupos armados mediante operaciones coordinadas y despliegue simultáneo de la oferta institucional del Estado para garantizar condiciones de seguridad. • As

Fortalecer la participación ciudadana y la organización social y popular. El gobierno se compromete a gobernar con los movimientos sociales, fomentando la planeación participativa y empoderando a la ciudadanía. • Democratizar el Estado devolviendo el poder al pueblo colombiano, gobernando junto a la ciudadanía, movimientos sociales y étnicos. Ampliar mecanismos de participación directa en planeación, control social y toma de decisiones, y fortalecer veedurías ciudadanas. • Garantizar la participación directa de las comunidades en la gobernanza de las regalías y promover auditorías ciudadanas. Fomentar la participación activa de familias y comunidades en la educación inicial. Impulsar una gobernanza participativa en la educación superior que incorpore a las comunidades en la toma de decisiones. Fortalecer el control social en la financiación educativa. • Fomentar Puntos Asociativos de Cultura para impulsar procesos colaborativos entre organizaciones, colectivos y ciudadanía. Promover dinámicas solidarias y cooperativas que fortalezcan el trabajo comunitario. Impulsar la participación y gobernanza cultural. Consolidar consejos territoriales, veedurías ciudadanas y espacios juveniles como pilares de participación democrática y control social. • Fortalecer la participación social y comunitaria en la definición de políticas públicas de salud. Garantizar la participación efectiva de personas con discapacidad. Fortalecer el control social y la rendición de cuentas mediante veedurías ciudadanas. Asignar un rol protagónico a las comunidades y Juntas de Acción Comunal en obras de vías terciarias y en la implementación y gobernanza de pactos territoriales. • Fortalecer la transferencia de poder a comunidades, como Zonas de Reserva Campesina y Consejos Comunitarios. Garantizar el derecho a la organización, movilización y protesta social, eliminando la estigmatización y el uso desproporcionado de la fuerza. Implementar una política nacional de diálogo social y promover la vincul