Promover una economía carbono neutral, resiliente al clima y pasar de una economía extractivista a una sostenible y productiva mediante la reindustrialización. Impulsar la diversificación productiva, el desarrollo de la bioeconomía (producción sostenible, turismo en armonía, economía forestal, bioproductos, economía circular), políticas de competencia y calidad modernas. Buscar financiación para la acción climática y la reindustrialización a través de la banca de desarrollo e instrumentos alternativos. • El Estado debe intervenir más y eficientemente, asumiendo riesgos no cubiertos por el sector privado. Se propone una alianza público-privada-popular para generar riqueza y distribuirla justamente. Se busca la descarbonización de la economía, basándose en la biodiversidad y un modelo incluyente, reemplazando la producción intensiva en carbono. • Optimizar las fuentes de ingreso de las entidades territoriales para avanzar hacia un modelo de descentralización diferencial, migrando de la dependencia de recursos derivados del petróleo y minerales a la generación de recursos propios. • Implementar nuevas mediciones de desigualdad en torno a la tierra, la propiedad inmueble, los activos financieros y la riqueza para disminuir su concentración. Potenciar la economía popular y cooperativa, así como otras iniciativas productivas de la ciudadanía. • Fortalecer el aseguramiento en salud bajo el control y regulación del Estado. Promover iniciativas de producción de tecnologías estratégicas de carácter público o mixto, articulando con el sector privado. • Constituir instancias de representación colectiva y participación vinculante para la economía popular. Promover asistencia integral, participación en la economía digital y mejora regulatoria para la EP. Impulsar la participación de mipymes en compras públicas y en la gobernanza de cámaras de comercio. • Fortalecer el sector agropecuario nacional para reducir la dependencia de importaciones, fomentar una industria nacional de bio

Se propone la simplificación del cumplimiento de obligaciones tributarias para las empresas con el fin de reducir costos y trámites administrativos. • Asegurar la progresividad y sostenibilidad fiscal. Mejorar la administración eficiente de los recursos públicos, de tesorería y del servicio de la deuda. Modernizar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). • Es indispensable aumentar la tributación para cerrar la brecha del gasto público frente a promedios regionales e internacionales. La financiación del Estado debe ser progresiva y aprovechar la potencialidad fiscal en impuestos al suelo y participación en rentas urbanísticas (plusvalías, derechos de edificabilidad, cobro por congestión y valorización). • Fortalecer las finanzas territoriales a través de instrumentos tributarios de captura de valor en áreas urbanas y rurales. Modificar el diseño de impuestos a la propiedad rural para privilegiar la producción agroalimentaria y sistemas agrosilvopastoriles. Utilizar instrumentos de fijación de precios al carbono. • Acelerar la actualización del catastro multipropósito y elaborar un modelo de estatuto tributario territorial para fortalecer las fuentes de ingreso municipales. Cofinanciar proyectos SGR con PGN para municipios que usen instrumentos de captura de valor de rentas urbanas y rurales, complementado con compensaciones por áreas protegidas. • Mejorar la capacidad de movilización de recursos internos mediante impuestos saludables en alcohol, tabaco, alimentos y bebidas ultra procesadas y azucaradas, y recursos de juegos de suerte y azar. • Crear un mecanismo vinculante para que los entes territoriales informen las tarifas al Régimen Simple de Tributación e implementar incentivos para masificar su uso. Impulsar la transformación digital del Impuesto de Industria y Comercio con un sistema único de declaración y pago. • Revisar los mecanismos de estabilización de precios de combustibles y su esquema en zonas de frontera para focalizar beneficios tribu

Implementar una política pública de trabajo digno y decente, generar y proteger empleos formales, fortalecer la inspección y vigilancia laboral, y modernizar el empleo público y rural. Incluir un esquema de protección al desempleo, impulsar la reconversión y formación laboral con énfasis en talento digital y empoderamiento económico de la mujer. Reconocer e impulsar la Economía Popular y Comunitaria con políticas, sostenibilidad y fomento a la comercialización. • Garantizar el acceso a la educación y al trabajo libre de discriminación para personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Promover educación y trabajo inclusivos para personas con discapacidad, buscando su autonomía e independencia. • El desarrollo económico y la transformación industrial deben orientarse a la protección de la naturaleza y al mejoramiento de las condiciones de producción, generando empleos de calidad compatibles con la industria limpia. Se busca que la creación de riqueza se refleje en mejores condiciones de vida para la población. • Abordar la falta de oportunidades de trabajo e ingresos y empleos de baja calidad mediante una reconversión laboral y transformación productiva, respondiendo a la economía en términos de capital humano y generando oportunidades de ingresos, incluyendo el fortalecimiento de micronegocios y la formalidad laboral. • Priorizar la generación de empleo y la reconversión laboral. Fortalecer los instrumentos de protección al desempleo y a la vejez. Promover una reforma pensional incluyente y equitativa, aumentando cobertura y progresividad. Disminuir aportes a salud para pensionados. Diseñar un esquema de protección al desempleo para formales e informales, con enfoque diferencial. Garantizar seguridad social (vejez, riesgos laborales, salud) y acceso a trabajos asalariados para trabajadores de la Economía Popular y Comunitaria, promoviendo movilidad, formación y pactos por el empleo con el sector privado. • Implementar medidas de inclusión soc

Implementar un nuevo modelo nación-territorio para la convivencia y seguridad ciudadana, crear un Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, y transformar la Policía Nacional con enfoque en derechos humanos y seguridad humana. Abordar la defensa integral del territorio, soberanía y orden constitucional, y desarticular el multicrimen y las redes transnacionales. • Promover el desescalamiento de la violencia y la resolución pacífica de conflictos armados, en el marco de una política de "Paz Total e Integral". • Se establece que el control del territorio es una condición absolutamente necesaria para derrotar la violencia. Se busca que las comunidades se apropien de su espacio y aprovechen las rentas territoriales, lo que implica una lucha contra actividades ilegales. • Abordar la planeación y el ordenamiento territorial de forma integral para alcanzar la Paz Total. Garantizar la protección de personas y colectivos que defienden los derechos ambientales y territoriales, asegurando un entorno propicio sin intimidaciones y con apoyo institucional. • Superar el enfoque tradicional de seguridad física y defensa, adoptando una visión de "Seguridad Humana" centrada en el bienestar integral del individuo, la superación de la pobreza e inequidad, la inclusión social y productiva, y la prevención del riesgo. Esto implica la protección de la vida, seguridad jurídica, institucional, económica y social, y control institucional de los territorios. • Diseñar e implementar un nuevo modelo de convivencia y seguridad ciudadana con enfoque de seguridad humana, corresponsable, multisectorial, integral y preventiva, con estrategias diferenciales y territoriales. Redireccionar la política contra el multicrimen priorizando el sometimiento, la acción judicial, la lucha contra la extorsión, el contrabando, el lavado de activos y la persecución de bienes ilícitos. • Humanizar la política criminal y penitenciaria con un enfoque de derechos humanos, priorizando la justicia restaurativa y la al

Transformar la Policía Nacional, garantizar el bienestar integral de la Fuerza Pública, sus familias y veteranos, asegurar ascensos por meritocracia e igualdad, y fortalecer los sistemas de justicia penal militar y policial. • Transformar la Policía Nacional fortaleciendo su carácter civil, profesionalizando el servicio orientado a las personas y la prevención. Eliminar el ESMAD y crear una unidad para la solución pacífica de conflictos con respeto a DDHH. Fortalecer capacidades de la Fuerza Pública, mejorar su formación, capacitación, investigación, instrucción, entrenamiento y reentrenamiento. • La Fuerza Pública priorizará la interdicción de sustancias ilícitas e insumos, la destrucción de infraestructuras para su producción y la erradicación forzosa de cultivos industriales. La Policía Nacional participará en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. • Diseñar e implementar un proceso de acompañamiento a miembros activos y retirados de la Fuerza Pública que estén sometidos y cumplan con las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). • Garantizar la capacidad de respuesta del cuerpo élite de la policía para proteger poblaciones vulnerables; impulsar acciones para que las Fuerzas Militares sean respetuosas de los DD. HH. y el DIH; fortalecer el Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET) y la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP); y que las fuerzas militares se abstengan de bombardeos donde haya niños y niñas. • Adelantar procesos formativos dirigidos a la Fuerza Pública sobre los derechos de las personas LGBTIQ+. • El "sector defensa" participará en la lucha contra el reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra la niñez por parte de grupos armados organizados y delictivos. • Prevenir el uso y utilización de adolescentes y jóvenes por parte de 'instituciones armadas' mediante la 'Estrategia No Más Jóvenes para la Guerra'. • Garantizar la capac

Modernizar las instituciones del sector seguridad y defensa para incrementar su valor público, integridad y transparencia. • Revisar la adscripción ministerial y ajustar la arquitectura institucional de la Policía Nacional. Fortalecer y modernizar la Unidad Nacional de Protección. Implementar el Sistema Integral de Defensa Nacional (SIDEN) para actualizar y desarrollar capacidades estratégicas conjuntas. Ajustar la estructura organizacional y los procesos del sector defensa, y construir un nuevo edificio para el Ministerio de Defensa. • Aprovechar las capacidades de la industria de defensa, aeroespacial y astilleros para transformarlas en bienes y servicios de alto valor para la paz y el desarrollo productivo. • Fortalecer la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación; e impulsar y reactivar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. • Fortalecer la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Reactivar e impulsar las instancias del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y de la Comisión Nacional de Garantías. • Priorizar sectores administrativos para la difusión de productos de inteligencia estratégica y contrainteligencia. • Plantea una estrategia de fronteras con seguimiento permanente desde el sector defensa para los instrumentos binacionales. • Realizar seguimiento permanente desde el sector defensa a instrumentos binacionales en la estrategia de fronteras. • Realizar seguimiento a instrumentos binacionales desde el sector defensa para estrategias de fronteras. • Fortalecer las capacidades del sector defensa para implementar la estrategia de fronteras y garantizar la seguridad del país. • Integrar al Ministerio de Defensa Nacional en el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales (CONALDEF), participando en la coordinación de acciones y el monitoreo de información e

Garantizar acceso a fuentes de financiación en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Aplicar herramientas de sostenibilidad y eficiencia del gasto en el presupuesto de la Fuerza Pública para que responda a la estrategia y políticas sectoriales. • Asegurar los recursos correspondientes para la aceleración de la implementación integral del Acuerdo de Paz, los cuales se describirán en el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz. • El fragmento diagnostica "rezagos en la ejecución presupuestal" y una "estructura de orientación de recursos no concordante" con la estimación para la implementación del Acuerdo de Paz, lo que implica la necesidad de una mejor gestión presupuestaria para dicho fin. • Se establece un Plan Plurianual de Inversiones de $1.154,8 billones, distribuyendo recursos en transformaciones clave. Para la paz, se estiman $50,4 billones para la implementación del Acuerdo Final, detallando las fuentes de financiación como PGN, SGP, SGR, obras por impuestos, cooperación y recursos propios territoriales. • El Plan Nacional de Inversiones Públicas incluye un componente significativo para la Seguridad Humana y Justicia Social, que apoya el fortalecimiento de las capacidades de defensa y seguridad. • Destinar los recursos de la "Asignación para la Paz" a financiar proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final y la construcción de paz, incluyendo reparación de víctimas, con criterios de priorización territorial (PDET). Apropiar partidas presupuestales para el cierre de compromisos del PNIS y para los beneficios de acompañamiento a la Fuerza Pública. • Realizar apropiaciones presupuestales para la equidad prestacional y de bienestar de la Policía Nacional. Apropiar anualmente un 4% de la nómina del personal del Ministerio de Defensa y Policía Nacional como subsidio para vivienda, con criterios de equidad y progresividad. • Sujetar los costos derivados del beneficio de incorporación en las Fuerzas Militares y Policía Nacional al Marco Fis

Establecer mecanismos de cooperación internacional para desarticular redes transnacionales de multicrimen y fortalecer el posicionamiento y la cooperación regional e internacional para la defensa nacional. • Establecer mecanismos de cooperación entre entidades para la investigación y judicialización de estructuras multicrimen, incluyendo cooperación internacional para desarticular redes transnacionales. Consolidar agendas internacionales y canales diplomáticos para asegurar la cooperación en defensa y seguridad, afrontar amenazas comunes y construir nuevas alianzas estratégicas. • Implementar una estrategia internacional de drogas de corto y mediano plazo, articulada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para liderar el cambio del enfoque global prohibicionista y promover consensos y debates que consoliden alternativas a la guerra contra las drogas. • Buscar la convivencia pacífica, integración regional, y solución amigable de conflictos con países vecinos, elaborando una Política Nacional para el Desarrollo y la Integración Fronteriza. • Promover a nivel internacional un cambio de paradigma en el tratamiento del problema mundial de las drogas; y adoptar un nuevo tipo de cooperación con Estados Unidos, modificando estrategias de inteligencia contra los máximos responsables del narcotráfico. • La Cancillería fortalecerá programas contra el reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra la niñez en zonas de frontera. Colombia se adherirá a la declaración de escuelas seguras y se implementará un plan de acción. • Promover iniciativas de justicia étnico-racial y reparación histórica en la política exterior. Construir una política exterior de justicia racial que reconecte diásporas con países del Caribe y África, abriendo nuevas embajadas. Implementar cooperación internacional para fortalecer políticas de justicia racial. • Gestionar recursos de cooperación internacional no reembolsable y de instituciones no gubernamentales para el Programa de Atención E

Impulsar un nuevo servicio social para la paz, integrar la política de Paz Total con una dimensión artística y cultural, promover el deporte y la recreación como ejes de convivencia y paz, y fomentar la asociatividad solidaria para la paz. • Implementar el Acuerdo del Teatro Colón, incluyendo la Reforma Rural Integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de drogas ilícitas y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Impulsar la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN y otras conversaciones políticas, así como espacios socio jurídicos con grupos no rebeldes. Promover el desescalamiento de la violencia y la cultura de paz. Reivindicar los derechos de grupos afectados e integrar a personas que dejan las armas. • La construcción de paz se basa en pactos sociales, acuerdos económicos y la gobernanza territorial. El control del territorio es esencial para derrotar la violencia. La 'Seguridad Humana y Justicia Social' es una de las cinco grandes transformaciones del Plan, lo que implica un enfoque integral para la construcción de paz. • Utilizar el ordenamiento territorial y la formalización/restitución de tierras como instrumentos para la construcción de Paz Total y la resolución de conflictos sociales, ambientales y económicos. • Promover la construcción de una sociedad en paz y reconciliación social, impulsando la protección integral de la vida y la justicia para el cambio social. Implementar compromisos del Acuerdo de Paz, como la formalización de la propiedad rural y el catastro multipropósito, para contribuir a un ambiente de paz y el desarrollo integral. • Fortalecer las acciones de prevención y atención de las violencias contra el adulto mayor, y orientar el sistema de cultura para enaltecer el saber y las voces de los mayores como pilar de la construcción de la memoria, la paz y la convivencia. • Implementar el servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio, apoyando actividades relaci

Democratizar el conocimiento y la información ambiental y de riesgo de desastres, y modernizar la institucionalidad ambiental y de gestión del riesgo de desastres. • Reducir la vulnerabilidad fiscal y financiera frente a riesgos climáticos y desastres. • Diseñar estrategias adecuadas para responder a inundaciones y sequías como parte de la recuperación de cuencas hídricas, reconociendo el estrés hídrico actual en ciudades y el país. • Fortalecer la gestión del riesgo de desastres mediante la implementación del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. Fomentar esquemas asociativos que favorezcan la gestión integral del riesgo de desastres y la respuesta a los desafíos del cambio climático. Proteger contra inundaciones y sequías. • Optimizar la coordinación del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA) con el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD); transformar, suprimir o fusionar entidades para cumplir objetivos del SNGRD, incluyendo el Fondo Adaptación; incorporar la gestión del riesgo de desastres por inundaciones y sequías en el ordenamiento territorial. • Financiar estudios de riesgo de desastres y cartografía para los POT a nivel nacional y regional. Abordar la Seguridad Humana como una transformación de la política social para la adaptación y mitigación del riesgo, entendiendo el riesgo como la relación entre vulnerabilidad y amenaza. • Actualizar el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES). • Fortalecer la capacidad de resiliencia del sistema de salud ampliando el alcance de la Ley 2064 de 2020. • Apoyar a los trabajadores de la economía popular rural en la recuperación de medios de vida y subsistencia ante situaciones de riesgo, desastre o emergencia. • Mejorar la capacidad en la gestión de riesgos sanitarios y fitosanitarios; implementar un protocolo de atención prioritaria para la movilización de alimentos a comunidades afectadas por desastres natura

Desarticular de manera corresponsable el multicrimen, incluyendo redes transnacionales, mediante mecanismos de cooperación internacional. Fortalecer la inteligencia, investigación criminal y judicialización para desmantelar los nodos estratégicos del sistema criminal y desarticular estructuras vinculadas al fenómeno de las drogas y otras economías ilegales. • Luchar contra la deforestación, la extracción ilícita de minerales y el narcotráfico, como parte de las transformaciones necesarias para el control territorial y el desarrollo productivo sostenible. • Aumentar la capacidad del Estado para ordenar el territorio y así reducir conflictos socioambientales asociados al narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación, los cuales propician el surgimiento de grupos armados. • Promover un nuevo enfoque para la lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales asociados a través del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), modificando sus miembros. Crear la Estrategia Nacional para el Control de Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre para prevenir, controlar y evitar estas prácticas ilegales. • Afrontar la proliferación de economías ilícitas y organizaciones multicrimen que afectan las libertades. Priorizar el catastro multipropósito en áreas con economías ilegales y abordar la alta tasa de homicidios como parte de la estrategia de Seguridad Humana. • Redireccionar la política contra las formas de multicrimen, haciendo énfasis en sometimiento, acción judicial, estrategias contra extorsión y contrabando, prevención/investigación/judicialización de lavado de activos, persecución de bienes ilícitos y fortalecimiento de inteligencia/investigación criminal. Formular una Política para la Desarticulación del Multicrimen priorizando lavado de activos y grandes capitales ilícitos. • Definir acciones para la desarticulación de organizaciones criminales, especialmente a través del sometimiento individual y colectivo en el marco de la Paz

Crear un Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, implementar un nuevo modelo nación-territorio para la convivencia y seguridad ciudadana, y transformar la Policía Nacional para garantizar la convivencia y seguridad humana. Fomentar el deporte, la recreación y la actividad física como medios para la convivencia. • Fomentar el diálogo, la memoria, la convivencia y la reconciliación para la reconstrucción del tejido social. • Promover la inclusión social y la participación ciudadana de las personas mayores. Enaltecer el saber y las voces de los mayores como pilar de la construcción de la memoria, la paz y la convivencia. • Diseñar e implementar un nuevo modelo de convivencia y seguridad ciudadana con enfoque de seguridad humana. Crear el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida (SNCPV) para articular y facilitar escenarios de diálogo y concertación, reduciendo conflictos interpersonales y entre ciudadanos e instituciones. • Extender el uso y apropiación de métodos de resolución de conflictos y del Programa Nacional de Casas de Justicia y centros de convivencia. Promover la resolución pacífica de conflictos y el desescalamiento de la conflictividad social. Realizar campañas de concientización ciudadana sobre los fines del derecho penal para el reconocimiento de la alternatividad penal, la resocialización y la prevención del delito. • Definir una política pública que reconozca el barrismo social como estrategia para mejorar la convivencia ciudadana. Fortalecer procesos barristas que impulsen redes y organización comunitaria. • Reconstruir el tejido social y fortalecer el vínculo Estado-ciudadanía a través del fortalecimiento institucional y dispositivos democráticos de participación y diálogo permanente. • Promover la sana convivencia y la reconstrucción del tejido social a través de políticas de hábitat integral y el Programa Barrios de Paz, impulsando la participación comunitaria. • Implementar el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida y establecer una

Desarrollar un plan que ponga a las personas y comunidades en el centro de la protección, abordando diversas dimensiones de seguridad como la ciudadana, económica, alimentaria, ambiental y sanitaria, con un enfoque en derechos humanos y dignidad. • Garantizar la protección de las personas y comunidades, asegurar la vida, seguridad y libertad en los territorios. Establecer fronteras con un enfoque humano para la integración y el desarrollo. Fomentar la igualdad de oportunidades y garantías para poblaciones vulneradas y excluidas bajo el principio de Seguridad Humana. • La Seguridad Humana y Justicia Social es una de las cinco transformaciones fundamentales del Plan. Se busca la protección de las personas, comunidades y la naturaleza, garantizando, por ejemplo, el Derecho Humano a la Alimentación a través de la protección de ecosistemas marinos. • Garantizar la protección de personas y colectivos que defienden derechos ambientales y territoriales. Mejorar las condiciones de vida de las comunidades urbanas, rurales y étnicas mediante el ordenamiento territorial. • Proteger el suelo rural para garantizar el derecho a la alimentación, la vivienda y el hábitat. Implementar mecanismos financieros y procedimientos para el reasentamiento de la población que habita en zonas de riesgo alto no mitigable. • Implementar una política de "Seguridad Humana" que va más allá de la seguridad física, enfocándose en el bienestar integral del individuo, la superación de la pobreza y la inequidad, la expansión de capacidades y la inclusión social y productiva. Esto incluye un sistema de protección social universal, infraestructura física y digital, justicia para el cambio social y control institucional de territorios. • Potenciar la seguridad humana a través de habilitadores que garanticen derechos fundamentales y superen privaciones, desarrollando las capacidades individuales y comunitarias (salud, cuidado, educación, seguridad económica). Fortalecer un sistema de protección social univer

Implementar un nuevo modelo de gestión de seguridad a nivel nación-territorio para la convivencia y seguridad ciudadana, buscando minimizar las amenazas al bienestar en las comunidades locales. • Implementar una planeación y gestión territorial inteligente. Fortalecer las capacidades y la articulación para la gestión territorial. • Implementar un ordenamiento territorial funcional que reconozca la diversidad cultural, ambiental y social. Articular los planes de ordenamiento territorial a partir de determinantes de superior jerarquía para propiciar la Transformación Productiva y la Convergencia Regional. Consolidar la gobernanza y administración integral del territorio. • Diseñar e implementar un programa de fortalecimiento de capacidades en ordenamiento territorial para entidades, priorizando municipios con bajo desempeño y menos de 30.000 habitantes. Fortalecer la formulación e implementación de POT/POD y la coordinación de inversiones. Implementar el Sistema de Administración del Territorio (SAT) como eje de gobernanza multinivel para decisiones informadas y prestación eficiente de servicios relacionados con el uso del suelo. • Diseñar estrategias diferenciales y territoriales de convivencia y seguridad conforme a las realidades de las comunidades. Crear un nuevo modelo corresponsable nación-territorio basado en la prevención y atención de factores de riesgo, brindando acompañamiento técnico y jurídico a autoridades locales para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación. • Fortalecer la justicia familiar con atención territorial. Promover la justicia territorial y el uso de los servicios de justicia digital. La política de drogas impulsará el desarrollo territorial con la sustitución de economías ilegales a legales, y priorizará el cuidado de las poblaciones rurales y los territorios afectados por el uso ilícito de sustancias psicoactivas. • Articular las políticas y planes nacionales con los desarrollados a nivel territorial, formular instrumentos

Robustecer la alternatividad penal, el tratamiento diferenciado y la prevención del delito, además de implementar estrategias de prevención y protección con enfoque diferencial para poblaciones vulnerables. • Implementar un enfoque de Seguridad Humana que, al abordar la superación de la pobreza, la inequidad y la expansión de capacidades, busca la prevención del riesgo y la criminalidad mediante la intervención sobre causas estructurales y factores de vulnerabilidad. • Fortalecer las capacidades nacionales y territoriales para la prevención y atención de delitos, comportamientos contrarios a la convivencia y factores de riesgo en entornos rurales y urbanos. Actualizar la política pública en prevención, seguridad y protección individual y colectiva. • Mitigar los riesgos de vinculación al delito por parte de adolescentes y jóvenes. Implementar una política pública de prevención del delito de adolescentes y jóvenes priorizando acciones articuladas entre el orden nacional y territorial. Realizar campañas de concientización ciudadana sobre la prevención del delito. • Fortalecer entornos protectores de NNA; implementar estrategias de prevención, recuperación y restablecimiento de derechos de jóvenes vinculados a actividades delictivas (ej. Programa Nacional Jóvenes en Paz, alternatividad penal); coordinar una estrategia interinstitucional (CIPRUNNA) para evitar la violación de derechos de NNA y su reclutamiento; y crear entornos favorables para la reconciliación y prevenir el reclutamiento. • Definir un plan integral de prevención de violencias basadas en género (VBG) y feminicidio. Promover la prevención de VBG desde competencias socioemocionales, educación sexual integral, y prácticas culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Impulsar el involucramiento de hombres en masculinidades corresponsables y no violentas, erradicando machismo, homofobia, transfobia, racismo y xenofobia. • Adelantar estrategias de prevención y protección para líderes sociales y defensore

Erradicar la violencia contra las mujeres, asegurando una vida libre de violencias. • Estimular el liderazgo de las mujeres en asuntos ambientales y su participación en instancias de gobernanza del agua, con un enfoque de género en la toma de decisiones sobre el desarrollo ambiental. • Fortalecer las acciones de prevención y atención de las violencias contra el adulto mayor. Mitigar las formas de violencia, exclusión y discriminación hacia las mujeres y otros grupos de población en el transporte público. • Elaborar un protocolo de tratamiento penitenciario y de resocialización para la población privada de la libertad, atendiendo enfoques de género y diferenciales para grupos poblacionales como mujeres y LGBTIQ+. Implementar un tratamiento penal diferenciado con enfoque de género y perspectiva interseccional en casos con factores de vulnerabilidad. Fortalecer la justicia familiar para violencias intrafamiliares. • Actualizar la política de derechos sexuales y reproductivos para promover relaciones sanas y prevenir situaciones de violencias, matrimonios y uniones tempranas, y embarazo adolescente. • Implementar una estrategia de prevención y orientación ante las violencias de género en el deporte para garantizar entornos seguros. • Fortalecer el grupo élite de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para la equidad de género, buscando evitar prácticas de discriminación, violencia y acoso laboral contra mujeres y personas LGBTIQ+. Promover masculinidades cuidadoras y no violentas a través de programas de sensibilización, educación y comunicación. • Promover la participación de mujeres rurales en las compras públicas locales de alimentos para mejorar su inclusión y autonomía económica. • Dar especial atención a mujeres y población LGBTIQ+ en todas las estrategias de paz; implementar el enfoque de género del Acuerdo de Paz; fortalecer el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos; poner en práctica la Resolución 1325 de la O

Fortalecer las familias y las comunidades. Crear un Sistema Nacional de Justicia Familiar para abordar las vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, lo cual puede incluir violencia intrafamiliar. • Fortalecer las acciones de prevención y atención de las violencias contra el adulto mayor. • Desarrollar la política de fortalecimiento de la justicia familiar con énfasis en las comisarías de familia, garantizando la atención territorial y el restablecimiento de los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas en general, en el marco de las violencias ocurridas en la familia. • Diseñar e implementar un plan para fortalecer y mejorar los servicios de las comisarías de familia en departamentos priorizados, con atención integral y enfoque de género e interseccional. Reforzar lineamientos de atención inclusiva en comisarías y defensorías de familia, y en la Policía Nacional para población LGBTIQ+. • Aunque se reconoce la problemática de la violencia intrafamiliar (45.998 casos en 2021) y la necesidad de un entorno familiar que brinde tiempo de calidad y diálogo a NNA, no se detallan propuestas específicas para su prevención o atención más allá de la protección integral de NNA. • Fortalecer las defensorías y comisarías de familia para atender vulneraciones de derechos en el contexto familiar. Implementar la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención del Castigo Físico, Tratos Crueles, Humillantes o Degradantes. Potenciar las capacidades de las familias con acompañamiento psicosocial. • El Programa Nacional Jóvenes en Paz incluirá acompañamiento familiar para juventudes en condición de vulnerabilidad y riesgo de vincularse a la violencia, buscando generar entornos protectores. • Garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos poblacionales, incluyendo las familias. • Garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos de las familias. • Garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos, con mención de las familias como un grupo p

Asegurar una primera infancia feliz y protegida a través de la educación de calidad. • Universalizar la atención integral a la primera infancia, especialmente en territorios vulnerables. Proteger las trayectorias de vida y educativas de NNA a través del arte, deporte, cultura, ambiente y CTI. Fortalecer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el gasto público para la niñez. Crear un Sistema Nacional de Justicia Familiar. • Asegurar la protección y el bienestar de la niñez, abordando problemas como la mortalidad en menores de 5 años y las barreras de acceso y permanencia en el sistema educativo desde preescolar hasta bachillerato. • Impulsar centros de desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en artes, cultura, deportes, ciencia y tecnología, y ambiente, mediante diversificación de financiación y capital privado. • Garantizar el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en el marco de la violencia intrafamiliar. Reformar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) bajo un enfoque de justicia restaurativa y pedagógica. Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes. • Universalizar progresivamente la atención integral de la primera infancia, priorizando zonas rurales y afectadas por la violencia, buscando atender a 2.7 millones de niños de 0 a 5 años. Realizar seguimiento longitudinal y atención integral a la "Generación de la Paz" desde su nacimiento, garantizando su trayectoria educativa. • Modernizar el sistema educativo para involucrar a niñas, niños y jóvenes en la tecnología. Fomentar hábitos de uso seguro de tecnologías digitales con énfasis en protección de menores. Garantizar acceso de NNA a las artes y cultura. • Buscar la eliminación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Incentivar la participación de niños en las responsabilidades de cuidado en el marco del Sistema Nacional de Cuidado. • Suplir las necesidades nutricionales de la población

Generar oportunidades para que las juventudes construyan sus proyectos de vida. Garantizar la salud y el bienestar de las juventudes. Involucrar a las juventudes como artífices de la Paz Total y protagonistas de las transformaciones. • Mitigar los riesgos de vinculación al delito por parte de adolescentes y jóvenes. Reformar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) bajo un enfoque de justicia restaurativa y pedagógica para prevenir la reiteración del delito. Implementar la Política Nacional de Justicia Juvenil restaurativa en los territorios y fortalecer liderazgos juveniles. • Garantizar el derecho a la educación y desarrollo integral para jóvenes hasta la posmedia, con estrategias de acceso y permanencia. Fomentar la educación media para la construcción de proyectos de vida, ampliando la orientación sociocupacional y las competencias socioemocionales para jóvenes. • Fortalecer los procesos populares sociales barristas que impulsen la construcción de redes y organización comunitaria, con enfoque diferencial e integral para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes barristas y sus familias. • Dar prioridad a los jóvenes en las estrategias de formación y reconversión laboral, especialmente aquellos afectados por el desempleo y la informalidad. Incentivar la participación de jóvenes en las responsabilidades de cuidado dentro de la sociedad. • Garantizar la participación de jóvenes en las instancias de control social y seguimiento al gasto público. • Implementar el Programa Nacional Jóvenes en Paz para prevenir la vinculación de jóvenes a la violencia y criminalidad; promover la alternatividad penal y prevención del delito en adolescentes y jóvenes; fomentar que los jóvenes sean gestores de paz y convivencia; involucrar a nuevas generaciones en el servicio social para la paz y la transformación social; y priorizar intervenciones donde haya jóvenes en riesgo de reclutamiento. • Impulsar empleos para mujeres jóvenes y reconocer a los jóvenes con

Establecer las instituciones educativas como territorios seguros, protectores, de paz y reconciliación que fomenten el encuentro, el diálogo y la participación efectiva de la comunidad. • Asegurar la disponibilidad de equipamientos colectivos como colegios, distribuidos equitativamente en las ciudades. • Construir relaciones de respeto, inclusión y no discriminación desde el sistema educativo, con ambientes escolares inclusivos, rutas de prevención y atención, e integración con programas de educación integral en sexualidad y construcción de ciudadanía. • Ampliar la jornada escolar. Adhesión de Colombia a la declaración de escuelas seguras y un plan de acción. El ICBF se articulará con el Ministerio de Educación para la protección de las trayectorias educativas y la convivencia escolar.

Regular las drogas para garantizar derechos y libertades, transformar integralmente los territorios vinculados al fenómeno, transitar a la legalidad, cuidar la naturaleza y proteger la vida. Desarticular estructuras multicrimen y aplicar una estrategia de política exterior para cambiar el paradigma global de las drogas. Reducir vulnerabilidades asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y proteger la salud pública. • Buscar una solución al problema de las drogas ilícitas, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz y como un reto que requiere apoyo de la comunidad internacional. • Lucha contra el narcotráfico como parte de las transformaciones necesarias para asegurar el control territorial y un desarrollo productivo sostenible, especialmente en relación con la protección ambiental y las economías ilegales. • Resolver conflictos territoriales por cultivos ilícitos y narcotráfico mediante un adecuado ordenamiento territorial y gestión del suelo. • Incluir territorios con incidencia de cultivos de uso ilícito en las estrategias de acceso y formalización de la propiedad rural, como parte del abordaje de las economías ilegales. • Garantizar la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas para la población habitante de calle. • Redireccionar la política del Estado contra el multicrimen, incluyendo la afectación de sus nodos estratégicos y sistemas criminales, lo que implica abordar las economías ilícitas que lo financian. • Implementar una nueva política de drogas que cambie el paradigma del prohibicionismo a la regulación, basada en el cuidado de la vida con enfoque territorial, ambiental y diferencial. Desarrollar acciones basadas en evidencia para la reducción de riesgos y daños del consumidor, su descriminalización, la prevención del consumo en NNA, protección social y atención al consumo problemático de SPA. • Promover hábitos saludables a través de un plan estratégico intersectorial que incluya la prevención del consumo de sustancias psicoa

Fortalecer la gobernanza multinivel en el ordenamiento territorial y la gobernanza cultural. Establecer un modelo de gobernanza para el Sistema Nacional de Cuidado, mejorar la gobernanza y gobernabilidad en salud mediante sistemas de información. • Privilegiar los pactos sociales y acuerdos económicos como herramientas para la gobernanza territorial. Promover la concurrencia y armonización de recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías, municipios y departamentos hacia programas estratégicos. • Consolidar el ordenamiento territorial como una institución colectiva construida con base en la gobernanza ambiental. Ampliar los mecanismos de participación vinculante de las comunidades locales (campesinas, indígenas, afro). Armonizar la institucionalidad del ordenamiento territorial y simplificar sus instrumentos. Fortalecer las veedurías ciudadanas y el control de la gestión pública. • Modificar el CONALDEF para la lucha contra la deforestación; fortalecer la gobernanza del SINA e implementar la Política y Plan Nacional de Protección y Bienestar Animal con enfoque interespecie y coordinación interinstitucional; crear consejos territoriales del agua; revisar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) para fortalecer y articular territorios étnicos y campesinos. • Mejorar la articulación y coordinación interinstitucional entre niveles nacional, regional y local, incluyendo la rama judicial e instituciones educativas. Implementar el SAT como eje de gobernanza multinivel para la toma de decisiones territoriales informadas, fomentando la colaboración armónica interinstitucional y ciudadana. • Crear el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida (SNCPV) para articular y facilitar escenarios de convivencia y resolución de demandas sociales mediante diálogo y concertación. Fortalecer la participación y veeduría ciudadana en la Policía Nacional. Establecer mecanismos de cooperación interinstitucional

Renovar la arquitectura institucional del Sistema de Justicia, implementar la justicia digital eficiente e incluyente, humanizar la política criminal y superar el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, y garantizar la prestación efectiva de justicia con enfoque diferencial. • Implementar el "Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición", incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Crear un Sistema Nacional de Justicia Familiar para atender vulneraciones de derechos de NNA. Garantizar el acceso a la justicia para personas con discapacidad. • Poner en marcha la jurisdicción rural y agraria como cuerpo judicial especializado para dirimir conflictos relacionados con la planeación y el ordenamiento territorial. • Mejorar el bajo acceso a la justicia, combatir la impunidad y reducir la congestión judicial. Garantizar la protección integral de la vida y la justicia para el cambio social, incluyendo la atención a las necesidades jurídicas y la superación del ECI en el sistema penitenciario y carcelario. • Incluir centros carcelarios en la estrategia de fortalecimiento de infraestructura social, buscando diversificar fuentes de financiación y vincular capital privado. • Fortalecer la Justicia Penal Militar y Policial (JPMP) mejorando sus procesos de investigación y juzgamiento, calidad, oportunidad y transparencia. Ampliar la cobertura del Fondo de Defensa Técnica y Especializada a jurisdicciones ordinarias, especial para la paz y penal militar. • Renovar la arquitectura institucional del Sistema de Justicia, desarrollando capacidades institucionales, técnicas y tecnológicas para que funcione como un ecosistema integrado y descentralizado. Reformar o actualizar el Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027 para fortalecer el acceso a la justicia y la productividad del sistema. Racionalizar, humanizar y descongestionar el sistema penal mediante la alternatividad penal. • Diseñar e implementar un proceso de ac

Incrementar la legitimidad, transparencia e integridad de las instituciones en el marco de la seguridad humana y la justicia social, a través de la modernización. • Implementar la lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales. Promover la transparencia y coherencia de las normas. • Luchar contra la corrupción es fundamental para garantizar la eficiencia del gasto público y avanzar en la modernización del aparato estatal, eliminando los formalismos excesivos que obstaculizan la gestión pública. • Asegurar la transparencia y el acceso a la información, la participación pública en procesos de toma de decisiones y el control efectivo de la gestión pública en asuntos ambientales. • Contribuir a un entorno donde predomine la legitimidad, la transparencia y la integridad como habilitadores de la seguridad humana. • Fortalecer la inteligencia e investigación criminal con énfasis en la corrupción. Realizar un diagnóstico y plan de fortalecimiento de capacidades de inteligencia y judicialización para afrontar la convergencia criminal con énfasis en la corrupción. Reducir el riesgo de corrupción mediante la modernización de la seguridad. • Realizar ajustes normativos e institucionales para garantizar mayor efectividad de los procesos judiciales de extinción de dominio, y la administración y destinación eficiente, planificada y transparente de los bienes por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). • Fortalecer la rendición de cuentas de los recursos de salud con transparencia e integridad, garantizando el seguimiento en tiempo real y la continuidad del giro directo a prestadores. • Fortalecer la participación de las comunidades en la operación y el control social con transparencia del Programa de Alimentación Escolar (PAE). • Modernizar las instituciones bajo un modelo de gobernanza descentralizado que promueva sistemas de gestión de recursos que sean eficaces y transparentes. • Garantizar el cumplimiento del marco de Transparencia y

Promover la prestación efectiva de justicia mediante métodos de resolución de conflictos y la justicia restaurativa para la recomposición de lazos sociales. Implementar el Sistema Restaurativo de la Jurisdicción Especial para la Paz. • Promover la resolución pacífica de conflictos, el diálogo y la reconciliación para la reconstrucción del tejido social. • Crear un sistema nacional de diálogo y transformación de conflictos socio-ambientales que genere alertas para su atención, prevención y gestión. Gestionar mecanismos expeditos para la resolución de conflictos ambientales. • Crear consejos territoriales del agua para la resolución de conflictos socioambientales; implementar mecanismos para resolver conflictos entre el sector agropecuario y ambiental en diferentes zonas del país. • Crear una unidad policial orientada a la solución pacífica e inteligente de los conflictos. Crear el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida (SNCPV) para facilitar escenarios de diálogo y concertación y reducir la posibilidad de conflictos. • Promover la solución efectiva de los conflictos en las comunidades y extender el uso de métodos de resolución de conflictos y Casas de Justicia. Priorizar la aplicación de la justicia restaurativa y la alternatividad penal frente al enfoque punitivo. Consolidar una cultura de prevención del daño antijurídico, resolución de conflictos y gerencia eficiente del litigio para disminuir pagos y procesos contra el Estado. • Implementar de manera permanente el régimen simplificado de insolvencias acompañado de mecanismos alternativos de resolución de conflictos a través de centros de conciliación y arbitraje. • Promover la gestión y articulación institucional en torno a la resolución de conflictos ocasionados por la minería. • Buscar la solución amigable de conflictos en las zonas de frontera con países vecinos. • Fomentar la construcción de tejido social y la sana convivencia a través de la participación comunitaria en la gestión del hábitat y el mejora

Centrar los servicios de justicia en las personas, comunidades y territorios, reconociendo la jurisdicción especial indígena, las justicias propias y comunitarias, y desarrollando la Justicia Ambiental. Asegurar la atención a la población condenada, sindicada y pospenada en los territorios. • Proteger las tierras y territorios vitales de los pueblos étnicos, lo que puede implicar un reconocimiento de justicias propias, aunque no se explicita. • Implementar un ordenamiento territorial con enfoque de Justicia Ambiental y espacial para lograr una mejor distribución de los beneficios de la conservación del agua y reducir la inequidad en las cargas ambientales. • Poner en marcha la jurisdicción rural y agraria; promover una agenda de ordenamiento étnico y avanzar en la vinculación de las comunidades en las instancias para la gobernanza del agua. • Garantizar el acceso a la justicia centrado en las personas, comunidades y territorios. Robustecer el relacionamiento con despachos especializados en restitución de tierras y mejorar la coordinación interinstitucional para una justicia más efectiva en el territorio. • Brindar acompañamiento técnico y jurídico a las autoridades locales para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de planes de convivencia y seguridad ciudadana, garantizando el acceso a fuentes de financiación. • Formular, implementar y evaluar intervenciones y políticas para la prestación efectiva del servicio de justicia con enfoque territorial. Reconocer la importancia de las justicias de los pueblos y sus diferentes necesidades territoriales. Fortalecer la justicia familiar con atención territorial. Extender el uso de Casas de Justicia y centros de convivencia. Caracterizar y robustecer el reconocimiento de justicias propias y comunitarias. Articular el Sistema de Justicia con los sistemas locales de justicia. • Integrar la justicia ambiental y la gobernanza inclusiva con el ordenamiento territorial alrededor del agua. Garantizar la justicia y

Renovar la arquitectura institucional del Sistema de Justicia, fortalecer el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y mejorar las capacidades y la oferta del sistema. • Crear un Sistema Nacional de Justicia Familiar, lo que implica una gobernanza específica para atender los derechos de NNA. • Abordar las condiciones de bajo acceso, impunidad y congestión judicial para asegurar soluciones efectivas a las necesidades jurídicas de las personas. Promover la justicia para el cambio social mediante la democratización del Estado y la garantía de derechos y libertades como un habilitador estructural de la Seguridad Humana. • El esquema de seguridad humana contempla la 'Justicia para el cambio social' como un componente fundamental. • Establecer mecanismos de cooperación entre las entidades que intervienen en la investigación y judicialización de estructuras multicrimen, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. • Desarrollar capacidades institucionales, técnicas y tecnológicas del Sistema de Justicia para que funcione como un ecosistema institucional integrado, descentralizado y enfocado en la dignidad de las personas. Formalizar el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado para una gestión efectiva y articulada. Crear un mapa de justicia y un modelo de articulación y coordinación entre el Sistema de Justicia y los sistemas locales de justicia. • Fortalecer el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR); fortalecer la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación; y promover arreglos normativos e institucionales para rutas de justicia transicional u ordinaria. • Crear el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de Violencias Basadas en Género, que integre rutas de atención y articule intersectorialmente, con plataforma tecnológica e interoperabilidad. Definir un mecanismo de coordinación interinstitucional para violencias y discriminación contra personas LGBTIQ

Crear un sistema de salud universal y garantista, basado en un modelo preventivo y predictivo, con énfasis en la atención primaria en salud (APS) para lograr "Colombia como territorio saludable". • Garantizar la universalización de la atención integral a la primera infancia en territorios vulnerables. Asegurar los derechos a la salud plena para las mujeres. • Garantizar el agua como derecho fundamental. • Avanzar en la garantía del goce efectivo del derecho fundamental a la salud, de forma integral y universal. Garantizar el acceso efectivo a servicios esenciales de salud como parte de la superación de privaciones básicas y la expansión de capacidades. • Gozar de buena salud física, mental y social como parte de la expansión de capacidades. Disminuir los aportes a salud de pensionados que devengan entre 2 y 3 salarios mínimos. Garantizar acceso al sistema de salud para trabajadores de la economía popular y comunitaria. • Modernizar el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para mejorar el portafolio de servicios y su cobertura para los miembros de la Fuerza Pública y sus familias. • Garantizar un sistema de salud universal basado en un modelo preventivo y predictivo. Hacer efectiva la Atención Primaria en Salud (APS) a través de equipos interdisciplinarios territorializados y redes integrales. Fortalecer el aseguramiento en salud para el cuidado integral de toda la población. • Ampliar la cobertura de rehabilitación psicosocial y rehabilitación basada en la comunidad, en particular en las zonas más apartadas, articulado con la estrategia de atención primaria en salud. • Avanzar progresivamente hacia una cobertura universal en la oferta de servicios de cuidado, que responderán a las diferentes poblaciones y promoverán sus derechos. • Mejorar la accesibilidad a servicios de salud en nodos principales a través de una red de infraestructura de transporte regional. • Ampliar la cobertura de rehabilitación psicosocial para víctimas en los lugar

Establecer un sistema de salud universal basado en un modelo preventivo y predictivo, que integre los determinantes sociales, mejore la gobernanza y los sistemas de información, asegure la sostenibilidad de recursos, el acceso equitativo a tecnologías y fortalezca la CTeI en salud. Incluye la atención integral de la salud mental. • Promover prácticas de alimentación saludable y adecuadas al curso de vida, poblaciones y territorios, incluyendo la lactancia materna. Intervenir la población con malnutrición. Garantizar los derechos en salud plena para las mujeres y asegurar la salud y bienestar de las juventudes. Abordar el consumo problemático de sustancias psicoactivas desde un enfoque de salud pública. • Implementar un modelo de salud predictivo y preventivo para evitar muertes prevenibles. Incorporar la salud mental y abordar problemas como la mortalidad materna, la mortalidad en menores de 5 años y la siniestralidad vial como problemas de salud pública. • Asegurar el goce de buena salud física, mental y social. Garantizar atención integral en salud para personas mayores y población habitante de calle, incluyendo el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas. • Desarrollar acciones basadas en evidencia con enfoque en salud pública y derechos humanos para la reducción de riesgos y daños, descriminalización, prevención del consumo en NNA, protección social y atención al consumo problemático de SPA, tomando en cuenta el Plan Decenal de Salud Pública. • Implementar un sistema de salud universal basado en un modelo preventivo y predictivo con Atención Primaria en Salud (APS). Promover políticas intersectoriales para intervenir los determinantes sociales de la salud, incluyendo derechos sexuales y reproductivos, hábitos saludables y prevención de SPA. • Promover la salud mental, el cuidado y autocuidado. Actualizar la política vigente con participación del Consejo de Salud Mental. Construir una estrategia intersectorial para promover la salud mental a través de incl

Recuperar, fortalecer y modernizar la red pública hospitalaria, especialmente en zonas con baja oferta, mediante un plan maestro de inversiones en infraestructura y dotación. • Garantizar la construcción de nuevos hospitales y el mantenimiento adecuado de los existentes como parte de los equipamientos colectivos multifuncionales. • Implementar proyectos de infraestructura social para pueblos y comunidades étnicas, incluyendo el acceso al agua potable y saneamiento básico. • La planeación y ubicación geográfica de infraestructura y equipamiento básico del cuidado, incluyendo hospitales, tendrán en cuenta las características de la población joven en los territorios. • Fortalecer la red pública hospitalaria, en especial en zonas rurales y con baja cobertura, mediante un plan maestro de infraestructura y dotación. • Fortalecer la infraestructura de salud en San Andrés y Providencia como un hub en la cuenca del Caribe y expandir la telemedicina en sedes de prestadores públicos. • Fortalecimiento de la infraestructura para la atención primaria en salud. Menciones específicas incluyen plantas para producción de hemoderivados y vacunas, y adecuación de infraestructura para radiofármacos. Considera un estudio de factibilidad para un reactor nuclear. • Desarrollar infraestructura y dotación para fortalecer la red pública nacional, incluyendo hospitales resilientes y equipos médicos de emergencia. Reestructurar y renovar la infraestructura del Instituto Nacional de Salud. Se contempla la creación de nuevos hospitales (Urabá, Norte del Tolima) y la remodelación y fortalecimiento de hospitales existentes en las regiones Pacífica y Caribe. • Propone el fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento humano para la atención primaria en salud integral y universal. • Fortalecer la infraestructura de salud para la atención primaria y universal. Construir y mejorar infraestructura hospitalaria como el hospital San Lorenzo en Arauquita. • Fortalecer la i

Garantizar educación de calidad para reducir la desigualdad, enfocándose en la primera infancia protegida, erradicar el analfabetismo y cerrar inequidades. Promover la educación superior como un derecho. • Garantizar acceso a la educación libre de discriminación para personas LGBTIQ+. Ofrecer educación inclusiva para personas con discapacidad. Proteger la trayectoria educativa de NNA. Brindar educación con pertinencia a la población campesina. • Abordar las significativas diferencias en el acceso a la educación, especialmente la universitaria, para cerrar brechas de calidad de vida y reducir la discriminación. • Abordar la deuda histórica en el derecho a la educación, buscando que esta, incluyendo la superior, sea un derecho garantizado. Mejorar el acceso y la cobertura en todos los niveles, desde preescolar hasta la educación superior, y reducir la deserción y las barreras de progresión educativa. • Garantizar el acceso a la educación posmedia de calidad y pertinente. Promover el acceso a la educación en todos los niveles para los trabajadores de la Economía Popular y Comunitaria. • Los jóvenes que realizan servicio social para la paz podrán apoyar actividades de educación y alfabetización digital. Se diseñará una hoja de ruta para fortalecer las capacidades de formación y capacitación de la Fuerza Pública, buscando el cierre de brechas educativas. • Garantizar el derecho a la educación y al desarrollo integral desde la educación inicial hasta la posmedia, con estrategias de acceso y permanencia. Universalizar progresivamente la atención integral de la primera infancia y ampliar la cobertura del PAE. Avanzar en la política de gratuidad en la matrícula de IES públicas y fomentar el acceso de 500.000 nuevos estudiantes. • Avanzar en la reforma de la Ley 30 de 1992, priorizando artículos 86 y 87. Garantizar acceso a educación posmedia de calidad para jóvenes. Crear el programa 'Deporte, Recreación y Actividad Física en la Escuela' en jornada extendida. Garantizar acce

Mejorar la calidad educativa a través de la resignificación de la jornada escolar, la dignificación, formación y desarrollo de la profesión docente. Implementar currículos para la justicia social y un Programa de Educación Intercultural y Bilingüe. • Proteger y enriquecer las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes mediante el fomento del arte, el deporte, la cultura, la ciencia y la tecnología, lo cual incide indirectamente en la calidad formativa. • Desarrollar un Programa Nacional de Educación Ambiental enfocado en regiones priorizadas de mayor conflictividad y con enfoque diferencial. • Garantizar la educación posmedia de calidad y pertinente. Promover la formación en el trabajo y la certificación de competencias para la inclusión laboral. • Centrar la educación de calidad en la formación y desarrollo de la profesión docente, fortaleciendo su formación y revisando criterios de evaluación. Resignificar la jornada escolar con formación integral (cultura, deporte, artes, ciencia, educación CRESE). Simplificar y contextualizar currículos, incorporando educación CRESE, artes, música, geografía y habilidades del siglo XXI. Fortalecer la Educación Intercultural y Bilingüe. • Modernizar el sistema educativo para brindar instrumentos para involucrarse en el mundo de la tecnología. Apoyar a la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte para su redefinición como universidad nacional del deporte y modernización institucional. • Ajustar integralmente el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (registros calificados, acreditación, convalidación de títulos) y evaluar nuevos programas según calidad y pertinencia. Fortalecer los sistemas internos de aseguramiento de calidad y la colaboración interinstitucional, así como el fortalecimiento institucional de las IES públicas. • Fortalecer la formación y cualificación de las mujeres a través del sistema educativo. Desarrollar estrategias de formación docente, incentivos y referentes

Implementar un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo para contribuir al bienestar y la seguridad alimentaria. • Impulsar la diversificación de fuentes de financiación y la vinculación de capital privado para la provisión de establecimientos educativos. Implementar un plan de infraestructura educativa para reducir rezagos físicos y tecnológicos en todos los niveles, con enfoque territorial y rural. Promover modelos constructivos amigables con el medio ambiente para estas infraestructuras. • Priorizar recursos para el mejoramiento y dotación de ambientes de aprendizaje para la primera infancia. Ampliar el alcance y cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para contribuir a la seguridad alimentaria y la permanencia escolar, incluyendo atención todo el año en regiones priorizadas. • Garantizar la construcción de nuevos colegios y el mantenimiento adecuado de los existentes como parte de los equipamientos colectivos multifuncionales. • Mejorar los entornos y las infraestructuras educativas y comunitarias. Mejorar los entornos educativos de los hogares comunitarios. • La planeación y ubicación geográfica de infraestructura y equipamiento básico del cuidado, incluyendo colegios y universidades, tendrán en cuenta las características de la población joven en los territorios. • Impulsar el Programa de Alimentación Escolar (PAE). • Construir o mejorar 19,500 ambientes educativos para la paz, dotar 18,000 ambientes pedagógicos para infraestructura escolar, y aumentar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) al 95%. • Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica para educación superior, media, básica y preescolar, tanto urbana como rural. Se proyectan complejos educativos regionales y mejoramiento de infraestructura educativa rural. • Se plantea la ampliación de la infraestructura de la Universidad Nacional, incluyendo sus sedes regionales. • Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológic

Promover una transición energética justa, basada en la soberanía, seguridad y confiabilidad. Diversificar la matriz energética y productiva asociada a actividades extractivas. Asegurar la seguridad y confiabilidad energética. • Reducir la dependencia del petróleo y la minería de carbón térmico, reemplazando estas exportaciones por productos nacionales de alto valor agregado. Colombia debe consolidar alternativas de desarrollo con energías limpias, aprovechando su potencial energético. • Disminuir la dependencia de hidrocarburos y minería. Promover la apropiación comunitaria de las rentas generadas por las energías alternativas. • Fortalecer la producción nacional de fertilizantes (sales potásicas, fosfato de amonio, amoniaco verde, urea) utilizando reservas de gas y otros minerales, así como el aprovechamiento de biosólidos y biomasas. • Modificar gradualmente los patrones de explotación y consumo de hidrocarburos y minerales, utilizando los excedentes financieros del carbón y petróleo para una transición energética hacia una economía verde. Se reconoce que los hidrocarburos y minerales seguirán siendo significativos. • Reducir la dependencia del modelo extractivista. Democratizar el uso de recursos energéticos locales como las energías limpias y la generación eléctrica. Acelerar una transición energética justa y sostenible. Financiar economías alternativas con excedentes del petróleo y carbón. • Acelerar la generación de energías renovables y promover tecnologías para eólica, solar, geotérmica, biomasa y otras FNCER. Priorizar el uso de recursos energéticos locales y sustituir progresivamente plantas termoeléctricas. Garantizar el abastecimiento de gas y otros energéticos, desarrollando infraestructura. Monitorear contratos de exploración y producción de gas y crudo para seguridad energética. Mejorar el factor de recobro de hidrocarburos. Garantizar soberanía en la distribución de combustibles líquidos. Promover aprovechamiento sostenible de minerales estratégicos

Fortalecer la dirección de infraestructura y energía sostenible en el Departamento Nacional de Planeación para impulsar la transición energética. • Impulsar una transición energética justa, segura, confiable y eficiente. Fomentar la generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Promover la eficiencia energética y el desarrollo económico a partir de nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición. • Impulsar la transformación de las estructuras productivas hacia economías limpias y biodiversas, reemplazando la producción intensiva en carbono. La política monetaria debe favorecer la financiación de la transformación de la matriz energética. • Realizar la transformación energética reconociendo los servicios ecosistémicos, los recursos naturales y el trabajo como factores primarios de la producción. • Apoyar la implementación de nuevos sistemas o proyectos de transporte público 'limpios'. Impulsar la movilidad sostenible y la transición energética del sector transporte. • Implementar una estrategia de cualificación y reconversión de trabajadores de industrias contaminantes u obsoletas hacia la economía productiva y de transición energética, en línea con la neutralidad del carbono. Impulsar un programa piloto de empleos verdes para mujeres, que incluya el tránsito hacia energías limpias. • Promover la producción de fertilizantes como el amoniaco verde y el aprovechamiento de biosólidos y biomasas para la actividad agrícola, lo que contribuye a una transición hacia insumos de origen biológico. • Impulsar una transición energética progresiva y justa que lleve a una economía productiva limpia y sostenible, financiada con excedentes de combustibles fósiles, y aumentar la capacidad de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) a 2.297,08 MW. • Aprovechar la posición geográfica y el potencial de fuentes de energía renovable (viento, sol, agua, biomasa, calor del subsuelo, oc

Fortalecer la dirección de infraestructura y energía sostenible en el Departamento Nacional de Planeación. • Trabajar por el cierre de brechas energéticas para garantizar el acceso a todos los territorios. • Aumentar la capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) a 2.297,08 MW. • Mejorar tecnológicamente el sector eléctrico para aprovechar diversas fuentes y sistemas de medición avanzada, garantizando confiabilidad y seguridad al 97% de las viviendas. Promover la interconexión y desarrollo de infraestructura para fuentes de energía renovable en la región. • Asegurar un sistema energético con infraestructura y tecnología avanzada. Desarrollar la infraestructura necesaria para transportar energéticos. Impulsar la infraestructura de almacenamiento estratégico de combustibles líquidos y GLP. Universalizar el servicio de energía eléctrica mediante conexión al SIN y uso de energéticos más limpios para cocción. Promover sistemas de autogeneración a pequeña escala con FNCER en barrios subnormales. Ampliar cobertura de gas combustible para estratos 1 y 2 y zonas rurales. Considerar la creación de un instituto para la investigación en desarrollo de tecnologías de energía limpia. • Avanzar en la universalización del servicio de energía eléctrica mediante la ampliación de cobertura con diferentes soluciones y participación social. • Atraer inversiones en infraestructura para la transición energética. • Beneficiar a 145,000 nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica y conectar 1,500,000 usuarios residenciales adicionales al servicio domiciliario de gas combustible por redes, aumentando la cobertura de energía. • La 'energización rural' es identificada como una inversión asociada a la 'Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática' en el marco del PPI para la paz, lo que implica desarrollo de infraestructura energética en zonas rurales. • Mejoramiento de la infraestructura

Implementar un ordenamiento territorial que ponga el agua en el centro, considerando su ciclo como base. Garantizar el mínimo vital de agua y promover una justicia ambiental asociada. • Garantizar el suministro de agua apta para el consumo humano en todo el territorio nacional. Promover el uso eficiente de los recursos para el desarrollo de ciudades circulares. • El Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua es un eje central. Propone recuperar cuencas, páramos, ríos, ciénagas y humedales, así como la universalización de los acueductos. El agua potable, saneamiento básico y agua residual son necesidades clave identificadas. • Consolidar el ordenamiento territorial alrededor del agua con enfoque de Justicia Ambiental. Gestionar integralmente el agua en todas sus dimensiones para soportar acueductos y protección contra inundaciones/sequías. Proteger las determinantes ambientales que inciden en la oferta hídrica para servicios públicos y riego, y democratizar su acceso y uso. • Actualizar la política de gestión integral del recurso hídrico, incluyendo protección de ecosistemas, cuencas y fuentes subterráneas, y articulación con políticas de asentamientos. Fortalecer el acceso a nuevas tecnologías para el manejo de vertimientos y tratamiento de aguas residuales. Formular lineamientos para manejo de aguas lluvias, gestión de escorrentía, SUDS y SBN. • Garantizar el derecho a un mínimo vital de agua y el acceso efectivo a servicios esenciales de agua, especialmente en zonas rurales donde más de 3.2 millones de personas carecen de soluciones adecuadas de agua potable. Enmarcar esto en el ordenamiento del territorio alrededor del agua. • Garantizar el derecho humano al agua y su provisión universal, asegurando disponibilidad, acceso y calidad, a través del mínimo vital a la población más vulnerable. Desarrollar propuestas normativas para el acceso al agua y saneamiento básico con esquemas diferenciales y medios alternos. • Mejorar la calidad del agua en zonas rurales y

Formalizar, adjudicar y regularizar la tenencia de la propiedad en zonas rural, urbana y suburbana para garantizar el acceso a la propiedad. • Desarrollar una política integral de hábitat con participación comunitaria. Implementar mecanismos diversos de acceso a la vivienda (nueva, usada, arrendamiento social, autogestión). Democratizar el crédito para soluciones habitacionales. Prover y mejorar la vivienda rural. Impulsar vivienda diferencial, de interés cultural y vivienda productiva. Gestionar el suelo para vivienda de interés social y soportes urbanos. • La 'vivienda digna' es identificada como una de las necesidades de cambio expresadas por la ciudadanía en los diálogos regionales. • Reasentar familias afectadas por eventos y daños en sus viviendas. Mejorar las condiciones de vida de comunidades urbanas, rurales y étnicas a través del ordenamiento territorial. • Proteger el suelo rural para el derecho a la vivienda y el hábitat. Diseñar e implementar una estrategia nacional para la adaptación al cambio climático de los asentamientos y reasentamientos humanos, incluyendo mejoramiento de vivienda y barrios, legalización y control urbanístico. Parques Nacionales Naturales podrá autorizar adecuaciones de vivienda rural vulnerable en áreas protegidas. • Garantizar el acceso a vivienda digna para personas mayores. Brindar soluciones habitacionales a la población habitante de calle. Asegurar el derecho a la vivienda para la población víctima del conflicto. • Garantizar el otorgamiento de subsidios de vivienda a integrantes de la Fuerza Pública. • Destinar bienes de extinción de dominio para la vivienda de población en proceso de reincorporación, facilitando el desarrollo de modelos cooperativos y asociativos para poblaciones vulnerables. • Fomentar el acceso al subsidio de vivienda para las trabajadoras y los trabajadores del campo, como parte de las medidas para mejorar su calidad de vida. • Implementar mecanismos de verificación para medidas de ahorro de agua y ener

Fortalecer la dirección de desarrollo urbano del DNP e impulsar sistemas de transporte público urbano y regional para aprovechar las aglomeraciones. • Gestionar y revitalizar los centros de las áreas urbanas, fomentando equipamientos multifuncionales y proximidad. Promover la innovación y productividad urbana. Reducir el impacto ambiental del sector residencial y fomentar el hábitat verde. Conformar hábitats próximos, diversos, accesibles e incluyentes. Usar eficientemente los recursos para ciudades circulares. Gestionar el suelo para vivienda de interés social y soportes urbanos. • Repensar las dinámicas urbanas y la sostenibilidad de las ciudades, reconociendo el estrés hídrico. Se busca 'ruralizar la conciencia urbana' para que los habitantes de ciudades asuman su responsabilidad en la conservación ambiental. Se plantea la financiación de necesidades rurales desde los habitantes urbanos y el aprovechamiento de la potencialidad fiscal de impuestos al suelo y rentas urbanísticas. • Aplicar instrumentos de financiación para el desarrollo urbano y rural. Regular la expansión física en áreas metropolitanas y ciudades, controlando la suburbanización. Optimizar la localización y apropiación del territorio por parte de las personas. • Articular la política de gestión hídrica con las decisiones urbanas y de hábitat que inciden en la expansión de las ciudades y su relación con lo rural. Diseñar e implementar una estrategia nacional para la adaptación al cambio climático de los asentamientos y reasentamientos humanos, con un enfoque en legalización, control urbanístico, mejoramiento integral de barrios y gestión del suelo. Regular los bordes urbanos para controlar la suburbanización y la expansión urbana. • Fortalecer y implementar sistemas de transporte público de pasajeros (urbano y regional) para mejorar el acceso a bienes, servicios y oportunidades en aglomeraciones urbanas, con un enfoque diferencial y sostenible. • Mitigar impactos de la urbanización contemporánea en

Implementar un ordenamiento territorial que priorice el agua, la biodiversidad y las personas. Modernizar la institucionalidad ambiental, garantizar la protección del suelo rural para la seguridad alimentaria y fomentar la justicia ambiental. • Implementar un programa de conservación y restauración de la naturaleza, frenando la deforestación y restaurando ecosistemas y áreas protegidas participativamente. Promover modelos de bioeconomía (producción sostenible, turismo, economía forestal, bioproductos, economía circular). Impulsar la protección de la vida y el ambiente como motor de desarrollo sostenible. Buscar compensación para territorios con áreas de Parques Nacionales Naturales. Desarrollar una política exterior para luchar contra la pérdida de biodiversidad. • La conservación y preservación de la naturaleza y sus funciones ecosistémicas son pilares. Se propone una economía descarbonizada basada en la biodiversidad. Se debe recuperar cuencas, páramos, ríos, ciénagas y humedales. Se menciona la lucha contra la deforestación y la extracción ilícita de minerales. Los ecosistemas marinos protegidos garantizarán el Derecho Humano a la Alimentación. • Avanzar en un ordenamiento territorial con enfoque de Justicia Ambiental para la distribución de beneficios de la conservación del agua. Proteger y conservar los ecosistemas estratégicos y el patrimonio natural. Restaurar los ecosistemas estratégicos. Fomentar esquemas asociativos para la gestión de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, promoviendo la conectividad ecológica. Reformar el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y aumentar el presupuesto para sus entidades. • Crear una Agencia para impulsar la restauración, economía forestal y de la biodiversidad, y apoyar el control de la deforestación. Fortalecer la gobernanza del SINA y la implementación de la Política y Plan Nacional de Protección y Bienestar Animal (esterilización, atención a animales en calle, centros regionales/fauna silvestre). Crear una Estrategia

Considerar la relación entre salud, ambiente y cambio climático dentro de las estrategias de bienestar físico y mental de la población. • Transicionar hacia una economía carbono neutral y territorios/sociedades resilientes al clima. Descarbonizar sectores productivos y gestionar riesgos climáticos. Adaptar infraestructura pública y PPP al cambio climático con menos emisiones. Fortalecer el marco normativo e incentivos para la descarbonización del transporte. Impulsar el financiamiento climático y un mercado de carbono justo. Reducir la vulnerabilidad fiscal y financiera ante riesgos climáticos y desastres. • Se reconoce la responsabilidad colectiva en los asuntos ambientales y el cambio climático, donde los límites entre naciones pierden relevancia. La 'Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática' es una de las cinco transformaciones del Plan. Se busca una economía descarbonizada. • Aumentar la adaptación y resiliencia climática del territorio. Fomentar esquemas asociativos para responder a los desafíos del cambio climático. Implementar el Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental para la gestión de riesgos climáticos. Ampliar las mesas agroclimáticas para decisiones informadas sobre variabilidad y cambio climático. Ejecutar una estrategia de comunicación y apropiación de información sobre instrumentos de fijación de precios al carbono. • Poner en marcha el Fondo para la Sustentabilidad y Resiliencia Climática (FONSUREC) para canalizar recursos. La nueva Agencia para el servicio forestal apoyará la mitigación y adaptación al cambio climático. Optimizar la institucionalidad climática repotenciando el SISCLIMA y articulándolo con SINA y SNGRD. Desarrollar una Estrategia Nacional para la Adaptación al Cambio Climático de Asentamientos y Reasentamientos Humanos. • Promover la movilidad sostenible y la transición energética en el sector transporte. Impulsar nuevos modelos constructivos amigables con el medio ambiente. • Promover la incorporación curr

Fortalecer la dirección de desarrollo rural, garantizar el acceso y formalización de la propiedad en zonas rurales, proteger el suelo rural para la alimentación y promover el trabajo decente y la economía popular en el campo colombiano. • Implementar la Reforma Rural Integral para un nuevo campo colombiano. Garantizar la restitución de la tierra para las víctimas del conflicto. Asegurar las tierras y territorialidades campesinas. Provisión y mejoramiento de vivienda rural. Integrar territorios afectados por el conflicto con apuestas estratégicas de desarrollo regional. • La distribución de la tierra se plantea como una condición básica para incrementar la productividad agropecuaria y reducir la dependencia de la importación de alimentos. • Formalizar, regularizar y restituir la propiedad de la tierra para el cierre de brechas y la democratización del territorio. Acelerar el catastro multipropósito para estimular el mercado de tierras y reducir la informalidad. Implementar una Reforma Rural Integral orientada a evitar la expansión indiscriminada de la frontera agrícola y garantizar el acceso integral a la tierra. • Reglamentar la protección del suelo rural para el derecho a la alimentación y la vivienda. Regular la subdivisión predial para proteger la Unidad Agrícola Familiar (UAF). Implementar mecanismos financieros y de gestión para cerrar la frontera agrícola y conservar suelos agrológicos. Resolver conflictos entre el sector agropecuario y ambiental, priorizando PDET y territorios con cultivos ilícitos. • Impulsar la formalización, regularización y adjudicación de la propiedad rural, priorizando la titulación a favor de campesinos y comunidades afrocolombianas e indígenas. Implementar el Plan Nacional de Formalización de la Propiedad Rural del Acuerdo de Paz, incluyendo planes de ordenamiento social de la propiedad rural, proyectos productivos sostenibles y atención a segundos ocupantes y campesinos despojados. • Elaborar y publicar nuevas mediciones de desiguald

Garantizar el Derecho Humano a la Alimentación mediante la protección del suelo rural, un PAE equitativo, y la transformación del sector agropecuario para aumentar y mejorar la producción de alimentos. Ordenar la producción, asegurar acceso a factores productivos, fortalecer la innovación agropecuaria y fomentar la producción nacional de insumos, transitando a insumos biológicos. • Desarrollar cadenas de suministros agrologísticas eficientes, digitales y tecnificadas para el campo. Mejorar el transporte agropecuario para reducir pérdidas y la intermediación. Promover productos con denominación de origen y comercio exterior agropecuario regional. Implementar una política de inocuidad de alimentos y seguimiento de brotes. Fomentar prácticas de alimentación saludable y salvaguardar cocinas tradicionales. Intervenir en situaciones de malnutrición. Garantizar el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y fortalecer instituciones rurales. • El 'Derecho Humano a la Alimentación' es una de las cinco transformaciones centrales del Plan. Se busca garantizarlo mediante la protección de ecosistemas marinos. Se busca incrementar la productividad agropecuaria y estimular proyectos productivos para reducir la dependencia de la importación de alimentos. • Modificar el diseño de impuestos a la propiedad rural para privilegiar la producción agroalimentaria y el desarrollo de sistemas agrosilvopastoriles. Incrementar la productividad del campo. • Proteger el suelo rural para garantizar el derecho a la alimentación. Consolidar infraestructuras como distritos de riego para mejorar la productividad. Actualizar y generar insumos de información agrológica y ambiental para identificar suelos con mayor potencial agropecuario y definir áreas productivas. • Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para las personas mayores y para la población habitante de calle. • Impulsar modelos económicos sostenibles con estrategias de reconversión productiva, proyectos productivos regionales con

Aumentar la oferta de transporte público urbano y regional con esquemas tarifarios diferenciales, asegurar su financiación sostenible y mejorar la calidad y seguridad del servicio con un enfoque diferencial. • Mejorar el transporte a lo largo de la cadena logística agropecuaria (protocolos prioritarios, menores pérdidas). Impulsar el ascenso tecnológico del sector transporte y la movilidad activa, incluyendo infraestructura de carga y descarbonización de transporte público. Intervenir vías regionales (secundarias y terciarias), terminales fluviales y aeródromos. Integrar territorios mediante conectividad física y multimodalidad. Fortalecer la industria nacional y capacidades técnicas para el transporte. Mejorar infraestructura vial, turística y de servicios. • Desarrollar el transporte fluvial como parte de las transformaciones sustantivas que se proponen para el país. • Desarrollar infraestructura funcional y de servicios con impacto regional que soporte las necesidades de transporte (acuático, férreo, carretero y aéreo), incluyendo mejoras en vías terciarias y sistemas de transporte intermodal. • Implementar las determinantes de las infraestructuras de transporte y revisar el estado de las necesarias para el desarrollo turístico. Mejorar la conectividad y las infraestructuras en territorios fronterizos. • Superar las barreras de movilidad consolidando la red de infraestructura regional y social, y sistemas de transporte público urbanos y regionales. Abordar la siniestralidad vial como problema de salud pública, mejorando la seguridad en el transporte y la recopilación de datos de siniestros en transporte fluvial y férreo. • Fortalecer e implementar sistemas de transporte público de pasajeros (urbano y regional), apoyar la estructuración y operación de nuevos sistemas 'limpios' con esquemas tarifarios diferenciales y subsidios. Establecer un marco jurídico para la financiación sostenible de estos sistemas (pública, privada o mixta). Promover la movilidad sostenible

Fomentar la concurrencia de recursos para inversiones estratégicas en CTI. Promover un marco regulatorio que facilite la investigación e innovación. • Promover la investigación para enfrentar el desafío del envejecimiento y la vejez. • Desarrollar proyectos de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) desde el sector defensa y establecer alianzas estratégicas con sectores público, privado y la academia, incorporando lineamientos para el aprovechamiento comercial de bienes intangibles y derechos de propiedad intelectual. • Incentivar el desarrollo tecnológico e investigación en salud. Implementar la misión de investigación e innovación para la transferencia y apropiación de conocimiento y fortalecer la Comisión Intersectorial para el Desarrollo y Producción de Tecnologías Estratégicas en Salud (CIDTPES). • Reinvertir parte de las tasas recaudadas por propiedad industrial en el funcionamiento y promoción de la innovación. Modificar el artículo 169 de la Ley 1955 de 2019 para incentivar la participación de actores en la explotación de derechos de propiedad intelectual sobre proyectos de CTI financiados con recursos públicos. • Generar modelos productivos agropecuarios a partir de procesos de investigación y desarrollo (I+D) y asegurar capital para financiamiento como factor productivo, sin detallar mecanismos específicos de financiación de I+D. • Aumentar la participación de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) frente al PIB a 0,50% durante el cuatrienio, como parte de la estrategia para la reindustrialización intensiva en conocimiento y tecnología que busca superar la baja productividad. • Aumentar la inversión en actividades de investigación y desarrollo (I+D), la cual actualmente es baja (0.24% del PIB) en comparación con el promedio regional y la OCDE. • Considerar la creación de un instituto para la investigación en prospectiva y desarrollo de tecnologías/formas de generación de energía limpia. Fortalecer los recursos de financiación de la UPME para cons

Fomentar el talento digital para mejorar la productividad laboral y la empleabilidad, impulsando el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. • Fortalecer el talento humano en ciencia y tecnología, especialmente en tecnologías convergentes. Proteger la trayectoria de vida y educativas de NNA a través de la ciencia y tecnología. Fortalecer las capacidades técnicas para el ascenso tecnológico del sector transporte. • Diseñar una hoja de ruta que fortalezca las capacidades de formación, capacitación, investigación, instrucción, entrenamiento y reentrenamiento del personal de la Fuerza Pública, de acuerdo con sus perfiles y planes de carrera. • Consolidar un ecosistema de educación superior pública vinculado al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para fomentar la formación y vinculación de talento que atienda las necesidades de investigación del país. • Enfatizar la transferencia de conocimiento en cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales, y promover el diálogo intercultural entre saberes ancestrales y conocimiento científico. • Fortalecer las capacidades humanas como un pilar para la reindustrialización, la diversificación económica y la generación de empleos de calidad. • Crear mecanismos para promover el desarrollo de competencias y cualificaciones, con enfoque diferencial, en tecnologías y vehículos de cero y bajas emisiones (eléctricas y de hidrógeno) para el sector transporte. • Promover la formación de talento en tecnologías convergentes y digitales emergentes, y en áreas STEAM. Impulsar estrategias de vinculación de capital humano de alto nivel para I+D+i, inserción de doctores en la industria y aprovechamiento de la diáspora científica. Fortalecer programas nacionales de doctorado y habilitar convalidación rápida de títulos de posgrado con financiación pública. • Estimular la vinculación de colombianos con estudios de maestría y doctorado en el exterior con entidades del sector público, privado o académico en Colombia. • P

Fortalecer la política de ciencia, tecnología e innovación en salud, impulsar la CTeI desde la seguridad y defensa para la transformación y conectividad, y robustecer los sistemas territoriales y nacionales de innovación agropecuaria. • Trabajar para el cierre de brechas tecnológicas en el sector productivo, lo que puede implicar el desarrollo o acceso a infraestructura. • Impulsar centros de desarrollo integral de NNA en ciencia y tecnología. Reducir rezagos de infraestructura tecnológica en educación. • Incrementar las capacidades para el desarrollo de actividades de inteligencia estratégica a través de la alineación de arquitectura institucional, planta de personal y aspectos técnicos, incluyendo la infraestructura. • Potenciar centros de investigación en salud como el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil a través de su recuperación. • Fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) y los sistemas territoriales de innovación para impulsar procesos de investigación, desarrollo y adaptación tecnológica. • Implementar los centros nacionales de logística y de entrenamiento para el manejo de desastres. • Escalar capacidades y servicios de extensión tecnológica para cerrar brechas en el sector productivo. Articular instrumentos para desarrollo de capacidades gerenciales y asesoría en propiedad intelectual/vigilancia tecnológica. Fortalecer infraestructuras de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Fortalecer la investigación básica y aplicada, los ecosistemas científicos y el financiamiento basal de centros e institutos de investigación. • Propone retomar el Centro Carimagua como un centro de investigación e innovación, convirtiéndolo en un modelo de producción. • Apoyar la consolidación de centros para la investigación, innovación y desarrollo de la educación digital. • Construir un Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en tecnologías convergentes para la reindustrialización del país. Apoyar la construcción

Desarrollar una estrategia de conectividad digital integral para cambiar vidas y garantizar el acceso a servicios de justicia digital. Promover el acceso, uso y aprovechamiento de datos para la transformación social y asegurar la seguridad digital. • Asegurar que los servicios sociales y equipamientos colectivos cuenten con proximidad digital. • Superar las barreras de conectividad y movilidad mediante la democratización en el acceso, uso y apropiación de las TIC. Cerrar la brecha digital, especialmente en zonas rurales y para hogares de bajos ingresos, como un habilitador fundamental para el desarrollo integral y la superación de privaciones. • Garantizar la conectividad digital para la superación de privaciones y el desarrollo de capacidades a través del acceso, uso y apropiación de las TIC. Desarrollar infraestructura física digital para el buen vivir. • Promover la conectividad y competitividad a nivel regional, usando capacidades duales de la Fuerza Pública y fortaleciendo SATENA. Ofrecer alfabetización digital como parte del servicio social para la paz. • Formular una política de Estado de Transformación Digital de la Justicia. Fortalecer la infraestructura tecnológica y ampliar la conectividad y las capacidades tecnológicas de los operadores de justicia para mejorar la cobertura y calidad de los servicios digitales, cerrando brechas de acceso a la justicia digital para poblaciones vulnerables. • Garantizar la conectividad digital como condición fundamental para la dignidad humana, junto con otros servicios básicos. • Establecer una estrategia de conectividad nacional y regional para llevar servicio a zonas sin cobertura y mejorar calidad. Diseñar mecanismos de coinversión Estado-privados para redes. Eliminar barreras territoriales para redes. Asignar espectro radioeléctrico (especialmente 5G) maximizando bienestar social. Promover actores locales/regionales en el servicio de internet. • Impulsar la participación de la Economía Popular en la economía digital.

Impulsar la transformación social mediante el acceso y aprovechamiento de datos, y establecer una política de Estado para la transformación digital de la justicia a mediano y largo plazo. • Impulsar la industria digital nacional. Promover la adopción tecnológica y modernización del sector postal. Usar tecnologías emergentes en cadenas logísticas agropecuarias. • Promover un ecosistema digital confiable y seguro para el desarrollo de actividades sociales y económicas. Reglamentar el uso de herramientas tecnológicas de transporte. • Revisar y ajustar la estructura organizacional y los procesos del sector defensa bajo principios de transformación digital, gestión del conocimiento e innovación. • Formular una política integral de Estado de mediano y largo plazo para la transformación digital de la justicia, centrada en procesos de modernización y uso de herramientas TIC para ampliar cobertura y mejorar la calidad del servicio de justicia. • Ampliar la salud digital a través de la apropiación de tecnologías de información en el ecosistema sanitario, incluyendo aplicaciones, servicios digitales, desarrollo y adopción de sistemas TIC con interoperabilidad, estándares de salud y ciberseguridad. • Desarrollar la sociedad del conocimiento a través de las TIC para generar oportunidades, riqueza, igualdad y productividad. Fomentar el sector cultural como dinamizador de las economías populares y alternativas en ecosistemas culturales y creativos. • Promover la empleabilidad en sectores relacionados con tecnologías digitales. Regular nuevas modalidades de trabajo, como las plataformas digitales, bajo criterios de progresividad y estabilidad para garantizar derechos laborales. • Impulsar la participación de la Economía Popular en la economía digital. Impulsar la transformación digital del Impuesto de Industria y Comercio mediante un sistema único de declaración y pago. • Impulsar la transformación digital del sector agropecuario a través de cadenas de suministro eficientes, el com

Incorporar el uso de tecnologías emergentes en la comercialización y cadenas logísticas del sector agropecuario. • Impulsar el desarrollo de tecnologías en salud y el uso de tecnologías de información en el ecosistema sanitario, incluyendo la ciberseguridad. • Promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico, especialmente para servicios 5G, a través de esquemas y condiciones que maximicen el bienestar social y la compartición de este recurso. • Fomentar la formación y empleabilidad en áreas relacionadas con tecnologías digitales, incluyendo programación y ciencia de datos, lo que implica el uso y desarrollo de tecnologías emergentes. • Impulsar la adopción de tecnologías digitales emergentes en la comercialización y las cadenas logísticas agropecuarias para generar eficiencias, seguridad y transparencia. • Promover la economía azul mediante tecnologías innovadoras. Considerar la creación de un instituto para la investigación y desarrollo de tecnologías de generación de energía limpia. • Cerrar brechas tecnológicas en el sector productivo incluyendo el uso de datos y tecnologías digitales emergentes. Promover la formación de talento en tecnologías convergentes y digitales emergentes. Implementar tecnología blockchain para proyectos climáticos de gran impacto. • Adoptar tecnologías disruptivas como analítica de datos e inteligencia artificial para identificar riesgos de corrupción. Promover la utilización masificada de tecnologías 4.0 en las cadenas de suministro. Desarrollar competencias de servidores públicos en el uso de tecnologías digitales emergentes. • Fomenta la adaptación de tecnologías para la transición energética en el marco de la Política de Reindustrialización. • Buscar mayor inversión extranjera en sectores de alta tecnología, especialmente desde el Indo-Pacífico, para dotar a las exportaciones colombianas de un mayor valor agregado. • Impulsar el desarrollo de la sociedad del conocimiento y la tecnología para fomentar la innovación. • Desarrollar

Promover la alfabetización y apropiación digital como motor de oportunidades para la igualdad, y asegurar una justicia digital eficiente e incluyente. • Democratizar el acceso, uso y apropiación de las TIC para cerrar la brecha digital, especialmente en zonas rurales y para hogares de bajos ingresos, garantizando la inclusión digital como un medio para superar privaciones y promover el desarrollo integral. • Asegurar el acceso, uso y apropiación de las TIC para el desarrollo de capacidades y la superación de privaciones, contribuyendo a la inclusión social. • Que los jóvenes puedan apoyar la alfabetización digital como parte del servicio social para la paz. • Cerrar las brechas de acceso a la justicia digital de grupos y poblaciones vulnerables. Promover el uso pertinente de los servicios de justicia, las habilidades y los conocimientos que permitan a las personas identificar, evaluar y actuar ante sus conflictos y necesidades jurídicas. • Garantizar la conectividad digital como una condición fundamental para la dignidad humana y el bienestar, contribuyendo a la superación de privaciones. • Asegurar la conexión y alfabetización digital de los habitantes, priorizando población vulnerable y territorios olvidados. Diseñar e implementar una estrategia para democratizar las TIC y desarrollar la sociedad del conocimiento mediante alfabetización y apropiación digital con enfoque diferencial. • Diseñar e implementar una estrategia integral para promover el uso y la apropiación de las tecnologías digitales, incluyendo programas de formación de competencias digitales (programación, ciencia de datos, bilingüismo) y la eliminación de barreras para la vinculación laboral relacionadas con la certificación de estas competencias. • Administrar el consumo indispensable de energía eléctrica para población vulnerable (estratos 1 y 2) mediante tecnologías digitales para el bienestar del usuario y la eficiencia del gasto público. • Garantizar la proximidad digital en la distribución de

Implementar el Programa de Datos Básicos, promover la interoperabilidad y portabilidad de datos para el empoderamiento ciudadano y el aprovechamiento sectorial. Usar datos para visibilizar desigualdades y mejorar políticas sociales, así como fortalecer los sistemas de información en salud y cuidado. • Mejorar la producción de información para una mejor toma de decisiones en el sector rural. Implementar un gobierno digital orientado a la ciudadanía. • Acelerar la actualización e implementación del catastro multipropósito para consolidar el Sistema de Administración del Territorio (SAT). Desarrollar el Sistema de Información Ambiental Colombiano (SIAC) y el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. Implementar el Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental. • Fortalecer el suministro de información para el reconocimiento, vigilancia y monitoreo del territorio. Ampliar el alcance de los centros integrados de información para protección ambiental y gestión del riesgo de desastres con enfoque comunitario. Crear y difundir herramientas tecnológicas de información poblacional y estadísticas territoriales. • Materializar el intercambio de información entre catastro, registro y entidades territoriales, priorizando la interoperabilidad de datos clave. Poner en funcionamiento el Repositorio de Datos Maestros (RDM), la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) y el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), modernizando el Sistema de Información Registral para la gobernanza del territorio. • Garantizar la disponibilidad de datos de calidad para políticas públicas. Implementar el Programa de Datos Básicos. Asegurar la interoperabilidad por defecto en entidades públicas. Crear una estrategia de portabilidad de datos para empoderamiento ciudadano. Desarrollar una estrategia de datos sectorial para aumentar disponibilidad y aprovechamiento, e impulsar una cultura de datos. Fortalecer la infraestructura tecnológica para interoperabilida

Establecer una Dirección Nacional de Asuntos Espaciales. • Implementar el Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental y realizar monitoreo y seguimiento a la deforestación y restauración con nuevos métodos de medición. • Fortalecer la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) como parte del esfuerzo por mejorar la interoperabilidad de la información territorial y la gobernanza del territorio. • Crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales para coordinar, definir, hacer seguimiento y control de estrategias nacionales de seguridad digital y fortalecer la institucionalidad del país, como parte de la Presidencia de la República. • Crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, con una Dirección Nacional de Asuntos Espaciales, para establecer la gobernanza e institucionalidad del sector espacial en Colombia, consolidar y ejecutar una Política Espacial Colombiana, representar al Estado internacionalmente y diseñar estrategias de desarrollo productivo en el sector. • Definir la conformación y funcionamiento de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) para estandarizar y facilitar el uso de datos geoespaciales en la gestión catastral y territorial. • Promover la investigación científica colombiana en la Antártida para el avance del conocimiento climático y ambiental, en concordancia con el Programa Antártico Colombiano y la política nacional del océano y los espacios costeros.

Desarrollar un sistema de protección social universal y adaptativo, que incluya estrategias de acompañamiento a hogares en extrema pobreza. Proponer una declaración universal de ingresos y consolidar el registro social de hogares, además de brindar protección integral a la población habitante de calle. • Superar las injusticias y exclusiones históricas. Intervenir en la población con situaciones de malnutrición. Garantizar igualdad de oportunidades para poblaciones vulneradas y excluidas. • Se busca cerrar las brechas de calidad de vida y reducir la discriminación, pues es "inaceptable que en regiones ricas habiten poblaciones tan pobres". La creación de riqueza es necesaria para avanzar hacia una distribución adecuada del ingreso y mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de la población. • Reducir la inequidad en las cargas de contaminación y mejorar la distribución de beneficios de conservación del agua. Formalizar y restituir la propiedad de la tierra para cerrar brechas y democratizar el territorio, contribuyendo a la erradicación de la pobreza. • Rediseñar el Sistema de Protección Social para asegurar una oferta pertinente y de calidad, garantizando una protección universal y superando las privaciones básicas. Atender la alta incidencia de pobreza monetaria y multidimensional, así como la vulnerabilidad de la población, para evitar que retornen a la pobreza. • Priorizar la atención de los más pobres y vulnerables mediante un sistema de transferencias (Renta Ciudadana), usando Sisbén. Implementar acompañamiento a hogares en extrema pobreza. Consolidar el Registro Social de Hogares (RSH) con reporte universal de ingresos y crear una ventanilla única para programas sociales. Implementar la Política Pública Social para Habitantes de Calle (PPSHC). Apoyar esquemas tarifarios diferenciales en transporte para vulnerables. Publicar nuevas mediciones de desigualdad (tierra, propiedad, activos, riqueza). • Garantizar que el Estado ejerza control territorial y p

Implementar un sistema de transferencias y el Programa Renta Ciudadana como parte de un sistema de protección social universal y adaptativo. • Complementar la generación de empleo con transferencias monetarias a hogares más pobres. Implementar un sistema de transferencias (monetarias y en especie) a través de un programa único (Renta Ciudadana) que armonice las condicionadas y no condicionadas, con enfoque de hogar, ciclo de vida, género y diferencial (discapacidad, víctimas, étnico). Condicionar transferencias a salud, educación, ocupación y empleo. • Avanzar hacia una metodología de focalización de subsidios que considere la capacidad de pago para el servicio de energía. Promover proyectos de masificación de gas combustible para estratos 1 y 2 y población rural con subsidio de vivienda de interés social rural. • Considerar subsidios diferenciales en la política de agua y saneamiento básico y ajustar el sistema de focalización de subsidios públicos. • Diferenciar el beneficio por género en la asignación de transferencias monetarias al interior de los hogares. Priorizar que la titular del beneficio en el programa Renta Ciudadana sea la mujer dentro del hogar. • Proveer asistencia alimentaria a pueblos étnicos mediante entrega directa de mercados o bonos alimentarios como parte de la política nutricional. • Se propone que los subsidios se distribuyan de manera que contribuyan a reducir las desigualdades, enfatizando la importancia de una focalización que minimice los errores de inclusión y exclusión para cumplir su papel distributivo. • Ofrecer apoyos para desempleados en zonas rurales. • Beneficiar a 3 millones de hogares a través de programas del Sistema de Transferencias. • Las 'transferencias para la inversión' se mencionan como una fuente de financiación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la implementación del Acuerdo de Paz, siendo un mecanismo de asignación de recursos públicos. • Otorgar "Capital Semilla" (hasta $8M por una vez) y "Apoyo de Soste

Crear un Sistema Nacional de Igualdad y Equidad (SNIE). Promover el empoderamiento económico y el fortalecimiento de habilidades para emprender en mujeres, e impulsar su participación en el deporte. Establecer un Sistema de Cuidado para la vida y la paz. • Posicionar a las mujeres como motor del desarrollo económico sostenible, protectoras de la vida y del ambiente. Poner a las mujeres en el centro de la política de vida y paz. Garantizar sus derechos a la salud plena. Promover una vida libre de violencias contra ellas. Construir una sociedad libre de estereotipos con gobernanza de género. Desarrollar una política exterior feminista. Garantizar el acceso a la educación y trabajo sin discriminación para población LGBTIQ+. • Abordar las desigualdades en el acceso a la educación, la salud, el deporte y la cultura, especialmente aquellas que afectan de manera más aguda a poblaciones como las mujeres y los grupos étnicos. Combatir la discriminación y el rechazo a la diversidad. • Garantizar la participación efectiva, inclusiva, diferencial y con enfoque de género en la toma de decisiones sobre el desarrollo ambiental. Estimular el liderazgo de las mujeres en asuntos ambientales y su participación en la gobernanza del agua. • Incluir la economía del cuidado en los lineamientos para la planeación de los asentamientos humanos, junto a otros factores como la base ambiental, geografía y construcción histórica y cultural del territorio. • Integrar el cuidado como parte del sistema de protección social, reconociendo el papel de las mujeres como jefas de hogar y abordando las violencias contra ellas. Incorporar el enfoque de género en la operación catastral multipropósito y trabajar por la igualdad de género. • El programa Renta Ciudadana tendrá un enfoque de género y diferencial. El Sistema Nacional de Cuidado (SNC) brindará servicios de cuidado para personas mayores, trabajadores de la economía popular y habitantes de calle. Crear el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad (SNI

Fortalecer la gobernanza para garantizar los derechos de la población con discapacidad. Generar cifras confiables para la acción. Promover educación y trabajo inclusivos, y accesibilidad para su inclusión social y productiva. Materializar la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia. Fomentar un movimiento social de discapacidad cohesionado. Considerar la interseccionalidad. • La ciudadanía identifica el 'apoyo al adulto mayor y a las personas con discapacidad' como una de las necesidades de cambio en los diálogos regionales vinculantes. • El programa Renta Ciudadana brindará prioridad a la población con discapacidad. El esquema de protección al desempleo tendrá en cuenta las brechas existentes para las personas con discapacidad. • Elaborar un protocolo de tratamiento penitenciario y de resocialización para la población privada de la libertad, atendiendo las necesidades y particularidades de grupos poblacionales como las personas discapacitadas. • Definir modelos de operación del Sistema Nacional de Cuidado con un enfoque diferencial, que incluya las particularidades de las personas con discapacidad, asegurando su atención y apoyo. • Impulsar la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad a través de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP). • Promover el cuidado a la población con discapacidad a través del servicio social para la paz; y reconocer el impacto diferenciado en las víctimas de minas con discapacidad. • Garantizar las garantías hacia un mundo sin barreras para las personas con discapacidad. Incluir a mujeres con discapacidad en la certificación de competencias, saberes y conocimientos. Priorizar a mujeres con discapacidad para la entrega de subsidios FOVIS. • Identificar e impulsar organizaciones de mujeres con discapacidad, articulándolas a instancias de participación. Las Casas para la Autonomía y Dignidad de las Mujeres garantizarán acceso a programas y servicios para mujeres en toda su diversidad, incluyendo aqu

Garantizar una primera infancia feliz y protegida. • Universalizar la atención integral a la primera infancia, especialmente en territorios con alto riesgo de vulneración de derechos. Proteger la trayectoria de vida y educativa de NNA. Fortalecer las familias y comunidades. Consolidar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el gasto público para la niñez. Crear un Sistema Nacional de Justicia Familiar. • Priorizar la protección y el bienestar de la niñez, abordando la mortalidad en menores de 5 años y mejorando el acceso y la progresión educativa desde preescolar. • Fortalecer centros de desarrollo integral para niñas, niños y adolescentes. El programa Renta Ciudadana considerará el ciclo de vida de los integrantes del hogar. Implementar una política pública nacional de envejecimiento y vejez, garantizando seguridad económica, trabajo digno, vivienda, seguridad alimentaria, salud y servicios de cuidado para personas mayores. Fortalecer acciones de prevención y atención de violencias contra el adulto mayor. • Fortalecer la justicia familiar para el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en NNA. Promover la protección integral de adolescentes y jóvenes. • Garantizar el derecho a la educación y desarrollo integral para niñas, niños y adolescentes, desde la educación inicial hasta la posmedia. Universalizar progresivamente la atención integral de la primera infancia y dar seguimiento longitudinal a la "Generación de la Paz" para asegurar su trayectoria educativa y desarrollo. • Promover hábitos de uso seguro de tecnologías digitales desde la educación temprana con énfasis en la protección de menores. Fomentar la lectura y la escritura desde la primera infancia. Vincular a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos de educación y formación artística y cultural. • El Sistema Nacional de Cuidado ofertará servicios de cuidado y protección para las personas que requieran apoyo, incluyendo a NN

Modernizar la institucionalidad ambiental y de gestión del riesgo, renovar la arquitectura del sistema de justicia, y modernizar y transformar el empleo público. • Modernizar las instituciones, incluyendo un gabinete rural. Fortalecer las entidades públicas nacionales y territoriales. Mejorar las capacidades y articulación para la gestión territorial. Promover modelos de desarrollo supramunicipales para la integración regional. Implementar la modernización de los instrumentos de gestión de políticas públicas. • Se afirma que el tamaño del Estado colombiano es "muy pequeño" y que la Inversión Pública debe aumentar para que el Estado ejerza un liderazgo efectivo. Se busca modernizar el aparato estatal y evitar formalismos excesivos para mejorar la eficiencia del gasto. • Armonizar la institucionalidad del ordenamiento territorial y simplificar sus instrumentos. Avanzar en una reforma integral del Sistema Nacional Ambiental (SINA). Transitar hacia un modelo de descentralización diferencial que fortalezca a las entidades territoriales. • Optimizar la arquitectura de la institucionalidad climática repotenciando el SISCLIMA y coordinándolo con SINA y SNGRD. Transformar, suprimir o fusionar entidades necesarias para cumplir objetivos del SNGRD. Fortalecer la gobernanza del SINA. Revisar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) para incluir el fortalecimiento y articulación de resguardos, consejos comunitarios, programas de etnodesarrollo y planes de vida de comunidades étnicas y territorialidades campesinas. • Crear el Ministerio de Igualdad para formular y ejecutar políticas de equidad. El DNP diseñará una ventanilla única para integrar servicios y trámites de focalización y acceso a programas sociales. La ANI estructurará y gestionará infraestructura social y productiva mediante asociaciones público-privadas. • Transformar la Policía Nacional, incluyendo la revisión de su adscripción ministerial y ajuste de arquitectura institucional. Crear la Agencia Nacional

Fortalecer la cooperación regional e internacional para la defensa y para desarticular redes transnacionales de multicrimen. Implementar una estrategia de política exterior para cambiar el paradigma del fenómeno de las drogas. • Hacer un llamado a la comunidad internacional para proteger los recursos naturales y abordar retos globales como deforestación, drogas, migración, equidad de género, resolución de conflictos y Agenda 2030. Desarrollar una política exterior para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Impulsar una política de internacionalización sostenible. Fortalecer vínculos con colombianos en el exterior y proteger a la población migrante. Lograr una nueva inserción global e integración latinoamericana profunda. • La política exterior buscará diversificar prioridades geográficas, profundizar la integración regional, desarrollar zonas fronterizas y atender a la población migrante. Se busca consolidar vínculos y alianzas con países y regiones para el cumplimiento de las transformaciones del Plan, con énfasis en América Latina y el Caribe para la internacionalización económica. • Crear una comisión interinstitucional de Escazú para la formulación del plan de implementación del Acuerdo de Escazú y establecer salvaguardas sociales y ambientales. • El FONSUREC canalizará fuentes de recursos de orden nacional e internacional. Se desarrollará una Estrategia de Coordinación con Países Vecinos para territorios fronterizos, incluyendo mejora de conectividad e infraestructuras, y cumplimiento de convenios internacionales de protección de océanos y ríos. • Consolidar agendas internacionales a través de canales diplomáticos para asegurar la cooperación en defensa y seguridad. Promover la cooperación multilateral para desarticular redes transnacionales del multicrimen y mejorar condiciones socioeconómicas en zonas de frontera. • Implementar una estrategia internacional de drogas de corto y mediano plazo, articulada con el Ministerio de Relacione

Implementar una política de Paz Total con dimensión artística y cultural. Fortalecer la justicia transicional para la reconciliación basada en verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo la búsqueda de desaparecidos, la oferta institucional y la implementación del Sistema Restaurativo de la JEP. • Implementar el Acuerdo de Paz (RRI, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas, JEP). Establecer diálogos de paz con el ELN y otras conversaciones políticas. Desescalar la violencia. Promover la cultura de paz. Integrar a personas que dejan las armas. Garantizar la reparación integral a las víctimas. • La construcción de la paz es un pilar central del plan, denominando una de sus partes como "Paz Total e Integral". Los pactos y acuerdos sociales son herramientas principales para su construcción. Se menciona la atención a las víctimas del conflicto armado como necesidad identificada por la ciudadanía. • Utilizar el ordenamiento territorial para alcanzar la Paz Total y superar conflictos sociales, ambientales y económicos, formalizando la tenencia y garantizando la restitución de tierras. Proteger a personas que defienden derechos ambientales y territoriales como apoyo a la paz. • Priorizar municipios de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y otros territorios afectados por la violencia o con cultivos de uso ilícito para resolver conflictos agropecuario-ambientales y para la planificación ambiental y rural. • Implementar los compromisos del Acuerdo de Paz relacionados con el catastro multipropósito y la formalización de la propiedad rural. Impulsar la reconciliación social y la construcción de una sociedad en paz, garantizando la protección integral de la vida y la justicia para el cambio social. • El programa Renta Ciudadana brindará prioridad a la población víctima del conflicto. Fortalecer los mecanismos para identificar necesidades, focalizar beneficiarios y hacer seguimiento a la oferta estatal para garantizar der

Vincular la construcción de paz con el ordenamiento territorial y la seguridad humana en los territorios. • Promover la cultura de paz en las poblaciones y territorios. Implementar el "Programa Barrios de Paz". Integrar los territorios más afectados por el conflicto a las apuestas estratégicas de desarrollo regional. Asegurar la vida, seguridad y libertad en los territorios. • El control del territorio es una condición necesaria para derrotar la violencia, buscando que las comunidades se apropien de su espacio. El plan impulsa la gobernanza territorial mediante alianzas público-populares y la integración campo-ciudad para la sostenibilidad. • Fortalecer la gobernanza y administración integral del territorio, incluyendo áreas rurales y urbanas, para reducir conflictos socioambientales y las condiciones que propician grupos armados. Abordar el narcotráfico y la extracción ilegal de minerales a través del ordenamiento territorial. • Priorizar municipios PDET y territorios afectados por la violencia en estrategias de formalización de la propiedad rural y catastro multipropósito. Fortalecer la gobernanza y control institucional de los territorios para la construcción de una sociedad segura y sin violencias, incluyendo el ordenamiento territorial. • Diseñar estrategias diferenciales y territoriales para la convivencia y seguridad ciudadana. Fortalecer las capacidades nacionales y territoriales para la prevención y atención de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia en entornos rurales y urbanos. • Priorizar el acceso a educación superior para jóvenes de municipios PDET y ruralidad dispersa. Enfatizar la implementación de los compromisos educativos incluidos en los PDET y fortalecer la gestión de orientadores escolares en estos municipios. • Crear nuevos espacios culturales y fortalecer los existentes con entidades territoriales para propiciar la construcción de una cultura de paz. Priorizar municipios PDET en los programas deportivos y de recreación. • Inclu

Fomentar la participación activa y constructiva de la ciudadanía y la sociedad civil en la construcción de paz y justicia social, a través de diálogos vinculantes y una visión inclusiva. • Fortalecer las condiciones y capacidades para la participación ciudadana, su efectividad y el control social. Consolidar la planeación participativa. Asegurar la participación de la comunidad y saberes populares en la política integral del hábitat. Involucrar a las comunidades en el turismo sostenible. Fortalecer los mecanismos de interlocución del campesinado. Realizar la consulta previa, libre e informada del PND con pueblos y comunidades étnicas. • El Plan fue construido con amplia participación ciudadana a través de diálogos vinculantes en subregiones. Reconoce a los sectores populares y sociales como actores de primer orden en la conformación del país, promoviendo su participación activa y privilegiando los pactos y acuerdos sociales, así como las alianzas público-populares. • Fomentar una participación efectiva, inclusiva y diferencial de las personas en las decisiones de ordenamiento territorial. Ampliar mecanismos de participación vinculante para comunidades locales, campesinas, indígenas y afro. Fortalecer las veedurías ciudadanas y un Programa Nacional de Educación Ambiental. • Ampliar y fortalecer la participación de las comunidades en las decisiones ambientales y el control social. Fortalecer el poder de la gente en las decisiones territoriales y en la gobernanza del agua. Asegurar que los procesos de ordenamiento se realicen con la participación de las comunidades. • Incorporar la participación de la ciudadanía y las comunidades en la conformación del catastro multipropósito mediante métodos colaborativos y declarativos. Fomentar la colaboración armónica ciudadana en la gobernanza multinivel del territorio, integrando las necesidades identificadas en los diálogos regionales vinculantes. • Generar escenarios de diálogo social nacional para la reforma pensional, con par